El exasesor comercial de la administración Trump, Peter Navarro, junto a sus abogados John Rowley y John Irving, tras comparecer ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington , DC el 17 de junio de 2022 | Foto EFE/EPA/SHAWN THEW
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El exfuncionario de la Casa Blanca de Trump, Peter Navarro, se declaró inocente este viernes de los cargos de desacato al Congreso, tras negarse a cooperar con el comité del 6 de enero.

Navarro, de 72 años, fue exasesor comercial del expresidente Donald Trump. A inicios de junio, el Departamento de Justicia lo acusó de dos cargos de desacato por no comparecer ante el comité y no entregar los documentos solicitados por el panel.

Así, se convirtió en el segundo exasesor de Trump en ser acusado de desacato criminal al Congreso. El primero fue Steve Bannon, cuyo juicio será en julio.

Más detalles. Navarro compareció ante un tribunal federal en Washington para ser procesado por los cargos de desacato. Un juez federal programó su juicio para noviembre, ya que agenda era “un desorden”, informó Reuters.

  • Los abogados de Navarro pidieron que el juicio se realice el próximo año. Argumentan que el caso presenta cuestiones constitucionales y legales que necesitan ser litigadas.
  • Por su parte, el exasesor sostiene que el comité del 6 de enero es ilegal y, por tanto, la citación es inaplicable.

Otros sin cargos. El comité del 6 de enero recomendó declarar en desacato a dos personas más: el exjefe de gabinete, Mark Meadows, y el exjefe de comunicaciones Daniel Scavino Jr, después que no asistieran a sus citaciones.

  • Sin embargo, a principios de junio el Departamento de Justicia dijo que no acusaría a Meadows y Scavino, informó CNN.
  • En comparación con Navarro, por ejemplo, antes de que el comité lo declarara en desacato, Meadows cooperó brevemente con el panel. Le entregó cientos de mensajes de texto, que han sido claves en la investigación sobre el 6 de enero.
  • Ambos además tenían altos cargos en la administración Trump, por lo tanto, tenían casos más sólidos para reclamar el privilegio ejecutivo, que protege ciertas comunicaciones de la Casa Blanca del Congreso.
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