Bajo la consigna de ¡Trabajo pata todos! los inmigrantes sin permiso de trabajo, que tienen décadas en Estados Unidos, levantan la voz.
La American Business Immigration Coalition (ABIC), grupo bipartidista conformado por 400 empleadores y CEOs de diferentes Estados del país tiene un objetivo: Solicitar al presidente Biden la extensión de permisos de trabajo para indocumentados que tienen largo tiempo dentro de Estados Unidos.
En esta coalición participan gobernadores, miembros del congreso, abogados y por supuesto, trabajadores.
Aquí te contaremos un poco sobre la motivación para proponer cambios y lo que expresan quienes viven indocumentados de hace mucho tiempo. También te explicaremos los datos económicos relevantes sobre el tema.
En un año electoral se difumina el bien común con tácticas políticas
Hablemos de economía, de datos laborales y de historias de la vida real. El presidente Joe Biden tomó medidas de extensión de permisos de trabajo para inmigrantes que recientemente entraron a los Estados Unidos.
Otros grupos de inmigrantes no cuentan con el mismo trato. Quienes han pasado por un proceso de regularización de estatus migratorio o quienes luchan por mejorar sus oportunidades laborales pueden contar que el sistema enfrenta complejidades que deben y pueden ser atendidas.
En una rueda de prensa el miércoles 17 de abril, transmitida en vivo por la ABIC y en la que participó también el Rep. Jesus "Chuy" García de Illinois, notamos la expresión de quienes sin duda, necesitan que se realicen reformas. En un comentario de Facebook una mujer dijo:
"Esto me está haciendo llorar. Soy una ciudadana estadounidense discapacitada y llevo 17 años casada. Estoy cansada de esperar por Estados Unidos. Cada inmigrante debería tener la misma oportunidad e igualdad de derechos. Mi esposo ha estado aquí por más de 35 años, pero nunca me hizo caso para solicitar DACA y ahora que quiere, no puede. Es un hombre de Dios y un gran ser humano, razón por la cual lo amo. Necesitamos un cambio"
Solo un caso más, humano cuanto menos, que demuestra la importancia de amplificar el enfoque de las medidas.
Pero es que además los activistas e investigadores coinciden en que también se trata de equidad en sentido económico. Los indocumentados que tienen muchos años dentro del país son una parte importante del funcionamiento de todo el aparato productivo;
“Han trabajado décadas pagando impuestos” sin haber conseguido seguridad jurídica. Aseveró Rebecca Shi, directora ejecutiva de ABIC.
y para corroborarlo podemos dirigirnos a datos del Pew Research Center, un grupo independiente de investigación, en un estudio donde establece que alrededor de 7.8 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos estaban trabajando activamente en el año 2021.
Esto significa que casi el 75% de los 10.5 millones de indocumentados en el país son parte de la fuerza laboral.
Otra cifra a considerar la trae fwd.us. El monto total de impuestos que llegan a cubrir los indocumentados supera los 12 billones de dólares.
Estamos hablando de trabajadores que puedes encontrar en una panadería, pero también diseñado semiconductores. Todo tipo de personas sufren el resultado de ser migrantes sin permiso de trabajo y sin los beneficios de una legislación eficiente.
Como resumen de esta sección solo queremos recalcar que cada día que el congreso está debatiendo, permanecen sin ejecución cambios cruciales que mejorarían la economía y la vida de muchos seres humanos.
Medidas para mantener familias unidas. Caso por caso de quienes son obligados a vivir en las sombras
¿Qué pasa cuando, a pesar de los beneficios económicos y fiscales, no se extienden permisos de trabajo?
Los obstáculos para trabajar legalmente inciden directamente en la estabilidad del núcleo de la sociedad: la familia. Muchos hombres y mujeres terminan separados de sus parejas e hijos, y se ven obligados a redireccionar su vida, a soportar futuros inciertos.
En este sentido, vale destacar que más de 800 mil personas sin permiso de trabajo apropiado están casados con ciudadanos estadounidenses. La importante cifra de 1.1 millones de indocumentados son miembros de una familias con estatus mixto.
Son un grupo al que los líderes políticos podrían prestar más atención.
Uno de los mayores problemas que enfrentan estas personas son las “barras de inmigración” o sanciones por violar leyes migratorias. El resultado es temor e impedimentos para solicitar residencia permanente.
Una persona que hizo su vida durante años sin regularizar su estatus puede experimentar el mayor de los miedos; ser separado de su propia familia. Razón suficiente para mantener contacto cero con cualquier institución pública.
Vive en las sombras por temor a la consecuencia de no poder volver a ingresar a los Estados Unidos por vía regular en mucho tiempo.
El gobierno de Biden podría utilizar su autoridad para conceder parole a estos cónyuges, caso por caso, protegiéndoles de deportaciones que no representan nada positivo.
Adicionalmente, una medida como esta representaría una inyección de aproximadamente 16.000 millones de dólares anuales en la economía estadounidense más 5.000 millones en ingresos fiscales.
DACA y visas para trabajadores calificados
Un camino hacia la regularización: Según FWD.us, alrededor de 78,000 beneficiarios de DACA cumplen con los requisitos para visas de trabajador calificado, pero el proceso actual es lento y complejo. La administración Biden podría tomar medidas para mejorar las condiciones de vida y las condiciones laborales de este grupo. La es idea es agilizar el proceso de exención D3.
Algunas de las acciones coherentes con el propósito de facilitar la estabilidad de los indocumentados que califican en este supuesto son;
- Realizar una guía, o emitir un documento claro, que recomiende el procesamiento y la aprobación acelerada para los casos de DACA más sencillos.
- Preprocesar las solicitudes dentro del país antes de la entrevista consular.
- Crear centros de procesamiento especializados para agilizar el trámite de visas para ciudadanos de terceros países.
Estas medidas reducirían la incertidumbre y el riesgo para los empleadores, alentándolos a patrocinar visas de trabajador calificado para sus empleados, beneficiarios de DACA.
Esto a su vez, permitiría a los individuos permanecer legalmente en el país, contribuir plenamente a la economía y tener acceso a mejores oportunidades.
La capacidad de la justicia a prueba. Presupuestos que pueden implementarse a tiempo
No todo se reduce a enunciados generales y abstractos. Es claro que una mejora integral del sistema pasa por comprender las exigencias que tienen las instituciones dentro del país.
Por esta razón se han propuesto medidas para reducir el retraso procesal en tribunales de inmigración. En particular, un mayor presupuesto para que existan más funcionarios y jueces que llevan a cabo audiencias.
La imperante necesidad se pone de manifiestom por ejemplo, en tribunales de Arizona, que han pasado de procesas 6.982 casos en esta materia, en 2020, a 8.190 en la actualidad.
Las resoluciones pueden tardar casi tres años. Esto es sólo una muestra de la incertidumbre y las dificultades que enfrentan las personas sin permiso de trabajo. Y que con un presupuesto bien empleados en las instituciones del país, se podrían abordar algunos aspectos del problema.
No queda más que destacar lo importante se cubrir a todos los sectores de la sociedad cuando se proyectan planes a corto, medio y largo plazo. El desarrollo del país no sucede sin quienes se esfuerzan día a día por trabajar fuerte, y que enfrentan las dificultades de un sistema con deficiencias dentro de la nación que llaman hogar.
