Cada cierto tiempo, ocurre un nuevo ataque político y, como en piloto automático, llegan los comunicados: condena, solidaridad, llamados a la unidad. Esta vez fue en Minnesota, donde una legisladora estatal y su esposo fueron asesinados, y otra pareja de legisladores resultó herida. Cambian los nombres, cambian las ciudades, pero la historia es la misma: el extremismo ya no es un punto ciego, es parte del paisaje.
Researchers note three things that dramatically increase the risk of political violence. America, right now, sadly has them all. https://t.co/1F1VFNjbaw pic.twitter.com/e0e8Wae9dG
— nxthompson (@nxthompson) June 16, 2025
Lo que pocas veces se dice es que esto no surge de la nada. En un clima donde la retórica política se ha ido calentando —y desbordando—, no sorprende que las amenazas se vuelvan acciones. Los datos nos muestran el panorama: en 2023 se reportaron más de 8.000 amenazas contra miembros del Congreso. Este año, solo hasta abril, más de 170 incidentes han involucrado a funcionarios locales en casi 40 estados, según el Bridging Divides Initiative de Princeton.
La política dejó de ser solo debate. También es supervivencia.
La respuesta institucional suele centrarse en la seguridad física: más protección, más vigilancia. Pero poco se habla de cómo bajarle volumen a la narrativa violenta —en redes, en discursos, en campañas— que lo precede. Quizás, ya no sea solo un tema de armas o acceso: también hay una cultura de confrontación que convierte a rivales en enemigos, y a las diferencias en ataques personales.
No es nuevo, pero sí más frecuente. Y aunque esto no significa que Estados Unidos esté al borde del colapso democrático, sí debería preocupar que tanta gente haya empezado a ver la violencia como una posibilidad, o incluso una herramienta.
