La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA por sus siglas en inglés) dedicada al trabajo por los derechos humanos entre la comunidad internacional latinoamericana, entregó reconocimientos en Washington DC a defensores de DDHH, las libertades y la justicia.
Entre los galardonados se encuentra un grupo de mujeres mayas de Guatemala, que ha dedicado más de una década en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado de su país.
Así mismo el exprocurador salvadoreño, David Morales, por su trabajo en caso de la Masacre de El Mozote y cantones aledaños, ocurrida en 1981 y el senador por el estado de Texas, Joaquín Castro.
Todos, desde sus ámbitos han construido un legado importante a favor del respeto de la dignidad humana.
Según el organismo, la democracia, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, ha enfrentado, en los últimos años golpes que significan un retroceso en las sociedades y que hacen más difícil la lucha para frenar a líderes autoritarios que violan derechos humanos o las leyes de sus países.
Los premios WOLA reconocen el trabajo de personajes, entidades o grupos sociales, especialmente latinoamericanos, que son un ejemplo de compromiso con los DDHH, la justicia social y las políticas públicas inclusivas.
“En este momento enfrentamos enormes retos. Estamos presenciando la consolidación del autoritarismo en muchos países y amenazas a la democracia aquí en Estados Unidos”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA.
A la ceremonia asistieron miembros del Congreso, representantes del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, activistas y académicos de Washington DC.
Justicieras guatemaltecas
La historia de Centroamérica está marcada por injusticias y guerras.
Durante el conflicto armado que vivió Guatemala, que duró más de 36 años, las mujeres indígenas sufrieron violaciones y fueron obligadas a ser esclavas sexuales de militares, sistemáticamente por muchos años.
Desde 2011, 15 mujeres mayas, de la comunidad de Sepur Zarco, ubicada a unas 240 millas de la Ciudad de Guatemala, se organizaron para exigir justicia para ellas, sobrevivientes de masacres y violaciones, y para las familias de otras víctimas.
En 2016 su lucha y persistencia rindió frutos.
Un Tribunal Supremo de Guatemala condenó a dos exmilitares por delitos de lesa humanidad. Esa, fue la primera vez en la historia de la justicia guatemalteca que dos exmiembros de las fuerzas armadas fueron juzgados y condenados por cargos de esclavitud sexual.
Máxima Emiliana García Valey y Demecia Yat, dos de las 15 sobrevivientes, llegaron a Washington DC para contar su historia y para recibir el reconocimiento que les entregó WOLA por su lucha.
“Hoy estoy aquí para agradecer y contar nuestra historia. Nunca imaginé que íbamos a ver justicia y es muy importante para nosotras que otras mujeres escuchen nuestra voz y que sepan que hemos logrado que haya justicia con nuestro sacrificio”, expresó Demecia con lágrimas en los ojos al recibir el premio.
“Las Abuelas”, como les dicen en su país a las mujeres maya, rompieron el silencio y la impunidad. Además, lograron que el Estado y el sector privado se comprometieran a invertir en educación, acceso a vivienda y a salud, especialmente para las mujeres indígenas en la zona.
Desde Guatemala a DC
Las mujeres de Sepur Zarco, nunca imaginaron que podían lograr justicia y reparación, tampoco que un día contarían su historia en DC.
Máxima Emilia García Valey, de origen maya, nació en Baja Verapaz. Su lengua materna es el achí. Se dedicó desde muy joven a la agricultura y a las labores domésticas y no tuvo la oportunidad de estudiar.
Se casó a los 17 años, tuvo a su primer hijo un año después de su matrimonio, en 1981. Ese mismo año su madre fue asesinada en medio de la guerra. Un año más tarde, el 2 de enero de 1982, los militares llegaron y masacraron la aldea donde vivía junto a su familia.
Máxima fue violada y abusada sexualmente. Estaba embazara de siete meses y debido a esto tuvo muchas complicaciones que derivaron en la muerte de su bebé. Junto a su esposo se vieron obligados a dejar la aldea.
“Por mucho tiempo guardé rencor. A los hombres que nos violaron o que mataron a nuestros niños, no les importó si algunas estaban embarazadas o si los niños que asesinaron eran solo bebés. La justicia me ayudó a sanar y dejar ese rencor”, expresó con una voz suave y firme al recibir el premio.
En 1987 Máxima regresó al lugar donde vivió cómo una noche asesinaron a casi toda su familia y sus vecinos. En 1997 junto a otros sobrevivientes y con el apoyo de organizaciones internacionales inició la exhumación de los cuerpos de sus seres queridos e interpuso una denuncia ante las autoridades.
Poco a poco otras mujeres sobrevivientes e hijas de víctimas se unieron a Máxima. Demecia, quien también sufrió abusos y perdió a su marido y a sus hijos, es una de ellas.
El exprocurador
El segundo reconocimiento de la gala fue para el exprocurador salvadoreño de derechos humanos, David Morales, quien tras dejar su cargo en la Procuraduría General salvadoreña, se sumó y lideró el equipo de abogados que aún busca justicia en el caso de la Masacre de El Mozote y cantones aledaños, la peor masacre ocurrida en la historia reciente de Latinoamérica.
La masacre tuvo lugar al norte de la capital salvadoreña. Entre el 11 y el 12 de diciembre de 1981 el Ejército Salvadoreño mató, torturó y violó a casi mil personas que vivían en los cantones de la zona.
Esa noche fue una noche infernal.
La noticia se conoció en Estados Unidos poco tiempo después del hecho, cuando el periodista Mark Danner, del New Yorker describió la espeluznante escena que retrató en un artículo de la revista.
Los cuerpos mutilados y masacrados de hombres, mujeres y niños quedaron expuestos en las calles que conducían a las casas de los cantones. Cuando finalizó la guerra, organismos internacionales ayudaron a exhumar docenas de fosas comunes en donde se encontraron muchos cadáveres de víctimas.
Morales, desempeñó un papel activo en la defensa de las libertadas y derechos civiles cuando estuvo al frente de la Procuraduría y ahora su rol, como fiscal para las víctimas, para exigir justicia en el caso de este crimen de lesa humanidad lo ha convertido en blanco de ataques, incluso del mismo presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Bukele prometió, siendo candidato, que, al llegar a la presidencia, el Ejecutivo y la Fuerza Armada colaborarían para que se lograra justicia y se rompiera la impunidad en este caso. Además, prometió desclasificar toda la información relacionada con la masacre.
Sin embargo, un año después de haber ganado la presidencia, negó todo el acceso a los documentos y archivos militares del caso y, además, incitó a sus seguidores a atacar a todos los que trabajaban buscando justicia en crímenes de guerra, incluido el exprocurador.
El congresista
Joaquín Castro, congresista de la Cámara de Representantes de Texas por quinto período, fue el último galardonado por WOLA.
Castro preside el Comité de Asuntos Exteriores y fue reconocido por promover y buscar proteger los procesos democráticos en Latinoamérica y en Estados Unidos.
Promovió visitas de miembros del Congreso a las carpas instaladas cerca de la frontera entre Estados Unidos y Matamoros, en México, donde se quedaron por muchos meses los migrantes debido a la puesta en marcha de la política “Quédate en México”, impulsada por la Administración Trump.
Trabajó en los últimos meses y lideró esfuerzos para revertir la política del Título 42, que negó por mucho tiempo a los inmigrantes el derecho de buscar asilo en el país y durante la última Cumbre de las Américas, se unió a otros miembros del Congreso para pedirle al presidente Joe Biden que se incluyeran DDHH claves y protección para migrantes en situaciones vulnerables en la Declaración de Migración y Protección que se firmó en Los Angeles, California.
