El plan de deportaciones masivas de la administración Trump le costará $2.358 a cada contribuyente durante los próximos dos años y medio, según un nuevo cálculo del Economic Policy Institute (EPI). En total, la cifra llega a $268,9 mil millones.
El dinero sale directamente de los impuestos federales sobre la renta. El EPI publicó el 5 de agosto una calculadora que desglosa el gasto por estado, condado y ciudad.
¿Cómo se calculó el costo por contribuyente?
El EPI dividió el gasto proyectado en deportaciones entre la participación de cada región en el total de impuestos federales sobre la renta. Cada deportación forzada cuesta en promedio $18.000, mientras que cada autodeportación cuesta cerca de $5.100.
El costo varía según el estado. En Washington D.C. cada contribuyente pagará $3.930, en Connecticut $3.395 y en Virginia Occidental, uno de los más bajos, $1.297.
"Cada dólar gastado en deportaciones masivas es un dólar que no se invierte en educación, salud o vivienda asequible", dijo Heidi Shierholz, presidenta del Economic Policy Institute, en un comunicado publicado el 5 de agosto de 2026
¿Qué se podría financiar con ese dinero en su lugar?
El EPI calcula que los $268,9 mil millones alcanzarían para pagar el salario de más de 925.000 maestros de escuela pública durante un año, o para cubrir Medicaid a casi 12 millones de personas adicionales.
La misma cantidad financiaría 9,7 millones de unidades de vivienda pública o una licencia parental pagada para 6,2 millones de padres, según el mismo análisis.
Gordon Lafer, profesor de la Universidad de Oregón e investigador asociado del EPI, explicó a Axios que en casi cualquier parte del país hay personas que luchan para no pasar hambre o para tener vivienda accesible.
¿Qué dice el gobierno sobre el gasto?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que la inmigración ilegal le cuesta a los contribuyentes más de $150.000 millones cada año, cifra que usa para justificar el gasto en control migratorio.
El aumento en las deportaciones también congestiona los tribunales de inmigración, donde jueces enfrentan calendarios cada vez más apretados para resolver los casos.
¿Qué sigue con el gasto en deportaciones?
El debate llega mientras el ICE compra centros de detención privados por $1.500 millones y crece la presión presupuestaria sobre programas como SNAP y Medicaid.
El EPI actualizará su calculadora a medida que el DHS publique nuevos contratos y cifras de gasto. Por ahora, la herramienta permite ver cuánto paga cada condado específico por el plan de deportaciones.
