Un inmigrante salvadoreño demandó el lunes 25 de noviembre a una agencia estatal de Maryland, luego de que terminara en manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) por cortar un árbol en la casa de un familiar, sin tener el permiso adecuado.
José Ricardo Villalta, de 31 años, vive la peor pesadilla desde su detención hace tres meses. El 7 de agosto estaba ayudando a su tío a cortar un árbol en su domicilio de Rockville en el condado de Montgomery, cuando un policía del Departamento de Recursos Naturales de Maryland (DNR, por sus siglas en inglés) se le acercó y tras cuestionarlo se dio cuenta que Villalta no contaba con la licencia para cortar el árbol, una falta que bajo las leyes de Maryland conlleva a una multa de hasta $500.
“La policía escribió la multa en cinco minutos y en lugar de terminar el caso allí, el oficial continuó interactuando con el señor Villalta por dos horas hasta que llegaron agentes de ICE y lo detuvieron”, expresó a El Tiempo Latino, una de las abogadas que representan a Villalta en la demanda, Azadeh Erfani, del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs.
TRISTEZA. Sobrina y tía de José Villalta esperan que él no sea deportado. | Foto: Cortesía CASA
La demanda acusa al Departamento de Recursos Naturales de haber actuado de manera ilegal al detener a Villalta, sin acusarlo de un crimen.
El documento fue presentado en la Corte Federal de Distrito en Greenbelt a nombre de José Villalta, quien no cuenta con antecedentes penales ni es acusado de un crimen, pero se encuentra en una cárcel de Inmigración en Frederick desde hace más de 110 días, enfrentando una inminente deportación.
Cuando Villalta fue detenido por el oficial del DNR, éste ingresó su nombre a una base de datos. El salvadoreño apareció en la lista de requeridos por ICE. Villalta fue incluido en esa base de datos automáticamente cuando no se presentó a una audiencia migratoria hace una década.
Él había cruzado la frontera en 2006 como indocumentado siendo un menor de 17 años y sin compañía. No tenía idea que su nombre estaba incluido en la base de datos para ser deportado.
“Una violación de las leyes de Inmigración no es un delito, es una falta civil y la DNR no tenía por qué actuar si no se trataba de un crimen. El policía lo detuvo por dos horas con el único propósito de esperar que llegara un agente de Inmigración. Eso es ilegal”, señaló la abogada Erfani, quien dijo que los derechos del salvadoreño fueron “grandemente violados”.
INMIGRANTE. José Villalta está detenido desde agosto y enfrenta deportación. | Foto: Cortesía CASA
La Policía del DNR tiene potestad en todo el estado de Maryland para hacer respetar las leyes relacionadas a la conservación de los recursos naturales y actuar cuando hay violaciones de las leyes de pesca, navegación y caza. Los oficiales de esta agencia no tienen autoridad para detener a las personas sospechosas de haber cometido una ofensa civil, dice la demanda.
“No había una orden de detención criminal en contra del señor Villalta y ninguna evidencia de estar cometiendo un crimen”, afirmó la abogada Emily Gunston, subdirectora del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs.
El Departamento de Recursos Naturales aseveró a la prensa que la agencia está revisando sus políticas para aclarar a los oficiales que sólo deben actuar ante los solicitados por un crimen y no una falta civil. Dijo que los oficiales serán educados sobre la nueva política para cumplirla plenamente.
Claman por su libertad
Familiares de Villalta claman por su libertad y un alto a la deportación. “Mi hermano es un hombre muy tranquilo y trabajador. Siempre está ayudando a todos. Mi madre está sufriendo mucho. El anhelo más grande de ella es que en este tiempo de Acción de Gracias y Navidad estuviéramos todos reunidos”, dijo María Villalta durante una conferencia de prensa en la sede de la organización CASA en Langley Park, Maryland.
FAMILIA. Primos y tíos de José Villalta confían verlo en libertad y en este país. | Foto: Cortesía CASA
El salvadoreño, quien trabajaba en construcción, cuenta con una familia numerosa. Vivía con su pareja en Rockville y ayudaba a mantener a los niños de ella y a sus sobrinos.
Los niños mostraron carteles con fotografías de Villalta y mensajes en inglés como “His home is here with us” (“Su hogar esta aquí con nosotros”) y “He is not a criminal” (“Él no es un criminal”).
“Es muy triste para toda nuestra familia. Estos días de Acción de Gracias, Navidad son muy especiales. No es justo que él esté allí. Dios quiera que lo tengamos en casa en Año Nuevo”, dijo la tía de Villalta, Mirna Canales.
A la familia le preocupa el estado de salud de Villalta. “Él está muy triste y deprimido. Queremos que regrese a casa, donde pertenece”, expresó su hermana, María.
Parar la deportación
El abogado de inmigración, Vincent Rivas Flores declaró que existe una petición pendiente para reabrir el caso migratorio de Villalta en una corte de inmigración de Baltimore, con la esperanza de detener la deportación.
Activistas y políticos en Maryland han intercedido por Villalta. De hecho hay propuestas legislativas para asegurar que las fuerzas del orden estatales y locales no se involucren con las leyes migratorias en casos civiles.
El delegado Gabriel Acevero (D-Montgomery) dijo en la conferencia de prensa que el Caucus Latino de la Legislatura de Maryland planea revivir la campaña por la Ley de la Confianza durante la nueva sesión que inicia en enero.
La Ley de la Confianza (Trust Act), fue presentada por la ex delegada estatal Maricé Morales y fue aprobada por los delegados, pero rechazada por el Senado en 2017. Esta propuesta restringía la cooperación de la policía local con las autoridades de inmigración federal. También eliminaría los programas en los cuales los centros de detención pueden investigar a las personas arrestadas por supuestas violaciones migratorias.
El caso de José Villalta puede tener un impacto negativo en la relación de la comunidad con las demás agencias del orden, dicen sus abogadas.
“Este tipo de acciones son inefectivas y están lejos de salvaguardar la seguridad de la gente”, comentó Gunston. “Los inmigrantes no van a confiar en la policía, ya sea si son víctimas o testigos. Van a tener miedo a denunciar un crimen por temor a su estatus migratorio”, añadió.
Mientras tanto la familia de Villalta espera que esta pesadilla acabe y puedan terminar el año con Villalta de regreso a casa.
