Cinco millones de personas perdieron su cobertura de Medicaid en los últimos 12 meses, y las restricciones más severas aún no han entrado en vigor. La oficina no partidista del Congreso (CBO) estima que 11,8 millones de personas perderán su seguro médico como resultado directo de los recortes incluidos en la One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio de 2025.
La ley recorta $665.000 millones en fondos federales para Medicaid durante la próxima década, según un análisis de RAND Health. Para los más de 68 millones de personas que dependen de Medicaid en todo el país, los cambios llegan en oleadas: algunos ya están en marcha y otros empiezan entre octubre de 2026 y enero de 2027.
¿Qué cambios ya están activos?
Desde enero de 2026, la ley eliminó el subsidio federal reforzado (FMAP) que incentivaba a los estados a expandir Medicaid bajo el Affordable Care Act. Ese subsidio cubría el 90% de los costos de expansión. Sin él, los estados deben asumir una porción mucho mayor del gasto, lo que ya está presionando los presupuestos estatales.
También se bloquearon reglas diseñadas para simplificar la inscripción tanto en Medicaid como en programas de asistencia de Medicare. El resultado: más trámites para mantener la cobertura y más personas que caen del sistema por errores administrativos, no porque dejen de calificar.
Requisitos de trabajo: quiénes se verán afectados a partir de 2027
A partir de enero de 2027, la mayoría de los adultos sin dependientes deberán documentar al menos 80 horas mensuales de trabajo, educación o actividades relacionadas para mantener su cobertura de Medicaid. El Urban Institute estima que entre 4,9 y 10,1 millones de personas podrían perder su cobertura solo por estos requisitos.
Lo que preocupa a los investigadores es que más del 90% de los beneficiarios de Medicaid ya trabajan, buscan empleo, estudian, cuidan familiares o tienen alguna discapacidad. El problema no es la falta de actividad, sino la dificultad de documentarla. Entre el 19% y el 37% de las personas que ya cumplen con el requisito de trabajo perderán cobertura por no poder comprobarlo, según proyecciones de la Robert Wood Johnson Foundation.
Verificaciones cada seis meses en vez de cada año
Antes del 31 de diciembre de 2026, los estados deberán implementar verificaciones de elegibilidad cada seis meses en lugar de cada 12. ETL reportó la semana pasada que los estados comenzarán a contactar a los beneficiarios este verano para preparar la transición. Georgia ya implementó requisitos similares en 2023 con resultados que los críticos califican de desastrosos: miles de personas elegibles perdieron cobertura por problemas de papeleo.
Nebraska es el primer estado en anunciar que aplicará los requisitos de trabajo antes de la fecha límite federal, a partir de mayo de 2026.
¿Cómo afecta esto a los latinos?
Los latinos representan una de las poblaciones más vulnerables ante estos cambios. Según datos del Census Bureau, los hispanos tienen una tasa de falta de seguro del 18%, más del doble que los blancos no hispanos. Muchos trabajan en empleos informales, gig economy o estacionales, donde documentar 80 horas mensuales es especialmente difícil.
Además, los cambios en las políticas migratorias, incluyendo acuerdos entre CMS y el Department of Homeland Security para compartir datos de Medicaid con ICE, han generado un efecto disuasorio entre inmigrantes elegibles que temen que inscribirse los ponga en riesgo migratorio.
¿Qué puedes hacer si tienes Medicaid?
Los expertos recomiendan tres pasos inmediatos. Primero, verificar que tu información de contacto esté actualizada con la agencia de Medicaid de tu estado para recibir las notificaciones de recertificación. Segundo, reunir documentación de empleo, horas de trabajo o exenciones aplicables (discapacidad, cuidado de familiares, embarazo). Tercero, responder de inmediato a cualquier carta de tu estado sobre elegibilidad: no responder es la principal causa de pérdida de cobertura.
La American Medical Association calificó los recortes como un retroceso que causará que millones pierdan acceso a atención médica. Los estados tienen hasta finales de 2026 para publicar sus planes de implementación.
