Ni el decreto de pandemia emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni las alarmantes cifras de contagios y fallecidos por el Covid-19 en todo el planeta, han causado que el régimen nicaragüense de Daniel Ortega, tome medidas para prevenir la propagación de la enfermedad en Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua ha sido extremadamente criticado por parte de activistas y miembros de la sociedad civil, que han catalogado al ejecutivo de irresponsable ante la pandemia de Covid-19.
Las más de 20 asociaciones médicas de la nación, se pusieron a la orden del Sistema de Salud Público para poder aportar científicamente a la lucha contra la expansión del coronavirus en este país.
Los médicos celebraron las medidas preventivas que la población ha tomado por cuenta propia para protegerse, aunque aún exista cierto nivel de preocupación, por el avance del virus.
El vicepresidente de la Unidad Medica nicaragüense, doctor Francisco Javier Núñez, indica que todos los sectores políticos se encuentran en coordinación con gente de la sociedad civil quienes además están conformando un comité científico junto a varias asociaciones medicas, con el objetivo de hacer un solo frente que permita enfrentar el virus y servirle a quienes la padecen o sospechan de portarla.
Los especialistas de la salud, actualmente exigen equipos de protección personal para los trabajadores de salud que se encuentran en contacto directo con pacientes con coronavirus.
El pasado miércoles y en medio de la alarma internacional generada por la pandemia, Ortega sorprendió a la población anunciando la nueva Ministra de Salud, Carolina Dávila Murillo, quien entra en reemplazo de la doctora Martha Verónica Reyes Álvarez, hasta ahora, funcionaria de ese ministerio.
A la vez, el Ejecutivo mantiene estadísticas oficiales de cinco casos positivos de COVID-19, un fallecido, una persona de alta y tres ingresados en hospitales locales, cifras que para la sociedad civil nicaragüense ha sido cuestionada y puesta en duda, ante la falta de medidas que permitan evitar su propagación y los llamados a calle y aglomeraciones, emitidos por el gobierno de Ortega.
Según la primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, el país cuenta con tres ministras de salud, dentro de las que se encuentra la doctora Sonia Castro que también es ministra asesora y es una de los funcionarios del gobierno de Ortega que han sido sancionados por Estados Unidos.
