Convertirse en ciudadano estadounidense podría costar hasta $1.330 bajo una nueva regulación de la administración Trump que aumentaría las tarifas en $570 y eliminaría las exenciones de pago para familias de bajos recursos. Según la propuesta federal revelada este lunes, el precio base para tramitar la solicitud de ciudadanía en papel pasará de $760 a $1.330.
Para aquellos residentes que prefieran realizar su aplicación completamente en línea, el costo del proceso subirá de $710 a $1.280.
Nuevos precios del trámite
La medida no solo afecta la solicitud inicial. Los inmigrantes que reciban una negación y soliciten formalmente reconsiderar su caso enfrentarán un drástico aumento de $645 en la tarifa de apelación.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) opera casi en su totalidad con los fondos que recauda por el pago de estos trámites migratorios.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a la agencia, argumentó que las nuevas tarifas son vitales para mantener la estabilidad financiera operativa del sistema.
Adiós a los perdones de pago
Uno de los cambios más fuertes al bolsillo de los hispanos es la propuesta de eliminar por completo la tarifa reducida y los perdones de pago, conocidos en inglés como "fee waivers".
Actualmente, los residentes permanentes con ingresos que caen por debajo del umbral federal de pobreza pueden aplicar a la naturalización sin costo o con un gran descuento. La nueva regulación borraría este beneficio social para todos los solicitantes civiles, manteniendo las exenciones de pago únicamente para los miembros activos de las Fuerzas Armadas.
Aumentar las tarifas y eliminar las exenciones de pago para los formularios cerraría la brecha de ingresos que actualmente cubren otros solicitantes. Ya no creemos que las solicitudes de naturalización deban tener tarifas más bajas a expensas de otros trámites migratorios, señaló el Departamento de Seguridad Nacional en su justificación.
Exámenes más difíciles y chequeos
Además del motivo financiero, la agencia afirmó que necesita los nuevos ingresos para cumplir con los exhaustivos controles de seguridad e investigación de antecedentes ordenados por el presidente Trump al inicio de su segundo mandato.
Este aumento económico se suma a las nuevas barreras implementadas en 2025, cuando la actual administración duplicó el número de preguntas y el nivel de exigencia del examen oral de educación cívica.
El plan es por ahora una regulación propuesta y acaba de entrar en una ventana pública de 60 días para recibir comentarios y críticas de la comunidad antes de convertirse en una regla oficial aplicable en todo el país.
