Parece que el mercado inmobiliario industrial del DMV tiene un nuevo jugador con chequera abierta: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Defensores de derechos civiles revelaron que la agencia federal está adquiriendo almacenes comerciales en toda la región, desatando sospechas y protestas entre vecinos que temen que sus zonas industriales se conviertan en el próximo eslabón de la red de detención de inmigrantes.
El “shopping spree” de $45 mil millones
La población detenida por ICE se disparó durante la administración Trump, pero la falta de capacidad ha frenado las deportaciones masivas. Con los $45 mil millones del “Big Beautiful Bill”, DHS vio una oportunidad de oro: comprar almacenes previamente diseñados para comercio electrónico en lugar de construir desde cero. Estas adquisiciones podrían acelerar la capacidad de detención a gran escala y cambiar el mapa de la inmigración en la región.
Vecinos alzan la voz
En Hagerstown, Maryland, cientos de manifestantes se reunieron a finales de enero frente a un almacén de casi 826,000 pies cuadrados que el gobierno federal compró por $102 millones, acompañados del senador Chris Van Hollen (D-MD), crítico de la expansión de ICE. En Howard County, los funcionarios locales revocaron permisos de construcción para una instalación privada destinada a detención, y los legisladores votarán esta semana sobre legislación de emergencia para bloquear el proyecto.
En Virginia, las protestas se han extendido desde Richmond hasta Stafford County, donde DHS mostró interés en un almacén de $50 millones que podría albergar hasta 10,000 detenidos, según documentos internos de ICE revisados por el Washington Post. Las autoridades locales alertaron a NBC4 que la infraestructura no soportaría un centro de tal magnitud y que las mejoras en servicios públicos tendrían un alto costo para los contribuyentes.
Huecos legales que abren puertas
Maryland Ttiene la ley “Dignity Not Detention Act” (2021) que prohíbe a gobiernos locales contratar con la ICE. Sin embargo, deja un gran “hueco”: la ley no impide que el gobierno federal compre la propiedad directamente. Al ser el dueño absoluto, el DHS salta por encima de muchas restricciones estatales. Los opositores dependen de los “guardrails” de zonificación, que exigen reuniones públicas y revisiones para ralentizar proyectos.
Los números que impactan
Casi 70,000 personas están detenidas actualmente por ICE, según datos de enero. Axios asegura que la administración pretende que los almacenes más pequeños alberguen alrededor de 500 personas, y los grandes, entre 7,500 y 9,500. Comprar propiedades directamente complica que ciudades y estados puedan frenar los planes de la agencia, consolidando a DHS como un jugador dominante en el mercado de almacenes del DMV.
Mientras el DHS se consolida como el comprador más agresivo del warehouse market, los residentes del DMV se preguntan si el almacén de la esquina seguirá enviando entregas en 24 horas o si se convertirá en el epicentro de la política migratoria nacional.
