Por primera vez en 30 años, el Departamento de Justicia (DOJ) activó una corte federal secreta para deportar a una persona cuya identidad permanece bajo sello. La Alien Terrorist Removal Court fue creada en 1996 y no había recibido ninguna solicitud hasta la semana pasada, cuando el gobierno presentó un documento clasificado de una sola página.
La medida podría convertirse en una herramienta nueva para la agenda de deportaciones del presidente Donald Trump y llega en un momento de alta tensión para las comunidades inmigrantes. Esto es lo que se sabe y a quién puede afectar.
¿Qué es la Alien Terrorist Removal Court?
Es un tribunal federal especial creado por el Congreso en 1996 mediante la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act. Su función es permitirle al fiscal general remover a extranjeros residentes que el gobierno acuse de terrorismo usando evidencia clasificada. Tiene cinco jueces elegidos por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un esquema similar al del tribunal que supervisa la vigilancia de agentes extranjeros.
El DOJ presentó su primera solicitud el 15 de julio a través de su División de Seguridad Nacional. El documento público no revela el nombre de la persona, los cargos ni la ley específica invocada. La jueza principal del tribunal, Joan Ericksen, celebró una audiencia a puerta cerrada y le pidió al gobierno una solicitud más sólida.
Cómo funciona el proceso con evidencia secreta
El procedimiento tiene dos fases. En la primera, privada, un juez decide si existe causa probable. En la segunda, pública, el gobierno debe probar que la persona encaja en la definición de "terrorista extranjero". Ni el acusado ni su abogado tienen derecho a ver las pruebas clasificadas: solo reciben un resumen.
La ley permite de forma explícita usar evidencia obtenida de manera ilegal, algo que las reglas normales de un tribunal prohíben. Cada solicitud debe ser aprobada por el fiscal general o su adjunto, revisada por un juez y seguida de una audiencia.
Por qué estuvo 30 años sin usarse
Para el año 2000, el propio DOJ había estudiado unos 100 casos posibles y los descartó todos, porque los cargos migratorios comunes bastaban. Muchos juristas señalan que el tribunal nunca se usó por dudas sobre si su proceso con evidencia secreta respeta el debido proceso que exige la Constitución.
El terreno viene de un choque anterior. Cuando el gobierno invocó en 2025 el Alien Enemies Act para expulsar a venezolanos que acusaba de pertenecer al Tren de Aragua, la Corte Suprema exigió avisar a esas personas y darles la oportunidad de defenderse. Fue un juez quien le recordó al gobierno que este tribunal existía.
"El Congreso tiene una respuesta para nosotros, ¿no es cierto? Porque crearon la Alien Terrorist Removal Court", dijo James Boasberg, juez principal del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia, en declaraciones durante el litigio citadas por Axios
A quién puede afectar
Por ahora, la corte no sirve para deportaciones masivas: cada caso necesita el visto bueno de altos mandos del DOJ, la revisión de un juez y una audiencia completa. El caso actual apunta a una sola persona no identificada.
El peso está en el precedente. La herramienta afecta directamente a extranjeros a quienes el gobierno vincule con terrorismo, incluidos familiares directos, y abre la puerta a procesos donde la defensa no ve las pruebas. Para las comunidades inmigrantes, que ya enfrentan nuevas barreras legales y operativos con uso de fuerza documentado, marca un cambio en las reglas del juego. En tribunales locales, la presencia de agentes migratorios ya venía generando temor entre quienes acuden por asuntos civiles o penales.
Qué sigue en el caso
La jueza Ericksen le puso un plazo corto al gobierno para sustentar mejor su solicitud, y el resultado definirá si el tribunal empieza a usarse o vuelve a quedar inactivo. Si tienes dudas sobre tu situación migratoria, conviene consultar a un abogado de inmigración acreditado antes de tomar cualquier decisión. Puedes verificar la acreditación de un representante legal en el directorio de la Executive Office for Immigration Review (justice.gov/eoir).
