El juzgado de garantías ponderó los argumentos y la evidencia para concluir que Roberto Prieto sí incurrió en delitos en su pretensión de cubrir el déficit de la campaña presidencial. Encontró que el conjunto de elementos probatorios indica que el acusado se preocupó por no dejar huella en varios de los actos ilegales acreditados y trató de incidir en la investigación persuadiendo a testigos en su contra.
Aunque la orden del juez es que Prieto sea enviado a la cárcel La Modelo, su abogado solicitó que sea recluido en un lugar más seguro para él.
“Que sea enviado a una brigada militar por razones de seguridad y de salud”, dijo al juez su defensor, Marlon Díaz.
El juez de garantías tomó la determinación luego de meses de largas y densas audiencias, contratiempos e incluso el fallecimiento de Luis Prieto Ocampo, padre de Roberto Prieto, hecho que obligó a aplazar la diligencia en la que sus abogados intervinieron para exponer los argumentos opuestos a la Fiscalía.
El ente acusador señala a Prieto, ex gerente de la campaña Santos Presidente en 2014, de ser el presunto responsable de cinco delitos por, supuestamente, haber recibido dinero de Eduardo Zambrano, contratista de Odebrecht, para gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una adición contractual de la Ruta del Sol III, adjudicada al concesionario Yuma, y por los hechos que rodean la supuesta entrada de dineros de la multinacional brasileña a la campaña electoral.
Los delitos que le endilgó la Fiscalía son falso testimonio, porque supuestamente mintió sobre la entrada de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial que dirigía; falsedad en documento, pues la coima que habría recibido por su gestión ante la ANI se pagó, según Zambrano, a través de un acta comercial falsa de la empresa Megaland; tráfico de influencias, pues, dice la Fiscalía, se valió de su figuración en campañas políticas para ejecutar maniobras como el lobby a favor del contrato de Yuma. Prieto también enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito porque, presuntamente, recibió 680 millones de pesos de Zambrano por su gestión.
La posición de la Procuraduría fue adversa a Prieto. El representante del Ministerio Público respaldó la solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión preventiva a Prieto. Y a eso se sumó que hace unos días se conoció el fallo de un juzgado de Medellín que condenó a Gilberto Hernán Saldarriaga a 8 meses de cárcel por el delito de falsedad en documento privado.
Saldarriaga es el empresario titular de la firma Megaland a través de la cual Zambrano asegura haberle enviado a Prieto los 680 millones de pesos. El empresario aseguró que a las cuentas de su empresa entró esa plata y que él mismo se ocupó de retirarla, traerla a Bogotá y entregársela a Prieto.
La defensa del acusado explicó que eso ocurrió en el marco de una negocio entre particulares y rechazó la tesis de la Fiscalía de que Prieto, sin siquiera ser un funcionario, tuviese posibilidad de incidir en las decisiones colectivas y técnicas que tomó la ANI respecto al tramo en cuestión, dentro de la mega obra Ruta del Sol 3.
Los abogados de Prieto también rechazaron una serie de audios “cuidadosamente seleccionados” por la Fiscalía para argumentar que Prieto podría ser, para la investigación, un peligro en libertad. Las interceptaciones en las que se escucha a Prieto usando un lenguaje soez son ruidosas mediáticamente pero no entrañan ningún delito ni guardan relación con los hechos que se imputan, argumentó la defensa de Prieto.
Fuente: Semana
