Durante la presidencia de Donald Trump, las políticas migratorias se han endurecieron significativamente, lo que ha provocado un aumento en los procesos de deportación y una mayor necesidad de representación legal para los migrantes en Estados Unidos.
En este contexto, los costos asociados con la contratación de abogados de inmigración se han convertido en una carga económica considerable para miles de personas que buscan permanecer legalmente en el país.
Más personas detenidas por violaciones migratorias menores
Uno de los cambios más notables ha sido el incremento en el número de personas detenidas por violaciones migratorias menores, muchas de las cuales antes no habrían sido prioridad para las autoridades migratorias.
Las políticas también redujeron el acceso a servicios gratuitos o de bajo costo, haciendo que muchos migrantes tuvieran que buscar abogados privados, cuyos honorarios suelen ser elevados.
El costo promedio de un abogado de inmigración en casos de defensa contra la deportación puede oscilar entre $2,000 y $10,000 dólares, dependiendo de la complejidad del caso y la ubicación geográfica.
Por ejemplo, un caso sencillo en el que un migrante califica para la cancelación de deportación puede costar entre $3,000 y $5,000 dólares. Sin embargo, si el caso requiere comparecencias múltiples ante la corte de inmigración, recopilación de pruebas, apelaciones o peticiones adicionales, los honorarios pueden fácilmente superar los $10,000.
Todo dependerá del tipo de caso
Además, algunos migrantes deben enfrentar cargos criminales menores que complican aún más su situación migratoria, lo que exige la colaboración de abogados penalistas y eleva aún más los costos. En muchos casos, las familias migrantes deben endeudarse, recurrir a campañas de recaudación de fondos o depender de redes comunitarias para cubrir estos gastos legales.
La falta de representación legal en los tribunales de inmigración es uno de los principales factores que determinan el resultado de un caso. Según estudios del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, los migrantes que cuentan con abogados tienen cinco veces más probabilidades de obtener un fallo favorable en comparación con aquellos que se representan a sí mismos.
Las medidas del gobierno de Trump también incluyeron la implementación de políticas como "Permanecer en México" (Remain in Mexico), que obligaban a los solicitantes de asilo a esperar el desarrollo de sus casos fuera del país, dificultando aún más el acceso a asistencia legal.
La situación no solo incrementó la vulnerabilidad de los migrantes, sino que también elevó el costo de la representación, ya que muchos abogados debían viajar a la frontera o trabajar en condiciones más complejas.
