El Departamento de Justicia ya demandó a 24 estados, Washington D.C. y la Universidad de Delaware por dejar que estudiantes indocumentados paguen matrícula estatal. Esta semana, tres organizaciones de defensa de inmigrantes respondieron con un informe conjunto y una conferencia de prensa.
La ofensiva legal del gobierno federal llega días después de que un juez federal avalara la política de matrícula estatal en Virginia, uno de los primeros reveses judiciales para la administración Trump en esta estrategia.
"Ataques coordinados", dice una de las organizaciones
El informe, titulado "Coordinated Assault", fue publicado el 7 de octubre por MALDEF, la Alianza de Presidentes de Educación Superior e Inmigración, y TheDream.US.
"Ataques coordinados contra la equidad en la matrícula", dijo Gaby Pacheco, presidenta y directora ejecutiva de TheDream.US, en la conferencia de prensa del 7 de octubre
Pacheco agregó que estas demandas son "solo una parte de un patrón más amplio de barreras legales y de políticas" contra los inmigrantes.
Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF, calificó la campaña legal del DOJ como "extraordinaria" y dijo que "ninguna administración antes de esta había llevado a juicio" la ley de 1996 en la que se basan estas demandas.
Qué dice el gobierno federal
Brett Shumate, subsecretario de Justicia de la división civil del DOJ, defendió las demandas.
"Las universidades no pueden darles beneficios a inmigrantes ilegales que no les dan a los ciudadanos estadounidenses", dijo Brett Shumate, subsecretario de Justicia de la división civil del DOJ
Dónde están las demandas
Las cortes ya anularon las leyes de matrícula estatal en Illinois, Kansas, Kentucky, Nebraska, Oklahoma y Texas. Las demandas siguen pendientes en Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Washington D.C., Hawái, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont y el estado de Washington.
En Maryland, el DOJ ya pidió un fallo sin juicio contra la política estatal el mes pasado, antes de que el caso de Virginia marcara el primer precedente judicial a favor de los estudiantes.
El Texas Dream Act de 2001 fue la primera ley de este tipo en el país, y todas las políticas estatales de equidad en matrícula se aprobaron después de la ley federal de 1996 en la que ahora se basa el DOJ, según Saenz.
Mientras las demandas avanzan estado por estado, estudiantes indocumentados en Maryland y otros estados pendientes permanecen en incertidumbre sobre si podrán seguir pagando la tarifa de residente el próximo semestre.
