Un grupo de manifestantes se enfrentaron violentamente con la policía el pasado viernes en los alrededores de la Plaza Italia de Santiago, punto céntrico de la mayoría de las manifestaciones que comenzaron en octubre del año pasado.
Una iglesia que fue construida en 1876 cuyo objetivo era brindar servicios religiosos de la policía chilena, fue incendiada por manifestantes que sacaron el mobiliario e incendiaron grandes barricadas en las calles.
Actualmente, los productos farmacéuticos de Chile son los más costosos que existen en la región y su sistema de salud privatizado es uno de los principales detonantes de estas manifestaciones.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el pasado domingo un proyecto de ley que permitiría modificar el Fondo Nacional de Salud (FONASA), para intentar calmar a los chilenos que se encuentran desde hace casi tres meses en la calle exigiendo mejoras en sus servicios sociales.
Piñera presentó el proyecto junto al ministro de Salud, Jaime Meñalich y a través de su cuenta en Twitter, afirmó que con él se busca cumplir las exigencias de los ciudadanos asegurando que con esta reforma además, se avanza hacia un plan de salud Universal que pueda beneficio a más de 14 millones de personas que son atendidos en el sistema público y los más de 3 millones que acuden al sistema médico privado.
La iniciativa responde a lograr un plan universal con acceso más rápido y de mayor calidad para sus afiliados, así como la disminución del gasto de las familias chilenas en atenciones y medicamentos.
Asimismo, el mandatario contempla lograr la reducción de los tiempos de espera, con el establecimiento de plazos tope para atención en intervenciones quirúrgicas, procedimientos y consultas de especialidad.
Las mejoras que Piñera ofrece con su nuevo proyecto, permiten ampliar las licitaciones públicas para que clínicas externas a FONASA brinden la asistencia necesaria a usuarios del sistema público.
Este documento, junto a una serie de proyectos de la agenda social con la que el Gobierno busca responder a las demandas de los manifestantes, será tratada y aprobada por el Congreso de Chile.
