Más de 1 millón de inmigrantes perdieron la protección temporal contra la deportación el 18 de agosto, cuando un juez federal en Boston levantó el último bloqueo judicial que quedaba en pie. La decisión golpea directamente a cientos de miles de hondureños, nicaragüenses y venezolanos que llevaban años viviendo y trabajando legalmente en el país.
El juez federal Brian Murphy levantó la última pausa judicial que protegía a los inmigrantes etíopes con Estatus de Protección Temporal (TPS), la designación más reciente en caer tras el fallo de la Corte Suprema de junio.
¿Qué países se quedaron sin TPS?
Con la decisión del 18 de agosto quedaron sin protección beneficiarios de 13 países: Afganistán, Camerún, Etiopía, Haití, Honduras, Birmania, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen, según Reuters.
Según un análisis del Pew Research Center, Venezuela concentra el mayor número de afectados, con más de 615.000 personas, el 59% del total. Honduras y Haití suman cada uno más de 51.000 beneficiarios.
El TPS es un programa que el Congreso creó en 1990 para ciudadanos de países que atraviesan guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. La ley obliga al secretario de Seguridad Nacional a revisar cada designación cada seis, 12 o 18 meses y decidir si la extiende o la termina.
¿Qué significa perder la protección?
"El TPS nunca tuvo la intención de ser un programa de amnistía de facto, aunque así es como lo han usado las administraciones anteriores durante décadas", dijo Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado citado por Reuters
En la práctica, quienes perdieron el TPS y no tienen otro estatus migratorio pasan a estar indocumentados. Eso significa que pierden el permiso de trabajo y quedan expuestos a un proceso de deportación, aunque un caso no se resuelve de un día para otro.
¿Qué pueden hacer ahora los que perdieron el TPS?
Abogados de inmigración recomiendan revisar cuanto antes si existe otra vía legal disponible, como una petición familiar, una solicitud de asilo o un matrimonio genuino con un ciudadano estadounidense. También recuerdan que el Congreso puede reactivar una designación si aprueba una extensión, algo que ya generaba dudas la semana pasada, cuando trascendió que la última barrera judicial estaba a punto de caer.
Para los venezolanos, el calendario es distinto: su designación más reciente vence formalmente el 2 de octubre, una fecha separada de la decisión del 18 de agosto.
La base legal de todo este proceso está en el fallo de la Corte Suprema de junio, que determinó que los tribunales no tienen autoridad para revisar las decisiones del DHS sobre el TPS.
¿Qué sigue para los casos que aún se litigan?
Un grupo de exbeneficiarios de Nepal, Honduras y Nicaragua intenta mantener vivo un reclamo distinto: que la cancelación del TPS violó la Constitución por estar motivada por animadversión hacia los inmigrantes, no solo por desacuerdo con la política migratoria. Un juez de Illinois ya rechazó un argumento similar en el caso de Birmania, así que las posibilidades de que prospere son bajas.
Mientras tanto, casi 170.000 salvadoreños son la próxima población en la fila: su TPS, vigente desde 2001, vence formalmente el 9 de septiembre si el DHS no anuncia una extensión antes de esa fecha.
Para quienes ya perdieron la protección, la recomendación de los abogados de inmigración es la misma: buscar asesoría legal cuanto antes para evaluar qué opciones quedan disponibles antes de que el caso llegue a un tribunal de deportación.
