Mauricio Funes es reclamado por las autoridades judiciales salvadoreñas para que responda por presuntamente haber sustraído más de 351 millones de dólares de los fondos de la Presidencia de la República; de los cuales habría lavado 10,4 millones de dólares en gastos suntuosos, lujos y despilfarro de dinero en efectivo, según las investigaciones de la Fiscalía General.
Señala el Ministerio Público que durante su gestión presidencial (2009-2014) utilizó fondos públicos para beneficio personal, de sus familiares y de sus exfuncionarios; con los que realizó una serie de acciones que según la Fiscalía son constitutivas de lavado de dinero.
Para lo anterior, Funes habría acudido a por lo menos 16 modalidades para poder ocultar el origen ilícito de los fondos.
Señala la Fiscalía que Funes habría utilizado el sistema financiero para hacer grandes depósitos de dinero, compró vehículos para su uso personal y de otras personas, adquirió -con prestanombres- y rentó inmuebles como residencias lujosas, realizó viajes al extranjero junto a su familia, compañeras de vida y hasta los parientes de la ex primera dama Vanda Pignato.
Otros de los rubros en los que habría lavado los más de 10 millones de dólares se destaca el pago en efectivo a la mayoría de los imputados en el caso Saqueo Público, en la compra de armas de fuego con prestanombres, pagos de servicios hospitalarios, compra de artículos de lujo, cancelación de las cuotas escolares de dos hijos en colegios bilingües, y el pago de impuestos a favor de la empresa Polistepeque.
Las empresas Cosase y la constructora del ex viceministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos, también recibieron fondos públicos sin justificación, de acuerdo con la Fiscalía.
Las acusaciones en contra de Funes están sustentadas en pruebas documentales y testimoniales obtenidas en la investigación que comenzó en agosto del 2016, “lo que ha permitido llegar a la única conclusión que el imputado Funes Cartagena es el responsable de la comisión de estas actividades ilícitas que han derivado de la apropiación ilícita de fondos públicos para provecho personal y particular”.
Señala la Fiscalía que se ha realizado “una búsqueda de todas las posibles fuentes legales que una persona pueda tener, pero en este caso únicamente se ha encontrado que a medida se avanza en la investigación el imputado lo único que refleja es una falta de capacidad económica que no logra justificar todas las operaciones que ha realizado”.
Funes planificó una serie de acciones con el propósito de “perder el rastro de los fondos ilícitos, ha realizado mezclas de capital lícito e ilícito, para confundir o evadir la acción de la justicia”, asegura el ente fiscal, que tramita su extradición.
Destaca que aunque Funes “intentó cubrirse realizando maniobras complejas para ocultar su actuar delictivo, su situación patrimonial previo a fungir como Presidente de la República, era tan distinta, que es imposible que lograra pasar desapercibido toda esa bonanza económica que demostró durante su período presidencial”.
“(Ha quedado) en evidencia que esta persona antes de entrar a fungir como presidente de la República no era una persona que gozaba de capacidad económica y que su fuente de ingresos era su salario, el cual en su mayor porcentaje se utilizaba para sus gastos personales”, agregó la Fiscalía.
Otro de los hallazgos descubiertos por la investigación fiscal es que el imputado Funes Cartagena siguió manteniendo “ese estilo de vida ostentoso, incluso después de su gestión presidencial, el cual trató de justificar simulando contratos para evitar cuestionamientos y consecuencias legales”.
Incluso desde que se retiró de la Presidencia hasta la fecha en la que le congelaron sus cuentas bancarias y otros bienes, Funes gastó la cantidad de $ 130.579; inversión que no pudo sustentar legalmente porque en ese período no tenía fuentes generadoras de ingresos, según la Fiscalía.
Los exclusivos colegios en los que estudiaban sus dos hijos menores también fueron pagados con fondos públicos, aún después de su gestión presidencial. Las investigaciones fiscales descubrieron que Funes pagó $ 50.528 en matrículas, colegiaturas, uniformes y útiles escolares en el período comprendido entre abril del 2010 y el año 2016.
Lo que llama la atención de la Fiscalía es que esos gastos escolares de sus dos hijos menores siempre los hacía en efectivo.
Señala la Fiscalía que Funes nunca tuvo la capacidad económica, ni como Presidente porque el salario que devengaba ($ 5.181 en promedio), no era suficiente para pagar esos colegios, y menos después de su gestión, porque no tenía fuentes de ingresos lícitos.
Fuente: David Marroquín/ElSalvador.com
