En 43 años, la Heritage Foundation — un think tank conservador — ha documentado 100 casos de votación por parte de no ciudadanos en todo Estados Unidos: un promedio de 2,3 casos al año. Pese a esa cifra, agentes de Homeland Security Investigations (HSI), la unidad investigativa de ICE, obtuvieron archivos electorales individuales en dos condados del país este año, según correos electrónicos obtenidos por la organización Democracy Forward y compartidos con Axios.
Los registros confirman que HSI solicitó expedientes de votantes a oficiales electorales locales en Webb County, Texas, y Forsyth County, Carolina del Norte, y que ambos condados entregaron la información.
¿Qué información pidió ICE y a quién?
En mayo de 2026, agentes de HSI pidieron archivos de votantes específicos a la oficina electoral de Webb County, en la frontera sur de Texas. En Carolina del Norte, un agente separado de HSI solicitó en noviembre de 2025 información de registro de dos votantes individuales en Forsyth County. En ambos casos, los funcionarios electorales entregaron los datos solicitados.
Los archivos de votantes pueden incluir historial de registro, dirección, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir e historial de votación. Antes de las solicitudes directas, un analista criminal de HSI envió en abril un correo a la oficina del secretario de Estado de Texas preguntando qué tipo de información y citaciones se necesitan para obtener datos electorales.
¿Cuántos casos de fraude electoral existen?
José Castillo, el administrador electoral de Webb County, dijo a Axios que en cuatro años vio solo dos casos de no ciudadanos votando entre más de 150.000 votantes registrados. Castillo afirmó que nunca había recibido solicitudes similares de investigadores federales de inmigración.
"No hay nada ahí. Pero lo entiendo, tienen que hacer su trabajo. Para mí, podrían usar sus recursos en algo más útil".
José Castillo, administrador electoral de Webb County, Texas, en declaraciones a Axios
La base de datos de la Heritage Foundation, que recopila condenas y registros judiciales de fraude electoral, muestra 100 casos documentados de voto de no ciudadanos entre 1982 y 2025. La SAVE Act, que habría autorizado formalmente este tipo de verificaciones a nivel federal, fracasó por segunda vez en el Senado el 4 de junio con un voto de 48-50.
¿Por qué importa para la comunidad latina?
Webb County, donde ICE obtuvo archivos, tiene una población 95% hispana y está ubicado en Laredo, Texas. Para los más de 36 millones de latinos elegibles para votar en Estados Unidos, las solicitudes de datos electorales por parte de agentes de inmigración generan preocupación directa sobre el efecto intimidatorio que podrían tener en la participación electoral, especialmente en comunidades con familias de estatus migratorio mixto.
Dan McGrath, asesor legal de Democracy Forward, la organización que obtuvo los correos electrónicos mediante solicitudes de registros públicos, pidió transparencia sobre el alcance de las acciones del gobierno.
"Usar a ICE para perseguir un problema tan raro debería preocupar a todos. Los estadounidenses tienen derecho a entender el alcance completo de las acciones de la administración".
Dan McGrath, asesor legal de Democracy Forward, en declaraciones a Axios
¿Qué dice la administración Trump?
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional respondió que HSI investiga activamente el fraude electoral. Heather Honey, subsecretaria adjunta del DHS para integridad electoral, comunicó a funcionarios electorales de Texas que la agencia se ha reunido con los secretarios de Estado o funcionarios electorales de todos los estados.
Las solicitudes de archivos de votantes se enmarcan en la orden ejecutiva que Trump firmó en marzo de 2025, que ordena a las agencias federales fortalecer la verificación de ciudadanía en las elecciones. El DHS también promueve el uso de la base de datos SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) para verificar el estatus de ciudadanía de votantes registrados.
Las elecciones intermedias son en noviembre
Las solicitudes de ICE ocurren a cinco meses de las elecciones intermedias de noviembre de 2026. En marzo, la organización American Oversight demandó al DOJ e ICE por no responder a solicitudes de información sobre la recopilación y uso de datos electorales. Varios estados, incluyendo Michigan, Pennsylvania y California, se han negado a entregar sus registros de votantes al gobierno federal, y la litigación continúa en múltiples jurisdicciones.
