Centenares de familias en Virginia que no han podido pagar el alquiler de su vivienda debido a la pandemia del coronavirus, pueden respirar unos días más sin temor a quedarse en la calle.
Los procedimientos de desalojo en ese estado fueron detenidos el lunes 8 de junio por orden de la Corte Suprema de Virginia, tras el pedido del gobernador Ralph Northam.
El presidente del Tribunal Supremo de Virginia, Donald Lemons, emitió la orden el lunes, la cual permanecerá vigente hasta el 28 de junio.
“Estoy agradecido con el presidente del Tribunal Supremo por otorgar esta orden, y por los activistas que han estado trabajando incansablemente en este importante tema”, dijo Northam en un comunicado.
Una de las organizaciones que abogó con fuerza por los inquilinos es Virginians Organized for Interfaith Community Engagement (VOICE), integrada por varias organizaciones religiosas.
VOICE y una coalición se lanzaron a una campaña para educar y pedir al gobernador que intercediera delante de la Corte Suprema, argumentando que el desalojo masivo tendría un impacto nefasto en las familias y salud pública de los residentes de Virginia, en general.Inquilinos están protegidos hasta el 28 de junio gracias a la extensión.
“Agradecemos al gobernador por su solicitud a la Corte Suprema de detener temporalmente los desalojos. Como resultado de esta acción, decenas de miles de familias, en su mayoría familias de color, no serán expulsadas de sus hogares tras haber perdido sus ingresos económicos”, dijo el reverendo Dr. Darrell King de la Iglesia Bautista de Belén en Gum Springs, Alexandria.
“Esperamos trabajar con el gobernador y otros líderes estatales en los próximos días para abordar la doble crisis que enfrenta nuestro país: COVID-19 y el impacto del racismo sistémico”, agregó.
El reverendo King fue uno de los 76 líderes religiosos que le pidieron al gobernador actuar para que tomara acción en el tema de los desalojos.
Fundada en 2008, VOICE, al igual que sus afiliadas como la Fundación de Áreas Industriales (IAF) tiene un historial de victorias en temas de asequibilidad de la vivienda. Esta vez comenzó a organizarse en torno a la amenaza de desalojo masivo al comienzo de la pandemia del COVID-19.
Otras organizaciones afiliadas de la IAF también han sido exitosas, llevando al gobernador de Massachusetts, Charlie Baker a firmar una de las leyes más fuertes contra el desalojo en los Estados Unidos.
También han sido clave para asegurar fondos anti desalojos de la Ley CARE (incentivo económico del gobierno federal) por más de $100 millones en nueve condados y ciudades de Carolina del Norte y Texas.
Suspendidos desde marzo
Los desalojos en Virginia se suspendieron a mediados de marzo, mientras que los juzgados se cerraron debido a la pandemia de coronavirus. Pero el 17 de mayo, la orden de suspender los procedimientos que no son de emergencia expiró, permitiendo que continúen las demandas atrasadas de desalojo.
El 18 de mayo, una corte de distrito general de Lynchburg escuchó 90 demandas de desalojo, informó The News & Advance.
Plan de asistencia
La moratoria hasta el 28 de junio le da tiempo a la administración de Northam para implementar un programa de alivio de desalojos, durante la pandemia.
El gobernador no ha dado detalles sobre este plan, pero se espera mayor información en las próximas semanas.
El reverendo King se manifestó deseoso de trabajar con la administración Northam y otros líderes de Virginia para participar en el desarrollo del plan de alivio y además abordar el impacto de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
Recomendaciones para inquilinos
Hay mucha confusión en el tema de los desalojos tanto entre inquilinos como dueños de casa. En el caso de los inquilinos el consenso es que aún si está protegido contra un desalojo, debe hablar con el dueño de casa para tratar de llegar a un acuerdo.
Los expertos temen que los casos de desalojos exploten cuando todo retorne a la “nueva normalidad”. Victoria Goncalves, del Latino Economic Development Center (LEDC), teme que “cuando se abran las cortes vamos a ver muchos desalojos, que afectarán desproporcionadamente a los afroamericanos y latinos. Para los abogados que los defienden va a ser imposible servir a todos”.
Según ella, los derechos están diseñados para favorecer a los propietarios, quienes además pueden lidiar con muchos casos a la vez y contratar servicios legales. Los arrendatarios, sobre todo los indocumentados, casi nada tienen a su favor.
Los indocumentados, explicó Caroline Hennessy, especialista de servicios para inquilinos de la organización sin fines de lucro Housing Counseling Services, son quienes están sufriendo más debido a que no han recibido la ayuda federal de $1 mil 200 y tienen muy pocos recursos para solicitar ayuda en caso de perder su empleo.
La recomendación de Goncalves es: “empiecen desde ya a organizarse entre vecinos, hablen o escriban una carta al dueño y negocien un plan de pagos, esa es la mejor opción este momento. Me preocuparía si se van a una huelga de inquilinos sin tener garantizada una representación legal, porque tarde o temprano terminarán en la corte”. De ese mismo parecer es D.C. Tenants’ Rights Center: “antes de cualquier acción extrema como una huelga, acuerden un plan de pagos y que todo quede por escrito, dejando constancia de que no se aplicarán recargos por atrasos”.
