Un tribunal de Londres concedió este lunes al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, permiso para apelar su extradición a Estados Unidos.
Este fallo puede introducir nuevos retrasos en un caso que ha cautivado al público internacional durante más de diez años.
Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson se pusieron del lado de Assange después de que su equipo de defensa argumentara que las garantías de Estados Unidos respecto a su tratamiento y protecciones legales eran manifiestamente insuficientes.
Assange está acusado de espionaje y uso indebido de ordenadores en relación con su publicación de documentos militares estadounidenses sensibles sobre Irak y Afganistán, cargos que podrían acarrearle duras penas si es extraditado y declarado culpable.
Fuera de los Reales Tribunales de Justicia, una multitud de partidarios de Assange estalló en celebración cuando se anunció el veredicto.
Una victoria para Julian Assange
Los defensores de la libertad de prensa y de la causa de Assange expresaron un notable alivio. Stella Assange, la esposa de Julian, condenó vocalmente la postura del gobierno estadounidense, pidiendo una reconsideración y una retirada de los cargos contra su marido.
El caso de Assange incluye más de una década de confinamiento, inicialmente asilado en la Embajada de Ecuador en Londres y posteriormente en una prisión británica de alta seguridad debido a problemas de salud, cuestión que le impidió asistir a los recientes procedimientos judiciales.
Los fiscales estadounidenses argumentan que las actividades de Assange excedían las prácticas periodísticas típicas, acusándole de obtener y divulgar ilegalmente información clasificada.
Esta afirmación ha suscitado un detallado debate sobre los límites de la libertad periodística frente a las preocupaciones por la seguridad nacional.
¿Sus derechos están protegidos en la Primer Enmienda?
Durante audiencias anteriores, se reveló que aunque Assange no se enfrentaría a la pena de muerte en EEUU, sus representantes legales sostenían que las protecciones garantizadas no eran suficientes, especialmente en lo que respecta a su potencial para ejercer los derechos contemplados en la Primera Enmienda.
James Lewis, en representación de EEUU, argumentó que las acciones que ponen en peligro a las personas y la seguridad nacional no están protegidas por los derechos de la Primera Enmienda.
La batalla legal se centra intensamente en estas interpretaciones críticas de los derechos y libertades asociados a las controvertidas acciones de Assange.
En medio de las especulaciones sobre una posible condena severa para Assange, que podría ascender a 175 años, el deterioro de su salud acentúa la urgencia de los llamamientos a su liberación, amplificados por manifestaciones públicas y pancartas ante el tribunal.
Los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también han puesto de relieve las consideraciones en curso sobre las implicaciones más amplias de continuar con el procesamiento, impulsadas por las presiones de Australia.
