La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, no consiguió la aprobación del proyecto de ley de financiación a corto plazo, también conocido como “CR”, cuyo fin es cubrir los gastos del gobierno federal. Este fracaso aumenta los temores de un cierre del gobierno.
Incógnita legislativa tras rechazo a recortes
El proyecto de ley buscaba cubrir los gastos del gobierno hasta finales de octubre. Sin embargo, el presidente Joe Biden anunció previamente que vetaría la legislación, pues incluía recortes de gastos generalizados.
Todos los demócratas y 21 republicanos votaron en contra de la medida, que habría reducido la mayoría de los programas en un 30%. Hasta la noche del viernes no estaba claro qué harán los legisladores de la Cámara Baja a continuación, reseñó The Washington Post.
El Senado evalúa una propuesta diferente
Mientras tanto, el Senado, con mayoría demócrata, está considerando un proyecto de ley separado para mantener abierto el gobierno.
Pero Kevin McCarthy, el portavoz de la Cámara de Representantes, declaró que la Cámara Baja rechazaría esa propuesta. Si los legisladores no se ponen de acuerdo, el gobierno cerrará este domingo a las 12:01 am.
Consecuencias de un cierre de gobierno
El cierre del gobierno tendría un impacto significativo en los programas de salud, ya que miles de familias podrían perder el cuidado infantil después de este fin de semana.
El Congreso tiene hasta el sábado para actuar antes de que finalice el Programa de Estabilización del Cuidado Infantil de $24 mil millones, poniendo en peligro a miles de centros de cuidado infantil y preescolares.
Más de 2 millones de miembros del servicio militar y más de 1,5 millones de empleados civiles federales también podrían quedarse sin recibir sueldo en caso de un cierre del gobierno.
La Oficina de Administración y Presupuesto estima que alrededor de 820.000 empleados federales de agencias importantes serían suspendidos en caso de un cierre, lo cual significa que no se les permitiría trabajar legalmente.
Los gobernadores han instado al Congreso a encontrar un consenso y aprobar un proyecto de ley de financiación provisional para evitar los impactos potenciales en la seguridad nacional, la economía y los servicios públicos.
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