Más de 10.000 estudiantes inmigrantes en Virginia podrían perder el acceso a la matrícula estatal universitaria si un juez federal falla a favor del Departamento de Justicia en el caso que se debatió este martes en Richmond. El juez senior Robert Payne, del Distrito Este de Virginia, escuchó los argumentos de ambas partes y no indicó cuándo emitirá su decisión.
Qué está en juego
El caso gira en torno al Virginia Dream Act, una ley de 2020 que permite a estudiantes que asistieron a una escuela secundaria de Virginia y cuyos padres pagaron impuestos estatales por al menos dos años acceder a la matrícula in-state en universidades públicas, sin importar su estatus migratorio. La diferencia entre la matrícula estatal y la de fuera del estado puede superar los $20.000 anuales, una cifra que para muchos estudiantes determina si pueden o no continuar sus estudios.
El DOJ argumenta que la ley viola una sección del Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996, que prohíbe a los estados ofrecer beneficios de matrícula basados en residencia a inmigrantes sin extender el mismo beneficio a ciudadanos de otros estados.
Virginia, representada por el fiscal general Jay Jones (demócrata), respondió que la elegibilidad no se basa en residencia sino en asistencia a una escuela secundaria del estado y en el pago de impuestos, criterios que en teoría cualquier persona podría cumplir. El abogado del DOJ, Sean Skedzielewski, replicó que la combinación de esos requisitos hace "esencialmente imposible" que un ciudadano de fuera del estado califique. El juez Payne pidió a las partes datos sobre cuántos estudiantes usan el beneficio y cuál es su estatus migratorio.
Una historia de giros legales
El caso llegó al tribunal de una forma inusual. En diciembre de 2025, el DOJ demandó a Virginia por la ley. Al día siguiente, el entonces fiscal general Jason Miyares (republicano), a solo dos semanas de dejar el cargo, firmó un acuerdo conjunto con el DOJ para declarar la ley inválida sin defenderla en los tribunales.
La maniobra provocó una reacción inmediata. El Dream Project, una organización con sede en Arlington que ha otorgado $2,6 millones en becas a más de 300 estudiantes inmigrantes, presentó una moción de emergencia el 31 de diciembre junto con la ACLU de Virginia y el Legal Aid Justice Center para intervenir en el caso.
"El fiscal general de Virginia abandonó su deber de defender la ley de Virginia y al pueblo de la Commonwealth, así que debemos hacerlo nosotros", dijo Sophia Gregg, abogada de derechos de inmigrantes de la ACLU de Virginia, en comunicado del 31 de diciembre de 2025
En febrero de 2026, el tribunal rechazó el acuerdo Miyares-DOJ después de que el nuevo fiscal general Jones retiró a Virginia del pacto. Desde entonces, Jones defiende activamente la ley.
Lo que significa para los estudiantes
Si el juez Payne falla a favor del DOJ, los estudiantes que actualmente pagan matrícula estatal bajo el Dream Act podrían enfrentar un aumento inmediato en sus costos, lo que obligaría a algunos a abandonar sus estudios. El Dream Project estima que el 87% de sus becarios depende de la matrícula in-state para poder costear la universidad.
Mientras el caso se resuelve, la matrícula estatal para estudiantes inmigrantes que cumplen los requisitos sigue vigente en Virginia. Las universidades públicas ya preparan el semestre de otoño 2026 con esos parámetros.
