¿Puede una pelea por unos miles de millones terminar en otro cierre del gobierno? Al parecer, sí. Mientras el Congreso intenta avanzar con acuerdos bipartidistas para evitar un shutdown este otoño, la administración quiere lanzar otra bomba fiscal: una nueva ronda de recortes al gasto ya aprobado, conocidos como rescissions.
¿El objetivo? Revertir más fondos federales, posiblemente incluyendo recortes al Departamento de Educación, en medio de negociaciones clave. Porque si algo le encanta a esta Casa Blanca, es prender fuego a las mesas justo cuando todos intentan sentarse a dialogar. Y hacerlo con base legal (más o menos interpretada) le cae como anillo en el dedo al gobierno.
Algo más que desacuerdos presupuestarios. El escenario político muestra una estrategia legal poco convencional, tensiones internas en el Partido Republicano y, como siempre, consecuencias concretas para millones de personas. La pelea no es solo por dinero, es por control, poder y por quién define las reglas cuando el reloj avanza hacia otro posible shutdown.
- ¿Qué es un rescissions package y por qué genera tanto ruido? Se trata de un mecanismo que permite al presidente pedir al Congreso que rescinda (o sea, cancele) fondos ya aprobados. Aunque es legal, suele usarse de forma limitada. Trump ya consiguió recortar $9,000 millones en ayudas y medios públicos, y ahora planea otra ronda. El problema: lo hace mientras se negocian nuevos presupuestos, lo que puede bloquear cualquier acuerdo y provocar otro cierre del gobierno.
- ¿Qué fondos están en la mira ahora? Según fuentes del Senado, la administración está considerando incluir recortes al Departamento de Educación. Recordemos que el presidente firmó en marzo una orden para desmantelar el departamento y ha retenido miles de millones en fondos escolares. Este escenario podría profundizar las tensiones con los demócratas y hasta dividir a los republicanos que preferirían una vía más institucional para hacer recortes.
- ¿Puede Trump ejecutar recortes sin aprobación del Congreso? Si no vamos a lo legal, la ley de 1974 permite al presidente retener fondos durante 45 días mientras el Congreso evalúa su propuesta. Pero el equipo del presidente argumenta que si la solicitud se envía justo antes del cierre fiscal, esos días se extienden hasta el siguiente año fiscal. Es el famoso pocket rescission, un atajo legal que muchos en el Congreso —incluidos republicanos— consideran ilegal.
