Más de 100 obispos, superintendentes y pastores evangélicos pentecostales caminaron ayer, martes, hasta el Capitolio en Washington para exigirle a la administración Trump que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los salvadoreños, horas antes de que ese beneficio venciera para cerca de 170,000 personas este miércoles 9 de septiembre.
El encuentro fue convocado por la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA), que agrupa a más de 21,000 congregaciones evangélicas pentecostales latinas en Estados Unidos y el continente, con más de 4 millones de miembros.
Un llamado que definen como pastoral, no político
El obispo Ángel Marcial, presidente de CEPA y líder de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, explicó que el encuentro respondía a un lenguaje compartido de misericordia y que buscaba un tono pastoral y profético, no partidista.
En su declaración conjunta, los líderes sostuvieron que el inmigrante no es un tema abstracto, sino una persona, y que la migración es una realidad pastoral que sus iglesias enfrentan semana a semana. El obispo José Martínez Rincón, de la Iglesia de Dios Pentecostal, M.I., pidió combinar la seguridad fronteriza con compasión y dignidad hacia las personas desplazadas.
Pastores detenidos y familias separadas
Jacqueline Fuentes, hija del pastor Marco Antonio Fuentes Cruz, de la Iglesia de Dios Adulam en Indianápolis y detenido en agosto, dijo durante el encuentro que su familia paga impuestos y no representa una carga para el país.
Otros líderes describieron congregaciones donde las familias viven con miedo, hay padres separados de sus hijos y feligreses que temen acudir a los servicios religiosos por su estatus migratorio.
Qué piden los líderes religiosos
- Terminar con las deportaciones indiscriminadas y abrir un camino legal para quienes ya construyeron su vida y su familia en Estados Unidos.
- Proteger a iglesias, escuelas y hospitales de operativos de inmigración.
- Restaurar el debido proceso, incluyendo protecciones contra arrestos sin causa, perfil racial y deportaciones sin revisión judicial adecuada.
- Garantizar condiciones humanas en los centros de detención, con acceso a atención médica y acompañamiento pastoral, y detener la construcción de nuevas instalaciones.
170,000 salvadoreños sin protección desde hoy
El TPS para El Salvador se otorgó en 2001 tras los terremotos que sacudieron al país y fue renovado por última vez en enero de 2025. Desde hoy, miércoles 9 de septiembre, cerca de 170,000 salvadoreños perdieron la protección, después de casi 25 años bajo ese amparo.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, argumentó que el TPS es por definición temporal y que nunca se diseñó para ser permanente. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a solicitudes de comentario de la prensa.
La ley federal establece que, si el DHS no publica una decisión antes de la fecha límite, la protección se extiende automáticamente por seis meses. A nivel nacional, los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan cerca de $5,400 millones anuales a la economía estadounidense, sobre todo en construcción, limpieza, restaurantes y cuidado de adultos mayores.
Solo en el área de Washington, los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan un estimado de $965 millones anuales a la economía regional.
La carta a Trump, Rubio y Mullin
Además de la declaración pública, los líderes de CEPA enviaron una carta al presidente Donald Trump, al secretario Mullin y al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que insistieron en extender el TPS y preservar los permisos de trabajo de los salvadoreños que llevan décadas en el país. En el texto, los firmantes plantearon que mantener unidas a las familias no es solo un tema migratorio, sino una responsabilidad moral.
Tras la conferencia de prensa, los pastores caminaron juntos hasta el Capitolio, donde oraron por las familias inmigrantes, sus comunidades y los líderes del país. Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno no había anunciado una decisión sobre una posible extensión.
