A 12 días de que entre en vigor la prohibición de venta de armas de asalto en Virginia, un juez del circuito de Spotsylvania rechazó la semana pasada una demanda que buscaba bloquear la ley. El fallo del juez William Glover marca un revés para los activistas pro armas que impugnan la medida en tribunales estatales y federales antes de la fecha límite del 1 de julio.
La demanda, presentada por dos propietarios de armas, un instructor de tiro y una tienda de armas del condado de Spotsylvania, usó un argumento diferente al de otros casos: en lugar de basarse en la Segunda Enmienda federal, los demandantes alegaron que la cláusula de milicias de la Constitución de Virginia prohíbe a la Asamblea General desarmar a la población.
El argumento de las milicias
Los demandantes, representados por el exfiscal general de Virginia Ken Cuccinelli, sostuvieron que los miembros de la milicia no organizada de Virginia tienen derecho individual a poseer equivalentes civiles de armas militares. Según su argumento, cuando George Mason redactó la cláusula de milicias en 1776, estableció que los ciudadanos debían poseer las armas necesarias para la defensa común.
"Las armas que el pueblo debe poseer son aquellas adecuadas para el servicio de milicia, armas cuya naturaleza y propósito las hacen capaces de contribuir a la defensa común", indicó la demanda presentada en el caso Curtis v. Katz
Pero el juez Glover no estuvo de acuerdo. En su opinión escrita, concluyó que tanto la historia como la práctica en torno a la cláusula de milicias no establecen un derecho individual a poseer armas de estilo militar por parte de miembros de la milicia no organizada.
Qué prohíbe la ley
La gobernadora Abigail Spanberger firmó la ley el 14 de mayo tras meses de debate en la Asamblea General. A partir del 1 de julio, queda prohibido vender, comprar, fabricar, importar o transferir rifles y pistolas semiautomáticas de percusión central que cumplan ciertos criterios, así como cargadores con capacidad superior a 15 cartuchos.
La ley no aplica retroactivamente: quien ya posea estas armas o cargadores antes del 1 de julio puede conservarlos. Las fuerzas del orden y los distribuidores autorizados con licencia federal también quedan exentos. Una violación se clasifica como delito menor de Clase 1, con pena máxima de 12 meses de cárcel y multa de $2.500.
Virginia se convierte en el undécimo estado en aprobar una prohibición estatal de armas de asalto, y el primero del sur del país.
Múltiples demandas en curso
El caso de Spotsylvania es solo uno de varios que buscan frenar la ley. La NRA presentó demandas en tribunales estatales y federales el mismo día de la firma, al igual que la Second Amendment Foundation y la Firearms Policy Coalition. La administración Trump también amenazó con demandar a Virginia por la medida.
El fiscal general de Virginia, Jay Jones, dijo que el estado defenderá la ley en todos los foros.
"La decisión del tribunal de hoy en Curtis v. Katz es un paso importante para garantizar que la prohibición de armas de asalto de Virginia entre en vigor el 1 de julio", dijo Jones, fiscal general de Virginia, en un comunicado tras el fallo
Los demandantes pueden apelar la decisión. El Cuarto Circuito federal, que tiene jurisdicción sobre Virginia, mantuvo en 2024 la prohibición de armas de asalto de Maryland en el caso Bianchi v. Brown, un precedente que pesa a favor de la ley de Virginia en los tribunales federales.
Qué sigue
Si ningún tribunal emite una orden de bloqueo antes del 1 de julio, la prohibición entrará en vigor como estaba previsto. Los propietarios actuales no necesitan registrar sus armas, pero la carga de probar que fueron adquiridas antes de la fecha límite recae sobre ellos en caso de cuestionamiento.
El debate sobre armas ha sido uno de los más polarizantes en Virginia durante la sesión legislativa de 2026. El gobernador anterior, Glenn Youngkin, vetó versiones similares de esta ley en 2024 y 2025.
