En EEUU, pocas cosas son coincidencia. En el último mes, el Senado aprobó una ley que promete traer orden a uno de los rincones más caóticos del sistema financiero: las stablecoins, criptomonedas que replican el valor del dólar.
La legislación, llamada GENIUS Act, busca regular lo que hasta ahora ha sido una mezcla de especulación, promesas de libertad financiera y estafas digitales. Pero justo cuando se habla de transparencia, el país también mira a un presidente que ha ganado más de $57 millones gracias a negocios con NFTs, bitcoin y una firma cripto en la que figura como “inspirador”. Ese presidente es Donald Trump.
Todo está, según la Casa Blanca, en fideicomisos manejados por sus hijos. Pero los números y los tiempos inquietan. Al mismo tiempo que el Congreso debate cómo ordenar el universo cripto, Trump y su entorno lanzan su propia criptomoneda, se benefician de plataformas digitales con su imagen, y reciben el apoyo de una industria que gastó más de $119 millones en lobby político solo en el último ciclo electoral.
Para la senadora Elizabeth Warren, la matemática es simple: lo que debería ser una regulación termina pareciendo una consolidación de poder económico familiar.
Aun así, muchos demócratas votaron a favor. ¿La razón? Según algunos, es mejor regular el caos que dejarlo crecer. Según otros, es simplemente más fácil mirar hacia otro lado.
Del otro lado del pasillo, la derecha aplaude la iniciativa, pero con una condición no escrita: que no toque los bolsillos del líder. La narrativa que gana terreno no es la de las advertencias, sino la de la “innovación americana”. Y mientras tanto, el ecosistema cripto-político de EEUU empieza a exportarse.
En Argentina, una moneda llamada LIBRA, impulsada por figuras cercanas a Javier Milei, llegó a valer miles de millones antes de desplomarse. Fue un clásico rug pull con disfraz de modernidad: influencers políticos, marketing libertario y un final donde los más cercanos salieron antes de que se apagara la música.
La historia se repite en distintas latitudes, con la misma secuencia: promesas de descentralización, concentración de ganancias, y ciudadanos que pagan el precio.
Quizá la pregunta ya no sea si el blockchain debe ser regulado, sino quién lo regula y para qué. En un mercado donde los algoritmos se escriben desde torres doradas, la línea entre poder político y ganancia privada se vuelve tan borrosa como el código detrás de una criptomoneda.
