Durante la mayor parte de los primeros 60 días de la administración del presidente Joe Biden, la Casa Blanca controló la agenda y la discusión nacional. Su equipo se centró en la pandemia de coronavirus, aceleró con éxito el ritmo de la vacunación mientras impulsaba al Congreso el Plan de Rescate Estadounidense, de $1,9 billones.
Pero Biden y su equipo ahora se enfrentan a lo que todas las administraciones eventualmente enfrentan: los eventos imprevistos que pueden interrumpir los planes y la coreografía mejor trazada de una gestión. El aumento de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México ha logrado precisamente eso, y ha amplificado un problema que durante mucho tiempo ha sido una vulnerabilidad para los demócratas.
Biden abrió su administración decidido a señalar un cambio de las políticas de inmigración de su predecesor, Donald Trump. Firmó una proclama en la que pedía que se detuviera la construcción del muro fronterizo, que era el proyecto favorito del expresidente. También cumplió con una promesa de campaña de proponer una legislación para reescribir las leyes de inmigración, incluido un eventual camino hacia la ciudadanía para los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Luego vino el aumento en la migración a través de la frontera, con una llegada sustancial de menores no acompañados. Cualquiera que sea la respuesta, la administración Biden se ha encontrado con una emergencia humanitaria y un lío político en ciernes que no está preparada para manejar, reseñó The Washington Post en un análisis de Dan Balz.
Los funcionarios de la administración han culpado a la gestión de Donald Trump de algunos de sus problemas, alegando que heredaron un sistema roto y punitivo. Pero se han enfrentado cara a cara con el tema que durante mucho tiempo ha molestado a muchos demócratas: ¿Qué hacer cuando alguien cruza la frontera ilegalmente? En otras palabras, ¿cuán estrictamente se debe hacer cumplir la ley y cuáles son las consecuencias de hacerlo o no hacerlo?
El tema de la frontera surgió en el primer debate presidencial demócrata en junio de 2019, un evento de dos noches celebrado en Miami. En la primera noche, Julián Castro, exsecretario de Vivienda y exalcalde de San Antonio, pidió el fin de las sanciones penales para quienes crucen ilegalmente la frontera, argumentando que la violación debe reducirse a una sanción civil.
En la segunda noche, se pidió a todos los demócratas en el escenario que levantaran la mano si apoyaban el llamado de Castro para despenalizar la frontera. Todos menos dos mostraron su apoyo de inmediato, pero uno que no lo hizo fue Biden. Pareció equivocarse al no levantar completamente la mano.
Cuando se le preguntó específicamente cuál era su posición sobre la cuestión, se desvió. Dijo que uniría a las familias y también enviaría miles de millones de dólares en ayuda estadounidense a países de Centroamérica como una forma de mejorar las condiciones lo suficiente como para desalentar la migración hacia el norte.
En una pregunta de seguimiento, se le interrogó: “¿Alguien que está aquí sin documentos, y ese es su único delito, debe ser deportado?” Respondió diciendo: “Esa persona no debería ser el centro de la deportación. Debemos cambiar fundamentalmente la forma en que tratamos las cosas”.
La semana pasada, en una entrevista con George Stephanopoulos de ABC, Biden descartó la idea de que el aumento de la migración sea el resultado de su actitud más acogedora, como algunos de ellos habrían dicho a funcionarios estadounidenses. Impulsado por Stephanopoulos, dijo: “Digo muy claramente, 'No vengas'”, y agregó: “'No salgas de tu pueblo, ciudad o comunidad'”.
Biden explicó en la entrevista que el gobierno de Estados Unidos establecería centros en estos países donde los solicitantes de asilo podrían presentar sus solicitudes. Eso llevará tiempo. El gobierno también está buscando ayuda de México para absorber parte de la afluencia, y la administración acordó enviar millones de dosis de vacunas contra el coronavirus al país vecino.
