La administración Trump instó este lunes a la Corte Suprema a bloquear una orden judicial que le exige devolver al país a Kilmar Abrego García, un residente de Maryland deportado por error a El Salvador. Por su parte, el Departamento de Justicia alegó en una presentación de emergencia que la jueza de distrito Paula Xinis se extralimitó en su autoridad al ordenar el regreso de Abrego García para el lunes por la noche.
La orden de la jueza Xinis, diseñada para garantizar el regreso seguro del hombre a Estados Unidos, fue criticada por el procurador general D. John Sauer. Describió la orden judicial como parte de una serie de desafíos legales a las políticas del presidente Donald Trump. Sauer argumentó que apresurar la repatriación del deportado sin una base legal clara ilustraba un uso caótico del poder judicial.
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito, sin embargo, apoyó a Ábrego García, rechazando la petición del gobierno de retrasar la repatriación. Los jueces afirmaron que deportar a residentes legales carecía de fundamento jurídico y consideraron moralmente cuestionable la resistencia del gobierno a la intervención judicial.
Destacaron que deportar a Ábrego García, que se enfrentaba a una posible persecución por parte de las bandas en El Salvador, contradecía anteriores sentencias de inmigración.
Aunque reconoce el error de la deportación, la administración Trump mantiene las dificultades para recuperar a Ábrego García, un tema aún en debate. Simultáneamente, buscan la aprobación de la Corte Suprema para deportaciones rápidas de ciudadanos venezolanos presuntamente pandilleros, en virtud de una antigua ley de tiempos de guerra.
Caso de Kilmar Abrego García
Este domingo la jueza Xinis dijo que la administración Trump no tenía fundamentos legales para arrestar, detener y deportar a Ábrego García.
La jueza federal de distrito Paula Xinis emitió una orden de 22 páginas exigiendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la secretaria Kristi Noem que restituyan a Kilmar Armando Abrego García a territorio estadounidense.
En su dictamen, Xinis señaló que ni las autoridades de Estados Unidos ni las de El Salvador han justificado la deportación de Abrego García a un país del que, según se entiende, no puede regresar. Además, cuestionó la razón de su detención en la cuestionada prisión CECOT.
Anteriormente, en Richmond, Virginia, el tribunal federal de apelaciones denegó una suspensión en el caso de las deportaciones, desestimando los intentos de la administración. El juez J. Harvie Wilkinson criticó duramente el descuido del gobierno, subrayando la gravedad del error.
La Casa Blanca admitió un "error administrativo", pero insiste en etiquetar a Ábrego García como parte de la banda MS-13, alegaciones que sus abogados refutan enérgicamente por falta de pruebas.
Ábrego García, salvadoreño de 29 años con antecedentes penales limpios, trabajaba legalmente como aprendiz de chapista en EEUU gracias a la autorización del DHS. Casado con una ciudadana estadounidense, su vida en Maryland se vio repentinamente alterada cuando los agentes de inmigración lo detuvieron.
En 2019, las autoridades suspendieron su deportación debido a amenazas relacionadas con pandillas en El Salvador. Al reconocer el reciente error, un abogado del Departamento de Justicia admitió su culpa, lo que condujo a su expulsión y suspensión del caso
