Las autoridades colombianas y estadounidenses avanzan con sigilo en una investigación que comprometería a abogados y funcionarios, que intentaron incluir a capos en los beneficios que resultaron de los acuerdos de paz de La Habana. Hace una semana, una corte de Texas acusó a la abogada Maritza Claudia Fernanda Lorza, por intentar colar a por lo menos cuatro narcos en los listados de integrantes de las Farc.
Este martes, la Fiscalía anunció la captura de Fernando Gutiérrez Urrego, juez Sexto Civil Municipal, quien habría tramitado de manera irregular un habeas corpus en favor de Édison Perlaza Orobio, un presunto capo que logró colarse en los listados. Aunque este recurso fue tumbado por el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, en respuesta a una tutela de la Fiscalía, las investigaciones contra el funcionario judicial siguieron avanzando.
Por ello, fue presentado ante un juez para que responda por el delito de prevaricato por acción. Un juez de control de garantías de Buenaventura le impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
El presunto capo a quien le concedió el habeas corpus es Édinson Perlaza Orobio, quien fue solicitado en extradición el 28 de julio de 2016 por la Corte del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos). Tres meses después, la Fiscalía ordenó su captura, y se hizo efectiva en el municipio de Girardot (Cundinamarca).
Producto de ese proceso, Perlaza Orobio fue recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá. En el trámite, la Corte Suprema de Justicia logró verificar que en realidad no se trataba de un integrante de las Farc, por ello dio concepto favorable a su extradición el pasado 14 de marzo. Para las autoridades, se trata de un integrante de una organización de delincuencia común, a pesar de haber sido acreditado como guerrillero en julio de 2017.
Fuente: Semana
