Mientras Casa Ruby en Washington DC enfrentaba serios problemas de recorte de fondos y denuncias de irregularidades, su fundadora, Ruby Corado, se enfocaba en consolidar el crecimiento de una nueva organización que llamó Casa Ruby Capítulo El Salvador.
“La gente de la Alcaldía estaba pidiendo que pusieran a dos personas para firmar los cheques, pero ella no contestó. Se fue para El Salvador y ya no contestó”, explicó Paty Hernández, exdirectora del Programa de Migración.
La Fiscalía de Washington DC aseguró que tiene evidencias que apuntan a que la organización no operaba con una administración transparente, como lo establece la Ley de Corporaciones Sin Fines de Lucro (Non Profit Act), que regula el funcionamiento de este tipo de estructuras legales en el país.
Según la Alcaldía de DC, se separó de las operaciones con la organización desde agosto del año pasado, mientras que el Departamento de Servicios Humanos (DHS, por su sigla en inglés) está investigando sobre el dinero que Corado adeuda a empleados y dueños de locales donde funcionaban los programas.
Al consultar sobre la posibilidad de que los fondos de Casa Ruby hayan salido desde las cuentas bancarias en DC hacia El Salvador, una fuente de la Fiscalía señaló que “existe información” que apunta a que “hay cierto dinero que salió” del banco, pero por ahora no se puede precisar a dónde fueron a parar esos fondos.
No obstante, la moción que la institución presentó para solicitar el congelamiento de las cuentas bancarias de Casa Ruby, señala que “Corado ha afirmado que estableció una organización en El Salvador y que ha estado moviendo fondos sin fines de lucro de Casa Ruby en el Distrito hacia El Salvador”.
De hecho, el 3 de abril del año pasado, ella apareció en una fotografía, publicada en el muro de Facebook de Casa Ruby El Salvador con Brenda Oriana Rosales Navarro, subdirectora de la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura y del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), entidad del gobierno salvadoreño, anunciando que pronto lanzarían programas de “educación, vivienda, salud y servicios legales”.
Según el Foundation Group, organismo especializado en nonprofits, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) no permite que una organización benéfica nacional “conduzca dinero” (“money conduit”) para un ente extranjero. “Una organización benéfica no puede existir con el propósito de ayudar financieramente a otra organización benéfica extranjera”.
En correos electrónicos a los que este periódico tuvo acceso, consta que Corado no entregó a una de las oficinas de la Alcaldía, el organigrama de la Junta Directiva que Casa Ruby debía tener actualizado. Tampoco hizo lo propio con la declaración de los impuestos correspondiente a 2021, ni los reportes anuales de la organización, como fue requerido por las autoridades.
El 1 de octubre de 2021, cuando iniciaba el año fiscal, Corado anunció en una transmisión de Facebook Live su renuncia irrevocable al puesto de directora ejecutiva de la organización.
Sin embargo, hasta que la Fiscalía solicitó a la Corte Superior de DC congelar las cuentas bancarias de la entidad, el 1 de agosto, Ruby Corado era la única persona con acceso y control del dinero.
“He tomado la decisión de renunciar a mi rol de directora ejecutiva, con efecto para este día, que es el primer día del nuevo calendario fiscal”, señaló Corado en su video.
Para ese momento, los problemas administrativos que enfrentaba desde la capital de la nación y la falta de transparencia ya habían causado la suspensión de miles de dólares de fondos que recibía la organización.
El primer recorte ocurrió en agosto de 2021, según explicó a este medio Paty Hernández. La noticia fue confirmada por The Washington Post a finales de septiembre de ese mismo año, tres días antes de que Corado renunciara a la dirección de la organización.
La salvadoreña ya había empezado a viajar a su país de origen desde principios de 2021, para sentar las bases de Casa Ruby Capítulo El Salvador. El 1 de junio de ese año, dos meses antes de la suspensión de los fondos, se anunciaba oficialmente la creación de la sede de la organización fuera de EEUU. Pero desde un mes antes, ya tenía un equipo de trabajo.
Ruby Corado también funge como directora ejecutiva de la instancia en su país.
“Hace 30 años fundé una organización en Washington DC que estaba dedicada a traer personas marginadas. El día de hoy estamos en El Salvador, estoy haciendo un cierre personal de 31 años, después de salir con una plataforma internacional y estamos básicamente trayendo Casa Ruby a El Salvador”, aseguraba Corado en la capital salvadoreña, donde la organización apareció como principal patrocinadora del Pride Fest y del Pride Parade de ese mismo año.
Un mes antes de que The Washington Post publicara un artículo en el que expuso la deuda a los empleados, Corado desfilaba en una carroza, rodeada por los miembros de la nueva entidad en las calles de la capital salvadoreña.
La nonprofit fundada en su país utiliza el mismo logo de su par en DC y la misión descrita en ambas páginas de Facebook es textualmente la misma.
Abuso de poder en Casa Ruby
Las denuncias de empleadas y usuarias no son recientes. En 2018 ya había inconformidad por la falta de pago y por los bajos salarios que recibían en Casa Ruby. