Como lo había anunciado, la defensa del expresidente Álvaro Uribe acudió este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares en su proceso penal en Colombia. La Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria para que responda por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, a lo que el exmandatario respondió con una solicitud ante el sistema interamericano que cuestiona las competencias y la imparcialidad de los magistrados investigadores.
El documento, elaborado por el abogado Víctor Mosquera Marín, hace un llamado a que la Comisión dé garantías respecto a que quienes desarrollen las actuaciones sean “competentes, independientes e imparciales”. Principalmente, la solicitud busca provocar un pronunciamiento del sistema internacional respecto a la facultad de la actual Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para actuar como investigador y juez en el caso, cuando consideran que el Acto Legislativo, firmado por el presidente Juan Manuel Santos el 18 de enero del 2018, les quitó esa competencia.
“Se debe resaltar que se violentó y transgredió el artículo 186 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había perdido la competencia desde el 18 de enero de 2018 para investigar al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, ya que el texto constitucional fue claro al establecer que la competente para investigar lo era la Sala Especial de Instrucción”, dice la solicitud.
Este es un debate que, por ahora, está zanjado en Colombia. Al no incluir artículos transitorios que hicieran explícitas cuáles serían las competencias de la Sala Penal en tanto entraban a funcionar las salas especiales de primera instancia, El Acto Legislativo hizo que los magistrados se vieran obligados a adoptar una línea jurídica. En diferentes decisiones, la Sala Penal ha reiterado que no paralizarán la administración de justicia para los aforados y mantendrán sus competencias de investigación y juzgamiento en tanto no se posesionen los nuevos magistrados. Así también fue ratificado por la Sala Laboral y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunciaron sobre el tema luego de revisar una tutela del exsenador Álvaro Ashton que presentó alegatos en esta misma dirección.
Aun así, el abogado califica de “ilegítimas, ilegales y arbitrarias” las medidas tomadas en contra del senador ya que fueron proferidas por juez “incompetente”: “Así mismo, una situación en la que los intentos del individuo de acceder a su juez competente se ven sistemáticamente frustrados de iure y de facto atentando contra las garantías del debido proceso”.
El documento de la defensa de Uribe también cuestiona que hubieran sido los mismos magistrados encargados de archivar la investigación en contra del senador Iván Cepeda y compulsarle copias al expresidente, a los que les hubiera correspondido el reparto para adelantar la indagación preliminar en contra de Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos. “Todo esto inobservando la garantía de imparcialidad, en tanto la misma Sala volvió a asumir el conocimiento respecto de un caso del que ya había exteriorizado una posición desfavorable y en contra del senador y expresidente”, aseguran.
Alegan que los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro ya habían mostrado predisposición en contra de Uribe, como se demuestra en la providencia del 16 de febrero de 2018 que ordenó la compulsa de copias y en el recurso de reposición que fue contestado negativamente.
En otro aparte de la solicitud, los abogados de Uribe manifiestan que las labores investigativas se iniciaron el 23 de febrero sin que el exmandatario hubiera sido notificado, al mismo tiempo que se adelantaron labores investigativas sin que las evidencias recaudadas en el expediente pudieran ser controvertidas por la contraparte. Entre los argumentos que subraya la solicitud de medidas cautelares, está el hecho de que el 4 de mayo de 2018, el expresidente solicitó mediante derecho de petición que le fueran informadas cuántas investigaciones en su contra estaba adelantando la Sala de Casación Penal por su condición de senador, junto con los números de radicación, el magistrado ponente, el supuesto delito investigado y el nombre del denunciante. La contestación -dice la solicitud de Uribe “fue de 32 procesos, de los cuales 14 se encontraban vigentes, pero ocultando conscientemente el proceso de única instancia 52240 (en referencia al caso de manipulación de testigos”.
Por las pesquisas que la Corte explica en el auto de llamado a indagatoria, se da a entender que la indagación que inició el 23 de febrero -con ocasión de la denuncia del abogado Reinaldo Villalba- se dio contra personas indeterminadas. Esto en razón a que la denuncia aseguraba que el testigo Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota, recibió de un amigo suyo de Neiva un mensaje por vía Whatsapp en donde decía que “un man muy grande” quiere hablarle “referente a ese chicharrón”: “Me llegaron de parte del ex… pues para que hable con usted de parte directamente del ex”.
En dichas comunicaciones, el amigo de Monsalve -que corresponde a Carlos Eduardo López Callejas- también habría enviado notas de voz en donde manifestó que el presidente del Centro Democrático de Huila, lo abordó y le pidió que tramitara un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones. En el audio manifiesta la urgencia porque dicho video tenía que ser radicado con antes del 23 de febrero, el día en que se vencían los términos para presentar recurso de reposición contra la decisión de archivo del caso de Cepeda.
Con estos detalles, las pesquisas se iniciaron sin que hasta ese momento se tuviera indicios de la participación directa de Uribe o del representante Álvaro Hernán Prada, cuyos nombres se conocieron posteriormente. Hasta ese momento, eran mensajes enviados por emisarios que actuaban supuestamente en nombre de ellos.
Así las cosas, el documento radicado por la defensa de Uribe ante Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión, buscarán que sea el tribunal interamericano el que tenga la última palabra frente a las competencias de la Sala Penal de la corte para actuar en este caso. Específicamente piden que se adopten las medidas “idóneas, necesarias y oportunas” por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encaminadas a reforzar las garantías judiciales mínimas del senador. Estas son la “competencia, igualdad e imparcialidad y los demás derechos de que trata el capítulo del concepto de la vulneración en la investigación, dando plena efectividad al Acto Legislativo”; esto último en clara referencia a la norma que creó la doble instancia en Colombia y que fue sancionada en enero del 2018.
Además, que se evite un daño irreparable y preserve el ejercicio de los derechos humanos, al igual que se adopten acciones para investigar la situación por parte de las autoridades competentes a fin de evitar su repetición.
Fuente: Semana
