El año 2019 ha sido poco convencional en Venezuela. Desde el pasado 5 de enero la acción política por parte del presidente encargado Juan Guaidó ha mostrado ser constante de frente a un sistema autoritario que es desconocido por más de 50 países y por la sociedad civil que desesperadamente busca el fin de una era liderada por la falta de gobernabilidad, corrupción y políticas económicas que mantienen a 87% de la población en pobreza, según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, organizada por las principales universidades del país.
La ruta que ha impulsado Guaidó pareciera haber llegado a su desenlace con la fase denominada “Operación Libertad”, la cual, según ha reiterado, busca el cese definitivo de la usurpación del Poder Ejecutivo, por considerar que Maduro fue electo en un proceso viciado de legalidad y de condiciones internacionales. Esa ruta, tenía una fecha: 1 de mayo, pero fue de manera sorpresiva, que el político de 35 años, se adelantó junto a un grupo de militares en las afueras de la principal base aérea del país, en Caracas, para hacer un llamado a la población a respaldar una acción que hasta las 6:00 am, hora de la publicación de un video en el lugar, no se tenía certeza de lo que ocurría.
Era un martes común, en el que la agenda política estaba centrada en la sesión permanente de la Asamblea Nacional. Eran dos puntos los que estaban en el orden del día: 1. Debate sobre la destrucción generada por los usurpadores en la industria petrolera y 2. Proyecto de acuerdo para restablecer la vigencia de la convención americana sobre los Derechos Humanos ofrecida por la CIDH. Al amanecer todo cambió, los canales nacionales de televisión no informaban lo que ocurría, sino las poderosas redes sociales, esas que han jugado un papel fundamental en este proceso político que vive Venezuela. Guaidó, acompañado por más de 20 militares, anunció una nueva fase.
“Valientes soldados han atendido nuestro llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela para lograr el cese definitivo de la usurpación”, fueron las palabras de un líder que ha despertado la esperanza en los venezolanos que en algún momento, pensaron que no había solución a una crisis que se incrementa todos los días.
El sol aún no salía, la sombra de la noche permanecía un 30 de abril, día en el que se adelantó la estrategia impulsada por Guaidó. Además de los militares reconociendo al presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, había un elemento visual nuevo. Se trataba de Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular y el preso político que más peso tiene para el régimen de Maduro. López burló una medida cautelar de casa por cárcel que le fue otorgada en agosto de 2017 y es que quienes lo custodiaban, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la policía política de Maduro, tampoco lo reconocen y apegados a la constitución, se unieron al presidente legítimo.
Marcha sin rumbo
Tanto López como Guaidó llamaron a la sociedad civil a salir a las calles para respaldar a los uniformados. El llamado fue acatado con el poder de la convocatoria personal y a través de redes sociales, porque los medios nacionales, están amenazados por el órgano controlador del régimen, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El presidente encargado, desde el municipio Chacao, al este de Caracas, lideró la marcha hasta el oeste de la ciudad acompañado de los militares que desconocieron al régimen, pero la fuerza represora que aún obedece órdenes de Maduro impidió el paso con gases lacrimógenos, a lo que se le sumó la acción de civiles armados (paramilitares conocidos como “colectivos”), los cuales fueron enfrentados por la policía regional del estado Miranda, a cargo del gobernador chavista Héctor Rodríguez.
Parte de la represión se vio resumida en una impactante imagen que recorrió las redes sociales: una tanqueta militar en las cercanías de la base de La Carlota en Caracas, embistiendo a un grupo de manifestantes.
Un día después
Llegó el tan esperado 1 de mayo y con él, más concentraciones en toda Venezuela. La población exigió desesperadamente el cese de la usurpación, el fin de la era Maduro. La respuesta, desde muy temprano, represión en Caracas y en las regiones. Los militares, vulnerando los principios constitucionales decían que estaba prohibida la protesta, a lo que la gente, con pitos, gorras, banderas y valentía, respondió con más calle.
En algunas zonas de Caracas, uniformados militares y también integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, se negaron a respetar el artículo 53 de la carta magna, el cual otorga el derecho a la protesta, sin algún permiso a las autoridades.
La joven diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, quien ha estado al frente de estas protestas, informó que durante el pasado 1 de mayo se registraron 89 detenidos por las fuerzas de seguridad y 78 heridos, entre ellos, Gregory Jaimes, periodista del canal digital Venezolanos por la Información (VPI), a quien cuerpos de seguridad le dispararon perdigones y uno de ellos, alcanzó su cara.
Por su parte, las víctimas mortales de dos días de intensa protesta y represión fueron Samuel Méndez en el estado Aragua, cuyo asesinato ocurrido el 30 de abril es atribuido, según testigos, presuntamente a los colectivos de Maduro y la joven Jurubith Rausseo, quien falleció el 1 de mayo en quirófano de la clínica Ávila en Caracas tras recibir un impacto de bala en la cabeza.
En medio de la represión, el mensaje del presidente encargado se mantuvo: no abandonar la calle como mecanismo de presión hacia Nicolás Maduro, quien ha tenido poca presencia en medios de comunicación mientras se desarrolla la llamada “Operación Libertad” que lidera Juan Guaidó, quien según los testimonios de la sociedad en la calle, ha regresado la esperanza a un país que se niega a arrodillarse al chavismo.
El joven político aboga por escalar la tensión en Venezuela a través de los trabajadores, quienes iniciarán un paro laboral que tiene como objetivo terminar en una huelga nacional que logre el fin del dictador, Nicolás Maduro.
