EEUU registra aumento del 100% en cruce de niños no acompañados en la frontera sur

por | Abr 9, 2021

CENTRO. Migrantes en un centro de detención en El Paso, Texas. | FOTO: Sergio Flores — For The Washington Post

Por María Peña – Especial para El Tiempo Latino

WASHINGTON.— Las autoridades de EEUU informaron que han registrado un aumento del 100% en el cruce de niños no acompañados de Centroamérica y del 71% en el resto de migrantes en la frontera sur el mes pasado. La llegada de más de 172 mil migrantes es un claro indicio de que ni los coyotes ni las familias acatan la advertencia de la Administración Biden de que “la frontera está cerrada”.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, fuentes de alto rango de la Administración Biden, que pidieron el anonimato, revelaron las cifras de arresto y expulsiones durante el mes de marzo que, en definitiva, muestran la tendencia de más cruces ilegales en la frontera sur.

Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés), más de 172 mil personas intentaron ingresar a Estados Unidos en la frontera del suroeste el mes pasado, lo que representa un incremento del 71% respecto al mes anterior.

La mayoría de los migrantes eran adultos, aunque los agentes también detuvieron a unidades familiares y niños no acompañados.

Así, la CBP expulsó del país a 103 mil 900 individuos bajo el llamado “Título 42”, una regla federal con la que EEUU prohíbe la entrada al país debido a una crisis de salud pública. Esa cifra de expulsiones representa el 60% del total de intentos de cruces en marzo. Y de éstos, el 28% ya había sido expulsado anteriormente bajo el “Título 42”.


Es decir, los migrantes se quedan en la zona fronteriza para intentar nuevamente un cruce hacia Estados Unidos, según las autoridades.

“El alto nivel de reincidencia significa que no podemos ver estos flujos como personas individuales; con frecuencia, se trata de la misma gente que regresa” a la frontera, explicó una funcionaria.

Respuesta a aumento de niños no acompañados
La CBP también registró un “aumento significativo” en la llegada de niños no acompañados de Centroamérica, con un total de 18 mil 890 en marzo, es decir, un incremento del 100% respecto al mes anterior.

Según la funcionaria, la Administración ha tomado medidas para agilizar el procesamiento de los niños no acompañados y así reducir su tiempo en las instalaciones de la CBP. El promedio diario de niños trasladados fuera de la custodia de la CBP incrementó de 276 en febrero a 507 a finales de marzo.

Bajo las leyes federales, los niños no acompañados son trasladados a albergues del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS, por su sigla en inglés), mientras se procesan sus casos y son entregados a familiares u otros “patrocinadores” en el país.  Se calcula que alrededor del 90% de los menores bajo custodia del HHS son reunificados con sus familiares u otros patrocinadores.

En ese sentido, otra funcionaria explicó que la Administración está habilitando más instalaciones dentro de su red de proveedores en todo el país para el acopio de los menores. Ante la continua llegada de menores en la frontera sur, la Administración ha añadido otras 516 camas a las más de 1 mil 500 que habían sido habilitadas en los albergues bajo contrato del HHS, dijo una funcionaria.


En las últimas semanas, HHS ha habilitado instalaciones en las localidades de Midland y Dallas, ambas en Texas y que tienen 700 y 2 mil 300 camas, respectivamente. Una instalación en Pecos, también en Texas, tiene capacidad para 2 mil menores entre 13 y 17 años, y el lunes ya recibió a 125 menores, según HHS.

El gobierno del presidente, Joe Biden, también está costeando los vuelos para reunificar a los niños con sus familias dentro del país. Aunque la funcionaria no precisó el monto sí hizo énfasis en que HHS no es una agencia policial y no tomará medidas contra familiares que acudan a sus albergues para recuperar a sus hijos.

Parte del aumento se debe a que, según ha reconocido la Administración, hay casos en que las familias se están “auto-separando” en la frontera para mejorar la posibilidad de que al menos sus hijos puedan ser procesados dentro del país.

