Una noche tranquila en el poblado barrio del Guasmo de Guayaquil se convirtió en un asesinato de niños, cuando los hermanos Valentina, Bryanna, Adiel y Aitana Pinto fueron tiroteados en su casa en un caso de confusión de identidad.
Los asaltantes, sospechosos de pertenecer a la infame banda de los Lagartos, apuntaron por error a la casa de los hermanos, efectuando el asesinato de los niños, de siete, cinco, tres y sólo cinco meses de edad, respectivamente, en Guayaquil.
Rosa, la madre de los niños, de 24 años, hizo un intento de proteger a sus hijos de los disparos, pero fue en vano.
La Policía del Distrito Metropolitano de Guayaquil ha identificado al objetivo previsto como Jordan Tomalá, su vecino y un conocido delincuente implicado en robos y tráfico de drogas.
Tomalá había sobrevivido anteriormente a un intento de asesinato y estuvo ausente durante este trágico incidente, dejando una imagen inquietante de su supuesta conexión con el mundo criminal.
Hechos anteriores
Las pruebas encontradas por la policía vinculaban a Tomalá con la banda de Los Choneros y con una escultura de la Santa Muerte, figura venerada por los narcotraficantes como protección.
El distrito del Guasmo, que alberga a unos 300.000 residentes, es un nido de múltiples organizaciones criminales que luchan por el control de las rutas del narcotráfico y las actividades ilícitas.
Sólo en el año 2023, 310 menores perdieron la vida a causa de la violencia indiscriminada. La escalada de la delincuencia no se limita al Guasmo; toda la nación registró este año la espeluznante cifra de 6.900 asesinatos.
El comandante de policía Víctor Herrera Leiva, a cargo de la Zona 8 de Guayaquil (la región más violenta con más de 2.400 asesinatos en 2023), pidió reformas legislativas como medidas disuasorias eficaces contra tales atrocidades.
"Necesitamos cambios legales que sirvan como herramientas preventivas para evitar que estos horribles incidentes vuelvan a ocurrir", declaró.
La familia Pinto, desgarrada por la tragedia, ha puesto su fe en la justicia divina.
Tras este suceso, la administración del presidente Daniel Noboa emitió una declaración en la que prometía tolerancia cero con la impunidad y se comprometía a mantenerse firme contra los que siembran el terror.
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