Maryland decidió dejar de ser un engranaje más de la maquinaria migratoria federal. Esta semana, la Asamblea estatal aprobó una ley que rompe formalmente la cooperación entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, respaldada por ambas cámaras, busca limitar el alcance de los operativos migratorios federales en comunidades donde el miedo y la desconfianza han ido en aumento.
Qué cambia exactamente la nueva ley
La nueva legislación prohíbe que ciudades, condados y cárceles locales colaboren con ICE, ordenando la cancelación de convenios vigentes como el 287(g). Estos programas permitían que oficiales locales interrogaran sobre el estatus migratorio y retuvieran a detenidos hasta 48 horas adicionales, facilitando su transferencia a custodia federal.
Actualmente, ocho condados del estado (incluyendo Frederick, Harford y Cecil) mantienen este vínculo activo. Con la nueva norma, no solo se disuelven estos pactos, sino que se bloquea la entrada de otras jurisdicciones, como el condado de Wicomico, que ya coqueteaba con la idea de sumarse. Con votos de 32–12 en el Senado y 99–40 en la Cámara, la señal política es contundente y solo espera la firma del gobernador Wes Moore, quien ha sido un crítico constante de las tácticas de ICE.
El contexto: miedo real, consecuencias reales
El avance de la ley ocurre en un momento de creciente alarma por la conducta de ICE a nivel nacional. En Minneapolis, operativos federales terminaron con al menos dos personas muertas. En Glen Burnie, Maryland, un hombre recibió disparos de agentes de ICE y terminó con un pulmón colapsado.
Legisladores estatales dijeron a WUSA9 que estos operativos están haciendo que comunidades enteras se sientan menos seguras. El presidente del Senado de Maryland, Bill Ferguson, lo resumió sin rodeos:
“Si la gente no se siente segura, nada más importa”.
También sin máscaras
En sintonía con esta búsqueda de rendición de cuentas, el Senado aprobó una norma adicional que prohíbe a las fuerzas del orden usar máscaras en sus intervenciones. La práctica se volvió habitual en agencias migratorias, que alegan protección frente a activistas y la prensa. Para los legisladores estatales, el problema es otro: falta de transparencia y de rendición de cuentas.
La medida fue aprobada 31–13 en el Senado y forma parte del mismo impulso por poner límites claros a cómo operan los agentes federales en el estado.
El frente de resistencia en Howard County
En Howard County, la resistencia se mueve un paso más adelante. La compra federal de un almacén cerca de Hagerstown encendió las alarmas ante la posibilidad de un nuevo centro de detención de ICE. La respuesta fue inmediata: el Concejo del condado presentó legislación de emergencia para impedir que entidades privadas operen centros de detención.
La reacción del público fue elocuente. El presidente del Concejo, Opel Jones, recibió una ovación de pie al anticipar el resultado:
“Es 99.99% seguro que esto pase”.
ICE no se va, pero ahora juega solo
Esta ley no borra a ICE del mapa. La agencia sigue operando con un presupuesto blindado de $75 mil millones y una presencia constante en el área de Washington DC. En el pico de agosto de 2025, llegó a registrar 41 arrestos en un solo día. Las cifras bajaron, pero los operativos nunca se detuvieron.
Aun así, para la población de Maryland las reglas cambian. El riesgo de una acción federal persiste, pero la ley elimina el puente más peligroso hacia la deportación: la colaboración con la policía local. Al romper el enlace con las cárceles del condado, una infracción de tránsito o un incidente menor dejen de ser la antesala automática de una entrega a las autoridades migratorias.
