Algunas medidas adoptadas por los gobiernos de Centroamérica y México para contener y prevenir la propagación de la pandemia de coronavirus están afectando desproporcionadamente a los migrantes, refugiados y desplazados en la región, alertó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los cierres de fronteras han provocado que numerosas personas, entre ellas niños y adultos mayores, se hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos, reseñó el jueves 23 de abril ONU Noticias.
“Estas personas permanecen en campamentos improvisados, en situación de calle, en comunidades o centros de acogida, en los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”, advierte la Oficina que dirige Michelle Bachelet.
Por ejemplo, el cierre de la frontera de Panamá con Costa Rica, así como la de El Salvador y Honduras, ha provocado que migrantes queden atrapados en condiciones de hacinamiento y limitado acceso de salud, información, alimentación, agua y saneamiento.
“Panamá enfrenta un desafío particular por su posición geográfica y por el cierre de frontera con Costa Rica, que ha generado que más de 2 mil 500 personas migrantes irregulares permanezcan en el país”, asegura el equipo de Michelle Bachelet en México y Centroamérica.
También se ha documentado la presencia de personas migrantes centroamericanas que fueron llevadas hasta la frontera entre México y Guatemala, que permanece cerrada, y enfrentan dificultades para llegar por la vía regular a su país de origen.
Sometidos al estigma
Las personas que están en movimiento, como los refugiados, los migrantes, los desplazados, apátricas y solicitantes de asilo, entre otros, son particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que las estigmatizan y discriminan y éstas se ven fomentadas por las narrativas que les asocian con la propagación de la COVID-19”, explicaron.
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