La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó el miércoles una orden ejecutiva que termina todos los convenios 287(g) con ICE, que involucraban a la Policía Estatal, el Departamento de Correcciones, la Policía de Conservación y la Policía Marina de Virginia. La medida devuelve a los agentes estatales la autoridad plena bajo la ley de Virginia y elimina la subordinación al control federal en operativos migratorios.
“Estos convenios cedían indebidamente la autoridad de la policía estatal a las autoridades federales. Confío en que nuestros agentes mantienen la seguridad del estado cuando actúan bajo la ley de Virginia”, declaró Spanberger.
Más de 60% de los estadounidenses cuestiona a ICE
Una encuesta de Ipsos indica que 62% de los estadounidenses cree que ICE excede sus límites al manejar la inmigración no autorizada. La orden de Spanberger llega tras incidentes recientes en Minneapolis donde agentes de ICE mataron a dos personas, y refleja su promesa de campaña de enfocar a la policía estatal en sus tareas principales en lugar de actuar como “subagentes” de la agencia federal.
Nuevos estándares de conducta policial
La orden obliga a revisar políticas, capacitación y prácticas de las agencias estatales para proteger la vida, garantizar transparencia y mantener la confianza pública. Spanberger enfatizó que la policía no debe usar tácticas basadas en miedo ni impedir que los residentes busquen ayuda, y que su enfoque debe centrarse en investigar delitos y proteger a la comunidad, no en detener personas por su estatus migratorio.
“Queremos trazar una línea clara sobre lo que esperamos de nuestros oficiales”, subrayó.
Resistencia política
Republicanos criticaron la medida. El senador Glenn Sturtevant dijo que Spanberger “pone la política por encima de la seguridad pública” y defendió la colaboración previa como herramienta para deportar criminales. Sin embargo, la mayoría de los miles de detenidos por ICE en Virginia no tenía antecedentes penales, y Spanberger aclaró que la cooperación con ICE seguirá siendo posible bajo órdenes judiciales o tareas específicas.
Un cambio regional en el DMV
El movimiento de Virginia coincide con Maryland, que esta semana aprobó una ley que cancela los convenios 287(g) en ocho condados y prohíbe que la policía use máscaras en operativos, buscando transparencia y protección de la comunidad. Aunque ICE mantiene un presupuesto de $75,000 millones y presencia constante en el área de Washington DC, ambos estados han eliminado los puentes que convertían infracciones menores en un camino directo hacia la deportación.
Virginia y Maryland priorizan la seguridad y la confianza de los residentes sobre la colaboración automática con ICE. La ruptura de estos convenios protege a comunidades vulnerables, limita el alcance de operativos federales en casos civiles y marca un cambio histórico en la región en cómo se manejan la inmigración y la seguridad pública.
