Desde el 18 de septiembre, los oficiales de inmigración pueden tomar en cuenta cualquier beneficio público sujeto a prueba de recursos, incluso los que no son en efectivo, al decidir una solicitud de residencia permanente. Maryland y otros 21 estados, junto con Washington DC, demandaron el 14 de septiembre para bloquear la regla.
Qué cambió con la regla de carga pública
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 20 de julio la norma que deroga la regulación de 2022. Con esa regulación, solo contaban la ayuda en efectivo, como SSI o TANF, y la institucionalización de largo plazo a cargo del gobierno.
Ahora cada oficial decide caso por caso, con una evaluación de "la totalidad de las circunstancias". Revisa edad, salud, situación familiar, ingresos y educación, y puede considerar beneficios en efectivo y no en efectivo recibidos a partir del 18 de septiembre.
La regla se aplica a las solicitudes de residencia (Formulario I-485) presentadas desde esa fecha, según la guía de CLINIC. El nuevo formulario pregunta si el solicitante ha recibido algún beneficio público sujeto a prueba de recursos. Las versiones anteriores del formulario no se aceptan desde esa fecha.
Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre se evalúan con el marco de 2022: solo cuenta la ayuda en efectivo y la institucionalización de largo plazo.
Quién queda fuera de la regla
Los refugiados y asilados que ajustan su estatus, ciertos peticionarios bajo la ley VAWA y los titulares de visas T o U siguen exentos por ley. La naturalización tampoco se ve afectada.
Qué pasa con los hijos ciudadanos
USCIS no atribuye de forma automática a los padres los beneficios que recibe un hijo ciudadano. Sin embargo, si un familiar que el solicitante debe mantener recibe ayuda basada en los ingresos del solicitante, el oficial puede concluir que los ingresos del solicitante no alcanzan.
La demanda advierte que las familias de estatus mixto podrían cancelar programas a los que sí tienen derecho. Maryland ya enfrenta presión en este frente: hasta 4.500 inmigrantes podrían perder Medicaid en el estado.
La demanda de Maryland en Nueva York
Los estados presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Estiman que se perderían unos $4.050 millones al año en pagos federales de Medicaid y CHIP, y cerca de $1.000 millones en SNAP, a escala nacional.
"Nadie debería tener que elegir entre recibir la atención médica o la ayuda alimentaria a las que tiene derecho legalmente", dijo Anthony G. Brown, fiscal general de Maryland, en un comunicado el 14 de septiembre
"La nueva regla de 'carga pública' es otro ataque más contra las comunidades inmigrantes", dijo Shana Khader, directora legal de We Are CASA, en declaraciones publicadas por Capital News Service
Qué hacer antes de dejar un beneficio
Es una regla federal, así que aplica igual en la ciudad y en el condado de Baltimore. Antes de cancelar SNAP, Medicaid u otro programa, consulta con un abogado o un representante acreditado: no se recomienda dejar un beneficio sin asesoría individual. Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal.
La demanda no tiene fechas de audiencia anunciadas. Si planeas pedir la residencia, usa la versión nueva del I-485 y revisa qué beneficios recibió tu hogar desde el 18 de septiembre.
