Menos de una semana después de que la Fiscalía decidiera archivar la investigación penal en contra de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, la Procuraduría encontró méritos para tomar una decisión en el sentido opuesto. El Ministerio Público anunció el llamado a juicio disciplinario en contra de las exfuncionarias del gobierno Santos para que respondan por un supuesto conflicto de intereses en la aprobación de dos Conpes: el que dio vía libre al otrosí Ocaña-Gamarra y el contrato para la recuperación del río Magdalena. Ambos terminaron en manos de Odebrecht.
Las autoridades abrieron investigación a las exfuncionarias, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez las denunciara en la Fiscalía; y el abogado Jaime Lombana enviara una queja a la Procuraduría.
El Ministerio Público cuestiona a las exministras por las circunstancias en las cuales se dio la aprobación del Conpes 3817, que declaró la importancia estratégica del corredor Ocaña–Gamarra, así como las conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra. Para el ente de control ellas estaban presuntamente inmersas en una causal de impedimento y pudieron haber favorecido a sus familiares con su participación.
El Conpes fue aprobado el 2 de octubre de 2014. Y tanto Álvarez como Parody aparecen como firmantes al encontrarse al frente de las carteras de Comercio y de Educación, respectivamente.
La Procuraduría también le imputó a la exministra Álvarez, el cargo por el mismo comportamiento presuntamente irregular en la suscripción de la Resolución 2127 del 22 de julio de 2014, que ordenó la creación de dos peajes en la ruta Ocaña – Gamarra y aumentó la tarifa en las estaciones existentes.
El Ministerio Público también cuestiona a Cecilia Álvarez porque entre el 3 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014 no se declaró impedida para la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013. Este último, trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena y definió las acciones complementarias para hacer que las obras fueran una realidad.
“Los impedimentos son mecanismos que tienen como finalidad garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y garantizar la transparencia previniendo que se presenten situaciones en las que el interés particular prevalezca o entre en conflicto con el interés público”, dice la resolución.
Fuente: Semana