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El desafío para la administración es demostrar que puede lograr un equilibrio entre una política de inmigración más compasiva y humana en la frontera y una política que trata con firmeza a quienes violan la ley y que, en última instancia, desalienta a las personas, incluidos los solicitantes de asilo, al intentar llegar en números abrumadores.
Pero los aliados de la administración reconocen los riesgos políticos del momento.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comentó la semana pasada que el país está en camino a registrar el mayor número de personas que cruzan la frontera en 20 años.
Los funcionarios de la administración dicen que están devolviendo a los adultos que no buscan asilo, siguiendo una orden de salud pública que fue adoptada por la administración anterior durante la pandemia. También han enviado de regreso a algunas familias con niños, aunque debido a la incapacidad de México para manejar a estas familias cerca de la frontera, a la mayoría se les permitió permanecer en el país en febrero.
La administración no está enviando de regreso a menores no acompañados, y hasta el jueves se estimaba que había 14 mil en manos de Estados Unidos bajo custodia del gobierno.
La administración intenta acelerar el proceso de trasladarlos de la custodia de los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza a las manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos y, luego, en la medida de lo posible, reubicarlos con familiares o patrocinadores en los Estados Unidos.
Los republicanos, que no han tenido un mensaje efectivo para contrarrestar el paquete de alivio del coronavirus de la administración, han aprovechado el aumento de la migración para criticar a Biden por favorecer las fronteras abiertas. La administración está trabajando activamente para evitarlo. Pero la Casa Blanca también está bajo presión de la izquierda para demostrar que es más humana que el gobierno de Trump, y eso se ha sumado a la presión para lidiar con la situación de la manera más rápida y efectiva posible.
Biden ha tenido poco que decir sobre el asunto y los funcionarios de su administración, hasta ahora, no han permitido que los reporteros conozcan de primera mano las condiciones de los niños bajo custodia.
Mayorkas visitó la frontera con un grupo bipartidista de legisladores el viernes, pero no llevó a ningún reportero con él. Los funcionarios parecen querer la menor atención posible centrada en el problema, mientras se esfuerzan por crear un sistema para manejar humanamente a los niños y aliviar parte de la creciente presión política.
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En la mayoría de los temas relacionados con la inmigración, mayorías demócratas considerables apoyan un camino hacia el estatus legal para los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, y también apoyan un camino hacia el estatus legal o la ciudadanía para los jóvenes que fueron traídos ilegalmente cuando eran menores, los conocidos como “dreamers” o “soñadores”. Pero en temas fronterizos, la opinión pública está en un lugar diferente.
Cuando la administración Trump estaba lidiando con un aumento repentino en la frontera y había instituido una política que separaba a los niños, The Washington Post y la Escuela Schar de la Universidad George Mason examinaron las actitudes sobre una variedad de problemas de inmigración. Luego, una pluralidad de estadounidenses dijo que confiaba más en los demócratas en el Congreso que en Trump para abordar el problema general de la inmigración.
Pero una pluralidad dijo que confiaban en Trump más que en los demócratas del Congreso para lidiar con la seguridad en la frontera.
La situación humanitaria en la frontera y la perspectiva de un máximo en 20 años de personas que cruzan a los Estados Unidos afectarán el clima para la acción legislativa sobre inmigración.
La semana pasada, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que proporcionaría un camino hacia la legalización para los soñadores y otros grupos, pero solo nueve republicanos apoyaron la medida. En el Senado, los republicanos a la propuesta están exigiendo disposiciones para lidiar con la seguridad fronteriza como un precio por su apoyo.
Estos aumentos repentinos en la inmigración han ocurrido en administraciones anteriores y por una variedad de factores, desde la pobreza y la violencia hasta los desastres naturales contribuyen a alentar a las personas a dejar sus países de origen y dirigirse al norte. Este es ahora el desafío de Biden, acelerar el manejo de los menores no acompañados, establecer una política clara y calibrar sus mensajes tanto para los de otros países como para una audiencia nacional que juzgará su administración.
Por: Dan Balz/The Washington Post.
Traducción libre del inglés por El Tiempo Latino.
