El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que escuchará los argumentos sobre el caso de las acciones ejecutivas en materia migratoria del presidente Barack Obama el próximo 18 de abril.
La Corte, máxima instancia judicial del país, sitúa así el caso entre las prioridades de su agenda.
El Tribunal Supremo podría dictar sentencia ya en junio, al pronunciarse sobre múltiples aspectos de la conocida acción diferida (DACA), que pretende evitar la deportación de millones de jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo niños, así como sobre la versión destinada a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o permiso de residencia (DAPA).
Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito del Partido Republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados priorizando “la deportación de criminales, y no la de las familias”, según Casa Blanca.
Ante esta situación, la oposición republicana decidió llevar las acciones migratorias del presidente ante los tribunales, y tras casi un año de litigios, es ahora el turno de la más alta instancia judicial dirimir o no sobre el asunto.
Cada año, el Tribunal Supremo recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.
El debate en el alto tribunal promete despertar una batalla política entre demócratas y republicanos, que han convertido la inmigración en un tema de campaña y que en junio, cuando se pronunciaría el Supremo, estarían a pocas semanas de celebrar sus convenciones nacionales para elegir a los candidatos presidenciales.
Los legisladores demócratas con las medidas de Obama
Un total de 225 legisladores demócratas., entre ellos sus principales líderes en el Congreso, presentaron el 8 de marzo un documento ante el Tribunal Supremo en el que defienden la legalidad de las medidas migratorias impulsadas por el presidente Barack Obama a través de órdenes ejecutivas.
Entre los firmantes de este “amicus curiae”, a cuyo texto tuvo acceso Efe, se encuentran la líder de la Minoría Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la Minoría Demócrata en el Senado, Harry Reid, quienes defendieron las medidas ejecutivas de Obama en materia migratoria al considerar que están “autorizadas” por la ley.
“Las acciones ejecutivas sobre inmigración del presidente Obama caen dentro de los precedentes constitucionales y legales establecidos por cada presidente republicano y demócrata de los Estados Unidos desde (Dwight) Eisenhower,” indicaron Pelosi y Reid en un comunicado adjunto al documento.
“De hecho, debido a la inacción del Congreso estadounidense, los presidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush tomaron acción para proteger a los cónyuges e hijos de personas que recibieron estatus legal bajo la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986”, matizaron los legisladores progresistas.
El escrito, firmado por 186 congresistas y 39 senadores, argumenta que “el Congreso (…) animó al Ejecutivo a utilizar sus recursos de manera racional y eficaz en los casos en los que la deportación sea de interés para la nación, para proporcionar el máximo rendimiento” de la inversión realizada por el Congreso en materia de inmigración.
“Como representantes de diversas comunidades de los Estados Unidos, los firmantes han sido testigos de cómo un enfoque de la aplicación de las leyes de inmigración que no se centra en las prioridades adecuadas socava la confianza en esas leyes, un desperdicio de recursos y la división a las familias, exigiendo por lo tanto un peaje grave para el hombre”, señalan los legisladores en el escrito.
La presentación del “amicus curiae”, un texto de apoyo a una causa en litigio aportado por un tercero, se produce más de un mes antes de que la máxima corte judicial de EE.UU. escuche los argumentos sobre el caso de las medidas ejecutivas de Obama en inmigración el próximo 18 de abril.
En medio de deportaciones
El anuncio del máximo tribunal de justicia ocurre en momentos en que la comunidad de inmigrantes se encuentra atemorizada por una serie de redadas que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en ingles) lanzó a inicios del año.
En estos operativos, que se concentraron en el primer fin de semana de enero, agentes federales arrestaron a 121 indocumentados en Carolina del Norte, Georgia y Texas.
Ellos, según las autoridades, entraron a Estados Unidos después del 1 de enero de 2014, no tenían causa de asilo y contaban con una orden final de deportación.
El TRAC de la Universidad de Syracuse reportó que en 18 meses las cortes de inmigración emitieron 18.607 órdenes de deportación a mujeres migrantes con niños y que el 86% de ellas no tuvo representación legal. Por su parte, la directora de polìtica interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo que el gobierno no detendrá su política de deportaciones de migrantes centroamericanos que no tienen causa de asilo y recibieron una orden de expulsión del país.
Obama anunció la Acción Ejecutiva 18 meses después que el Senado aprobara, el 27 de junio de 2013, un plan de reforma migratoria que el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes frenó con argumentaciones legales.
