El Tribunal Supremo examina este miércoles una demanda sobre derechos de los discapacitados que puede modificar significativamente el terreno de los litigios de estas personas.
El punto central de evaluación es determinar si una defensora de los derechos de las personas con discapacidad puede demandar a hoteles por no revelar información sobre accesibilidad al reservar una habitación.
Este veredicto podría transformar potencialmente el papel de los "probadores", personas que inician demandas para confirmar el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
La figura central de esta demanda por derechos de los discapacitados es Deborah Laufer, una conocida activista por los derechos de los discapacitados.
El equipo jurídico de Acheson Hotels, operadores del Coast Village Inn and Cottages de Maine y la parte que se opone al caso, argumentó que Laufer, sin planes de utilizar los servicios de los hoteles, carece de legitimación para presentar la demanda.
Los abogados de Acheson sostienen que Laufer no demostró haber sufrido daños, un requisito previo para establecer la legitimación.
El gobierno de Biden se puso del lado de Acheson Hotels en esta cuestión, como revela un escrito del caso redactado por la Procuradora General Elizabeth Prelogar. La funcionario sugirió que la mera consulta de la información del hotel no constituye un perjuicio.
Sin embargo, Prelogar también defendió el papel más amplio de los examinadores en la aplicación de las leyes de derechos civiles, haciendo referencia a un caso del Tribunal Supremo de 1982 que defendía el derecho de los examinadores a impugnar la discriminación en materia de vivienda mediante demandas.
Demanda a los hoteles por derechos de los discapacitados
En la demanda de Laufer de 2020 por derechos de los discapacitados, alegó que el sitio web del hotel no especificaba habitaciones accesibles ni ofrecía otra información relevante sobre accesibilidad.
Aunque inicialmente fue desestimada por un tribunal federal de distrito debido a problemas de legitimación, el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de EEUU, con sede en Boston, revivió la demanda de Laufer en una sentencia de 2022.
El equipo jurídico de Acheson señaló que Laufer presentó más de 600 demandas contra varios pequeños hoteles y establecimientos de alojamiento y desayuno.
Sostienen que los gastos de litigación derivados de tales demandas podrían imponer fuertes tensiones financieras a las pequeñas empresas.
En refutación, los abogados de Laufer sostienen que el texto de la ADA permite a cualquier persona discapacitada que sufra discriminación demandar a una entidad que infrinja la ley.
Argumentan que, en ausencia de tales demandas por derechos de los discapacitados, los hoteles podrían carecer de incentivos para cumplir la normativa de la ADA.
