Este lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el estado pagará las rentas vencidas que se acumularon durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, en una acción que busca que tanto inquilinos como propietarios apunten a una rápida recuperación.
De acuerdo con la agencia de noticias AP, el funcionario agregó que el estado estudia extender la prohibición de desalojos, medida que finalizará el próximo día 30 del mes en curso.
De momento, Newson y legisladores de California se reunirán para discutir sobre el tema, situación que forma parte de negociaciones sobre el presupuesto de fondo operativo valorado en aproximadamente $260 mil millones.
Desde el lado de los propietarios e inquilinos se discute cuánto tiempo podría durar dicha medida en California.
“La expectativa de que la gente esté lista para pagar el alquiler el 1 de julio es totalmente injusta”, manifestó a AP Kelli Lloyd, una madre soltera de 43 años que dice que no ha trabajado de forma regular desde marzo del año pasado. “El simple hecho de que el estado se haya vuelto a abrir no significa que la gente tenga acceso a sus trabajos”.
Desalojos
A inicio de junio, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC rechazó la petición de un grupo de propietarios que solicitaron la reanudación de los desalojos y mantuvo intacta la moratoria temporal de desalojos en el país.
El hecho, según The Hill, representa el más reciente movimiento de un desafío legal desde múltiples frentes relacionadas al congelamiento de la medida que fue promulgada por funcionarios federales de salud pública. El norte de la normativa es mantener a los inquilinos que enfrentan el desalojo frente a sus dificultades financieras desatadas por el impacto de la pandemia del COVID-19.
The Hill recordó que el fallo siguió a una decisión por parte del juez de distrito Dabney Friedrich, quien anuló el mes pasado la moratoria de desalojos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), en la que alegó que la agencia federal se excedió en su autoridad. Sin embargo, el magistrado acordó que la medida no entrará de inmediato en vigor.
Esto trajo como consecuencia la petición de grupos de propietarios, los cuales encontraron la negativa del Tribunal de Apelaciones.
