Un juez federal emitió un requerimiento judicial para bloquear permanentemente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para negar fondos a las ciudades que se rehusaran a cooperar con los funcionarios federales de inmigración, ya que encontró que la orden era inconstitucional.
El fallo del Juez de Distrito William H. Orrick en San Francisco se produce en respuesta a una demanda presentada por la ciudad de San Francisco y el cercano Condado de Santa Clara, y se produce después de una suspensión temporal de la orden emitida por el juez en abril.
Orrick, en su resumen del caso el lunes, descubrió que los esfuerzos de la administración Trump de usar a los funcionarios locales para que cooperen con sus planes de deportar a inmigrantes indocumentados violaron la doctrina de separación de poderes y las enmiendas quinta y décima.
“La Constitución concede los poderes de gasto al Congreso, no el Presidente, por lo que la Orden Ejecutiva no puede establecer nuevas condiciones constitucionales sobre los fondos federales. Además, la Décima Enmienda requiere que las condiciones sobre los fondos federales sean inequívocas y oportunas, que tengan alguna relación con los fondos en cuestión, y que no sean excesivamente coercitivos”, escribió el juez. “Los fondos federales que no tienen una relación significativa con la aplicación de la ley de inmigración no pueden verse amenazados simplemente porque una jurisdicción elige una estrategia de aplicación de inmigración que el Presidente desaprueba”.
En la corte, a principios de este año, los abogados del gobierno habían dicho que las ciudades estaban reaccionando exageradamente a la orden porque los funcionarios federales aún no se habían hecho nada para retenerles el financiamiento.
La decisión marca otro golpe a la administración Trump por parte de la rama judicial. Otros jueces federales han bloqueado el veto migratorio de la administración luego de cuestionar su constitucionalidad. Esas decisiones aún se abren paso en los tribunales federales de apelación.
El abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, describió la decisión de Orrick como una victoria para el “estado de derecho”.
“Nadie está por encima de la ley, incluido el presidente. El presidente Trump puede ser capaz de tuitear cualquier cosa que le venga a la mente, pero no puede otorgarse una nueva autoridad porque le da la gana”, dijo en un comunicado. “Este caso es un freno al abuso de poder del presidente, que es exactamente lo que los redactores de la Constitución tenían en mente”.
La orden ejecutiva sobre las llamadas ciudades santuario se emitió unos días después de que Trump asumió el cargo en enero, y trató de retener fondos de las ciudades que decidieron no cooperar con los planes federales para deportar a los inmigrantes indocumentados. Su constitucionalidad, o la falta de ella, fue tema de un inmediato debate en ese momento.
Cuando Orrick emitió el requerimiento preliminar -un bloqueo temporal de la orden- en el verano, Trump arremetió en Twitter, agrupando la decisión con órdenes que habían bloqueado su veto migratorio, y calificándola de “ridícula”. La Casa Blanca emitió una declaración donde llamó al fallo un “regalo” para las pandillas que pone en riesgo “miles de vidas inocentes”.
Como lo hicieron otros jueces al evaluar el veto migratorio, Orrick tuvo en cuenta las declaraciones del presidente, así como las del fiscal general Jeff Sessions y otros en la administración, para evaluar su intención y propósito.
“Y si había dudas sobre el alcance de la orden ejecutiva, el presidente y el fiscal general la borraron con sus comentarios públicos”, escribió Orrick. “El Presidente lo ha llamado ‘un arma’ contra jurisdicciones que no están de acuerdo con sus políticas preferidas de aplicación de la ley de inmigración, y su secretario de prensa reiteró que el presidente tiene la intención de garantizar que ‘los condados y otras instituciones que permanecen como ciudades santuario no reciban fondos federales financiación del gobierno de conformidad con la orden ejecutiva’”. “
Sessions había emitido un memorando que intentaba aclarar la orden ejecutiva en mayo; Orrick descubrió que el memorando equivalía a “nada más que una promesa ilusoria de hacer cumplir estrictamente la Orden Ejecutiva”.
“Para solucionar los problemas constitucionales que identifiqué, la orden ejecutiva misma necesitaría ser enmendada”, escribió el juez.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si planeaba apelar el fallo.
Trump ha dicho que las ciudades santuario ponen en peligro a los estadounidenses al negarse a detener a los inmigrantes que han sido arrestados o condenados por delitos graves hasta que los agentes de inmigración puedan arrestarlos y deportarlos.
En un comunicado sobre la decisión, Herrera señaló que San Francisco cumple con la ley federal de inmigración.
“El gobierno federal siempre ha tenido la libertad de aplicar la ley de inmigración en San Francisco, al igual que en cualquier otra parte del país”, escribió. “Pero nuestros maestros, médicos y agentes de policía no pueden ser reclutados para convertirse en agentes de inmigración. Las políticas de (ciudad) santuario de San Francisco hacen que nuestra ciudad sea más segura al alentar a cualquiera que haya sido víctima o testigo de un delito a ir la policía”.
Heidi Li Feldman, profesora de derecho en la Universidad de Georgetown, calificó el fallo del juez como un “reconocimiento a la falta de legalidad” de la orden.
“Lo sorprendente de esto es la meticulosidad con la que rechaza la orden ejecutiva”, dijo. “Las principales formas en que una acción ejecutiva puede no ser constitucional están todas incluidas en esta demanda, y Orrick acepta el argumento de que esta administración ha violado la constitución en en todas las formas en las que la rama ejecutiva (del gobierno) podría hacerlo”.
La periodista del Washington Post Maria Sacchetti contribuyó con este reporte.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
