Cada vez más, jueces, fiscales, periodistas, abogados y activistas que destaparon las ollas podridas del sistema guatemalteco son procesados, encarcelados o, por temor, se marchan al exilio. En su momento, su trabajo llevó a presidentes, vicepresidentes, ministros y otros altos funcionarios del Estado a responder por mal manejo del erario. Hoy, siete años después de la llamada “primavera guatemalteca”, la Fundación Contra el Terrorismo, que nació para defender a militares acusados de violaciones de derechos humanos y cuyo presidente se proclama de ultraderecha, es la principal aliada de esta contraofensiva y se jacta de poner contra las cuerdas a quienes enfrentaron las élites corruptas del país centroamericano.
Por Guatemala Leaks y CONNECTAS*
“Ellos, en sus páginas, juegan lotería. Tienen fotos de todos nosotros y conforme van sacando a alguien, le colocan una equis”, dijo el abogado Miguel Ángel Gálvez en una entrevista publicada en noviembre en el periódico digital salvadoreño El Faro, para referirse a una suerte de cartón de juego con ocho rostros marcados con una X y publicado en el Twitter del presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) de Guatemala, Ricardo Méndez Ruiz. Todos los marcados tienen en común un papel en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Gálvez logró notoriedad por ser el juez del sonado caso de La Línea, que puso tras las rejas al general retirado Otto Pérez Molina, presidente del país centroamericano entre 2012 y 2015. Este último año, las masivas manifestaciones por los escándalos y la corrupción política conocidas como “la primavera guatemalteca” condujeron a su renuncia. En la imagen a la que hace referencia, además de otros de sus colegas, aparecen con una equis sobre sus rostros dos fiscales, una auxiliar fiscal, una magistrada y dos jueces. También el periodista José Rubén Zamora, expresidente de elPeriódico, diario destacado por sus denuncias de corrupción; además, en ese cartón está una abogada que representó en diferentes juicios a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mecanismo de Naciones Unidas abanderado de estos casos, disuelto en 2019 por decisión gubernamental.
El dirigente presume del éxito de los muchos casos que ha promovido la organización que preside y que hoy tiene enfrentando órdenes de captura o proceso penal a varios de los 24 exintegrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), tres abogadas de la extinta CICIG, seis jueces y dos exfiscales generales que han salido del país. En su lenguaje, el directivo mantiene el tono militarista, algo que marcó su casa, pues su padre, quien también se llamaba Ricardo, fue comandante de una base militar donde se encontraron cientos de restos humanos, en uno de los periodos más cruentos de la guerra en Guatemala. Los fiscales a cargo de dicho proceso no alcanzaron a solicitar una orden de arresto, pues él había fallecido.
“Utilizamos un principio militar, el de la sorpresa. Golpeamos fuerte y de forma contundente”, le dice en una entrevista para esta investigación al consorcio de medios de Guatemala Leaks (Plaza Pública, Agencia Ocote, Ojoconmipisto, ConCriterio y No Ficción) y CONNECTAS, a la par que argumentaba que el sorpresivo éxito de sus gestiones en los estrados obedece a que la justicia actual no siente “temor” de un sistema que años atrás, en su opinión, estaba bajo la presión de la antigua CICIG y organizaciones de derechos humanos.
Cada vez, los resultados obtenidos por la Fundación Contra El Terrorismo en los estrados despiertan más inquietud en diferentes instancias. En la internacional, una de las mayores alertas la ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos al incluir a Méndez Ruiz en la llamada Lista Engel, que designa a aquellos extranjeros a quienes las autoridades del país del norte consideran “implicados en actos de corrupción, en el deterioro de instituciones democráticas o en la obstrucción de investigaciones anticorrupción”. Lejos de avergonzarse por ello, el directivo de la FCT lo resalta en su miniperfil de Twitter así: “Incluido en la lista Engel por defender a nuestros veteranos. Empresario. Activista de ultra derecha. Pdte de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT)”.
En Guatemala, también es visto con recelo. Hubo un tiempo cuando los antejuicios y denuncias de la FCT no prosperaban. En redes sociales, la organización y Méndez Ruiz fueron motivo de mofa. Los llamaban in limine, el término jurídico bajo el cual las cortes rechazaron sus demandas en el pasado. Significa “de entrada” y cuando los juzgados o cortes guatemaltecas rechazaban las acusaciones de la FCT desde el principio, querían decir que las denuncias les resultaban espurias, políticas o ilegítimas, como para continuar con ellas.
