A su llegada al cargo como Fiscal General en 2012, el abogado Luis Martínez era una persona con finanzas maltrechas y, por lo tanto, no era sujeto de crédito en el sistema financiero. Además, estaba a punto de que le embargaran una lujosa casa en residencial Joya de las Piletas, en carretera al Puerto de La Libertad.
Para tratar de salir de sus problemas financieros, Martínez solicitó un “préstamo” a su amigo Aldo Parducci, quien fue exsecretario privado en la Presidencia de Francisco Flores.
Parducci le proporcionó 200,000 dólares, con lo cual Martínez habría salido a flote de sus problemas financieros.
Lo anterior lo detalló el jefe de la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) de la Fiscalía, Jorge Cortez, en la conferencia donde se anunció las capturas de 13 personas ligadas al exfiscal, al expresidente y prófugo Mauricio Funes y al empresario prófugo Enrique Rais.
Cortez dice que al cabo de un año de estar en el puesto (en 2013), Martínez realizó un contrato de arrendamiento de un edificio ubicado frente a las instalaciones de Caballería, en San Opico, y donde funciona el Archivo Definitivo de la Fiscalía General de la República.
Lo curioso es que ese edificio, que continúan arrendado hasta hoy, es propiedad de Aldo Parducci, el ahora imputado por negociaciones ilícitas con el exfiscal.
Pero lo que además les parece fuera de lo normal es la cantidad onerosa que se paga por ese arrendamiento. En los últimos seis años la Fiscalía ha pagado $711,900.
“El canon de arrendamiento que se paga no era el adecuado”, afirmó el jefe fiscal Jorge Cortez.
Benefició a Rais con contrato y archivó siete procesos contra él.
Las investigaciones arrojaron que el exfiscal Martínez firmó un contrato de 900 mil dólares con la empresa procesadora de desechos sólidos Mides, cuyo propietario es Enrique Rais.
La empresa Mides se encargó de la destrucción de una gran cantidad de sustancias químicas que sirve para la elaboración de drogas sintéticas como metanfetaminas y la cual había sido decomisada por la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía.
Lo que llamó la atención de los fiscales es que Martínez irrespetó la Ley LACAP para favorecer a Mides, ya que hubo otra empresa que ofertó la destrucción de ese químico por un monto de 846,241 dólares, lo que significó un gasto excesivo de más de 52 mil dólares.
Otro de los favores a Rais que la Fiscalía le atribuye a Martínez es que ordenó que se archivara siete expedientes de investigación en contra de Enrique Rais, por los cuales el ente fiscal no presentó acusación ante los tribunales de justicia.
Fuente: El Salvador
