Los Carabineros italianos llevaron a cabo la detención de nueve jóvenes, siete eran menores de edad, por su presunta relación con el abuso sexual sufrido por dos niñas de 10 y 12 años de edad en Caivano, Nápoles, al sur de Italia.
Según datos de agencias internacionales, esta localidad enfrenta serios problemas de criminalidad, presencia de la mafia y abandono social. La primera ministra, Giorgia Meloni, viajó a la zona tras los incidentes.
Las órdenes de arresto fueron emitidas por el juez del Tribunal de Menores de Nápoles, a raíz de la solicitud presentada por los investigadores que están esclareciendo los actos de violencia que se produjeron en diversas ocasiones en el municipio, según se informó en un comunicado oficial.
El incidente revivió el debate sobre los numerosos casos de abuso sexual reportados en Italia, de acuerdo con investigaciones y reseñas de medios de comunicación.
Policía realizó un operativo
La detención de los sospechosos se llevó a cabo en parte gracias a la obtención de vídeos que llegaron al teléfono de un familiar de una de las víctimas, según informaron fuentes de los medios de comunicación.
En respuesta a estos hechos, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo dos operaciones contra el tráfico de drogas y la criminalidad en la zona.
La primera ministra, Giorgia Meloni, de tendencia ultraderechista, visitó la localidad después del incidente, que causó conmoción en todo el país. Su visita se produjo a raíz de una invitación del párroco local, Maurizio Patriciello.
Durante su visita, Meloni afirmó que “pronto se verán los resultados de esta visita” y reconoció que “en Caivano se ha evidenciado el fracaso del Estado”.
Decreto
Tras el incidente de agresión sexual grupal, el gobierno aprobó un decreto ley para abordar la delincuencia juvenil. Este decreto facilitará que los menores de edad sean enviados a prisión, aunque se excluyeron medidas más controvertidas como la reducción de la edad de responsabilidad penal o la prohibición del acceso de los menores a sitios web pornográficos.
Dicho decreto, conocido como “decreto Caivano” en referencia a la localidad donde ocurrió la agresión a las dos niñas, también establece sanciones penales para los padres que no cumplan con la escolarización de sus hijos.
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