En el Ministerio Público ocurría lo mismo en esa época. Por ejemplo, en 2009 no prosperó una primera denuncia de uno de los integrantes de la FCT contra el abogado Juan Francisco Sandoval, en ese entonces auxiliar fiscal en la unidad especial que trabajó con la CICIG. Una de sus investigaciones llevó a los estrados a un grupo de militares acusados de un desfalco por 60.3 millones de dólares en el Ministerio de la Defensa ocurrido entre 2000 y 2003. Entre los implicados estaba alguien que años después firmó el acta de constitución de la FCT. “La denuncia era tan loca, como todo lo que hacen”, recuerda Sandoval en entrevista para esta publicación. El militar acusaba al entonces presidente de la república, Álvaro Colom; a la primera dama; a la fiscal general, además de sus secretarios, y a él, como auxiliar fiscal, de un supuesto complot para asesinarlo. Más exactamente, según el término jurídico utilizado, los señalaba de “ejecución extrajudicial en grado de tentativa”.
Hoy Sandoval, ya como exfiscal, está exiliado en Estados Unidos con cuatro órdenes de captura en su contra, tres de estas promovidas por la Fundación Contra el Terrorismo. Su carrera, no obstante, tuvo antes gran proyección y en 2015 llegó a ser jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala. Este fue el año clave cuando, junto con la CICIG, la FECI lideró los procesos anticorrupción de mayor impacto en la historia del país. El listado incluye, además del expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (ambos encarcelados y ella ya condenada), a ministros, jueces y diputados; algunos se sometieron a procesos abreviados o, bajo la ley de aceptación de cargos, se allanaron ante la justicia; pero otros han resistido y han articulado procesos y juicios contra fiscales y jueces que los investigaron.
¿Cómo una organización cuyo origen fue la defensa de los militares pasó a denunciar a operadores de justicia? “De la lucha por la defensa de nuestros veteranos, derivamos hacia otros campos a donde teníamos que derivar porque había que hacer un contrapeso a otras organizaciones encabezadas por la Fundación Myrna Mack (una reconocida organización de Derechos Humanos) y de alguna manera lo hemos logrado”, señala.
Méndez Ruiz asegura que no lo mueve “ningún sentimiento de venganza, de odio, ni de revancha contra nadie”. Aun así, en la misma entrevista, asevera con vehemencia que su lema es “nosotros no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”. Incluso sostiene que la selección de los acusados no obedece a un criterio de “justicia selectiva” similar al que tanto le criticó la FCT a la CICIG. Para él, no hay persecución contra nadie, sino que eligen los casos más relevantes y no incluyen a otras personas porque plantear una denuncia “lleva tiempo”, “es complicado” y la fundación “no se da abasto”.
Al cuestionársele si sus mensajes en redes sociales se pueden entender como intimidatorios o amenazantes, su respuesta es que cada persona los puede interpretar de diferentes formas.
Hoy dice que la junta directiva de la Fundación Contra el Terrorismo está integrada por cinco kaibiles —una fuerza élite y de entrenamiento extremo en el Ejército de Guatemala—, un teniente de reserva y él, y que en el día a día son solo él, un abogado y una secretaria quienes trabajan los casos.
Asegura que los gastos corren por su cuenta y la de Raúl Falla, el abogado que interpone los recursos. "Por eso somos ágiles", explica. Niega recibir financiamiento de empresarios, pero afirma que en reuniones privadas, algunos le demuestran su apoyo. Al preguntarle sobre si podría nombrar a alguno, dice que prefiere no hacerlo.
Esta investigación ilustra cómo la FCT pasó de presentar casos que eran rechazados de entrada por las cortes, a convertirse en un ente cuyas denuncias marchan en tiempo récord en las fiscalías y juzgados —la acusación contra el detenido expresidente de elPeriódico se articuló en 72 horas—. Sus acusados terminan o en la cárcel o en el exilio.
También da cuenta de cómo el acceso a la información pública, antes fluido, enfrenta ahora numerosas trabas del Ministerio Público y del Organismo Judicial, donde niegan las solicitudes bajo el argumento de que se trata de datos que solo las partes pueden conocer; o, después de varias insistencias, entregan las respuestas con información incompleta.
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* Esta investigación fue realizada por Guatemala Leaks y CONNECTAS, dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
Guatemala Leaks está integrada por Plaza Pública, Agencia Ocote, Ojoconmipisto, ConCriterio y No Ficción.