Durante la llamada telefónica, los funcionarios insistieron en que la Administración Biden heredó una situación complicada en la frontera y ahora intenta aumentar los recursos para procesar a los niños no acompañados y agilizar el procesamiento de solicitudes de asilo.


Advertencia cae en oídos sordos
El aumento en los cruces ilegales representa uno de los principales retos de la Administración Biden, que ha prometido promover una reforma migratoria integral, pero, simultáneamente, afronta desafíos en torno al combate a la pandemia del COVID-19, la reactivación económica, y otras prioridades políticas.

En declaraciones a El Tiempo Latino, Beatriz Afanador, portavoz del grupo Catholic Relief Services, explicó que las condiciones en Centroamérica incluso podrían empeorar por lo que calificó como una inminente “pandemia del hambre”.

“Las familias van a seguir llegando a la frontera porque las cosas pueden incluso empeorar por la amenaza de la hambruna… esta nueva ola de migración tiene su origen en el impacto económico del COVID-19 y las secuelas de los dos letales huracanes (Eta e Iota, del año pasado), que se sumaron a los problemas de pobreza, violencia y falta de oportunidades”, explicó Afanador, quien calificó la situación como “una crisis humanitaria sin precedentes”.

Según Afanador, el informe de la CBP confirma la tendencia al alza que grupos como el suyo han visto en el flujo de migrantes a la frontera sur. En febrero el repunte de la migración de menores no acompañados hacia EEUU fue de un 90% y de las unidades familiares fue del 281%, según datos de albergues que trabajan con migrantes en México, dijo la portavoz.

“Creemos que la principal razón del incremento del flujo migratorio es que los coyotes y las redes criminales están aprovechándose de los cambios en política migratoria para desinformar a la población y generar falsas expectativas sobre los procesos de asilo y reunificación familiar”, advirtió Afanador.

Por su parte, la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva del grupo Catholic Charities en el Valle del Rio Grande, ha dicho que las familias siguen huyendo de sus países, donde la situación “no ha cambiado”.

“Lo que vemos acá en la frontera desde 2014 es que hay un gran aumento de niños no acompañados, de familias, de madres con hijos, y desde 2019 y hasta ahora, es lo mismo… familias que tienen la esperanza de que al entrar a EEUU estarán a salvo”, dijo Pimentel en declaraciones a la cadena televisiva CBS.

El mensaje de que “la frontera está cerrada” no parece cerrar el grifo de la emigración ilegal desde Centroamérica, aún cuando la Administración Biden tampoco prevé un cambio de política respecto a las expulsiones bajo el llamado “Título 42”.

Preguntada sobre por qué continuar la aplicación del “Título 42” ante la reincidencia en los cruces ilegales, una funcionaria de la Administración dijo que el gobierno de EEUU simplemente está cumpliendo con un reglamento de salud pública emitido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Ayuda de USAID
El lunes, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional informó de que activará un “equipo de respuesta a asistencia por desastres” (DART, por su sigla en inglés) para responder a las “urgentes necesidades humanitarias en el Triángulo del Norte” y proveer asistencia técnica a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras. La idea es ayudarlos a fortalecer los programas de capacitación laboral, asistencia alimentaria y la protección de las comunidades más vulnerables.

Biden ganó la presidencia en parte por sus promesas de promover la legalización permanente de la población indocumentada y atender de raíz las causas de la emigración ilegal desde Centroamérica.

Biden prometió una inversión de $4,000 millones como parte de una estrategia regional de cuatro años para el Triángulo del Norte, aunque el mes pasado anunció una serie de condiciones para el desembolso de esos fondos, incluyendo un mayor combate a la corrupción y el fomento de la buena gobernanza.

La Administración Biden delineó una serie de metas como condición de la ayuda estadounidense, como la rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos, elecciones justas, y el respeto a los derechos humanos.


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