A solo siete días de una fecha decisiva para miles de familias salvadoreñas en Estados Unidos, organizaciones comunitarias y legisladores aumentaron este miércoles la presión para conseguir una extensión de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, cuya vigencia actual vence el próximo miércoles 9 de septiembre .
La National Salvadoran American Association (NSAA) convocó una conferencia de prensa en la que participó el representante demócrata Suhas Subramanyam, del Distrito 10 de Virginia.
“En los próximos días presentaré una propuesta legislativa ante el Congreso para buscar una extensión de 18 meses del TPS para los salvadoreños, planteando la continuidad de la protección como un asunto humanitario.
ESTÁN EN EL LIMBO
Carmen Elena Rodríguez, directora ejecutiva de la National Salvadoran American Association, describió a El Tiempo Latino la incertidumbre que viven actualmente los beneficiarios.
“Están en un limbo. Por el momento estamos esperando que el DHS [Departamento de Seguridad Nacional] y también Trump puedan cambiar de idea, poder extender el TPS por 18 meses”, dijo Rodríguez.
Según Rodríguez, una extensión permitiría ganar tiempo para trabajar con congresistas republicanos y demócratas en busca de una solución de mayor alcance.
“Este es un problema humanitario, no solamente es un problema de los demócratas o de los republicanos. En realidad necesitan unirse todos y hacer este cambio para nuestra comunidad”, agregó.La dirigente cifró en aproximadamente 177,000 los salvadoreños que podrían verse afectados. “Y no solo ellos sino unas 200 mil personas que viven con ellos. Así que el impacto será muchos más grande”, dijo.
UN IMPACTO DE $1,500 MILLONES
La preocupación de las organizaciones también tiene un componente económico.
Datos publicados recientemente por FWD.us y la National TPS Alliance estiman que los salvadoreños amparados por TPS generan $5,400 millones anuales para la economía estadounidense y pagan aproximadamente $1,500 millones cada año en impuestos federales, estatales y locales. CIFRAS
De los aproximadamente 170,000 beneficiarios, unos 152,000 forman parte de la fuerza laboral estadounidense. •Entre ellos se estiman 36,000 trabajadores de la construcción. •32,000 empleados de mantenimiento de edificios y terrenos, •23,000 trabajadores del transporte, 18,000 de manufactura y •12,000 de servicios de alimentación.
EN WASHINGTON, DC
El impacto tiene especial relevancia en el área de Washington: el mismo estudio calcula que los salvadoreños con TPS aportan alrededor de $965 millones anuales a la economía del área metropolitana de Washington, D.C. Rodríguez señaló además que después de 25 años muchos beneficiarios han comprado viviendas, establecido negocios y formado familias en Estados Unidos.
EMPRESAS SE PERJUDICARÍAN
Francisco Semião, presidente de la Junta Directiva de la Asociación, advirtió sobre las consecuencias para empresas que dependen de trabajadores salvadoreños.
“Muchos de los negocios ya empezaron a cerrar, muchos están sufriendo [...] porque no tienen el personal necesario para poder construir las casas, poder atender esos negocios como restaurantes y hoteles”, dijo.
La organización sostiene que una nueva extensión permitiría que las familias tengan tiempo para prepararse y, paralelamente, que los legisladores busquen una solución permanente.
UNA PROTECCIÓN QUE EMPEZÓ TRAS LOS TERREMOTOS DE 2001
El Temporary Protected Status (TPS) fue creado por el Congreso mediante la Ley de Inmigración de 1990. Permite que personas de determinados países que ya se encuentran en Estados Unidos permanezcan temporalmente en el país y obtengan autorización para trabajar cuando guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias hacen inseguro su regreso. El TPS, por sí mismo, no concede residencia permanente ni ciudadanía.
El Salvador tiene una historia particular con este programa. Hubo una primera designación de TPS en 1990, relacionada con la guerra civil, que posteriormente terminó. La designación de la que dependen los actuales beneficiarios comenzó en marzo de 2001, después de los devastadores terremotos que golpearon al país en enero y febrero de ese año.
Desde aquella designación de 2001, el gobierno federal aprobó 11 extensiones formales hasta 2016. En 2018, durante la primera administración Trump, se anunció su terminación, pero litigios y posteriores decisiones administrativas prolongaron las protecciones. En enero de 2025, la administración Biden aprobó una nueva extensión de 18 meses, desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026.
Ahora, con el plazo nuevamente encima, organizaciones salvadoreñas vuelven a pedir tiempo.
Para Rodríguez y otros dirigentes, sin embargo, esos 18 meses serían apenas una solución temporal. El objetivo de fondo es conseguir que republicanos y demócratas encuentren una salida legislativa que termine con décadas de incertidumbre para una población que, en muchos casos, lleva un cuarto de siglo viviendo y trabajando legalmente bajo esta protección en Estados Unidos
