Chicago- Un abogado de Illinois de origen hispano está al frente de la defensa de los derechos laborales de los cerca de 70.000 trabajadores agrícolas en el estado, muchos de ellos “invisibles” para la sociedad.
Miguel Keberlein, quien desde 2009 se desempeña como supervisor en el Illinois Migrant Legal Assistance Project, presta servicios legales a los trabajadores migrantes que trabajan en las cosechas en Illinois.
Keberlein, graduado de la escuela de leyes de la Universidad de Wisconsin, comenzó en 2002 a trabajar para Legal Assistance Foundation of Metropolitan Chicago (LAF) y cuando esta organización comenzó el proyecto para ayudar a los migrantes, Keberlein no dudó en aceptar ese puesto.
Con una maestría de la Universidad de Iowa en la gestión de proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo, este abogado de padre estadounidense y madre guatemalteca, ha trabajado anteriormente con el grupo Water For People, que construye sistemas de agua potable, escuelas y puentes en comunidades rurales de Guatemala.
Ayudar a los demás le viene de familia, ya que su padre conoció a su madre en los años 60 en Guatemala como parte de los Peace Corps.
Por ello fue casi natural que optara por ayudar a los migrantes, los cuales para el resto del estado y de la nación son una minoría invisible.
“Es una población que simplemente opera fuera del radar”, dijo Keberlein en entrevista con Efe. “Es una gente que trabaja en los campos desde que sale el sol hasta que se oculta, pero que la gente nunca los ve”.
La mayoría de los trabajadores migrantes en el estado provienen de lugares como Florida, Texas y México. Muchos de ellos vienen contratados desde fuera, pero otros simplemente continúan el ciclo migratorio que sus familias han seguido por décadas.
Los trabajadores migrantes se establecen en Illinois de abril a septiembre. Pero otro gran número de ellos se quedan todo el año trabajando en las empacadoras de carne o enlatadoras de conservas.
Keberlein, junto al abogado José Alonzo y el asistente Pedro Gaytán, visitan regularmente los campos agrícolas en el sur y centro del estado e, inclusive, abren oficinas temporales en las que estudiantes de leyes asesoran a los trabajadores en casos civiles, no criminales.
El proyecto trata de resolver las quejas en una corte federal pero si eso falla, estos abogados también tratan de involucrar a las agencias federales la pertinentes como la Dirección de Salud y Seguridad Laboral(OSHA, en inglés).
La mayoría de los casos de los trabajadores migrantes, explicó Keberlein, se centran en cuestiones de empleo.
“El corazón de cada queja que recibimos al comienzo tiene que ver con que no me pagaron lo que debían pagarme o me faltó un cheque. Después cuando analizamos la situación nos damos cuenta que también fueron expuestos a las pesticidas o su vivienda es terrible o que compraron un carro y los estafaron”, afirmó el defensor.
Un agravante es que la mayoría de los migrantes son contratados fuera del estado por un jefe de cuadrilla que recibe un presupuesto fijo de la compañía.
“Los jefes de cuadrilla tienen todo el incentivo de cortar los gastos y hacer todo más barato”, apuntó el abogado.
Aparte de los bajos salarios, los trabajadores agrícolas también son alojados en viviendas inadecuadas.
“Hay un hospital abandonado en Rantoul, Illinois, en donde cuatrocientos y pico trabajadores migrantes son alojados cada verano, también en viejos moteles que nadie ve, casas deterioradas”, explicó Keberlein.
Y aunque el cultivo del maíz es una de las cosechas mejor remuneradas en términos de dinero, esta población de trabajadores migrantes está en su mayoría excluida de las leyes que protegen al resto de los trabajadores.
Los trabajadores migrantes no están bajo el amparo del National Labor Relations Act (NLRA). Tampoco reciben pago por tiempo extra (overtime) y carecen del derecho a sindicalizarse, excepto en California y en el estado de Washington.
Uno de las peores experiencias en cuando un trabajador agrícola muere en el campo bajo extremas condiciones de trabajo.
Tal es el caso de Humberto Casarrubias Sánchez, un trabajador huésped mexicano, que fue reportado desaparecido el 19 de julio del 2010 en Tampico, Illinois donde trabajaba.
Sánchez, de 36 años y originario de Mazatepec, Guerrero, fue encontrado muerto el 3 de septiembre de ese mismo año.
El proyecto legal está ahora demandando a la compañía que lo contrató por no prestar protección adecuada al trabajador agrícola.
“El índice de calor ese día estaba como a cien grados”, apuntó Keberlein. “Ya otras compañías habían dejado de trabajar ese día e inclusive jóvenes locales del área ya no estaban cosechando maíz. Él se había caído un par de veces ese día y no estaba bastante hidratado o bajo cuidado”, relató Keberlein.
“Es una cuestión de defender la dignidad humana de los que están trabajando y luchando para que todos nosotros tengamos comida para comer”, señaló Keberlein.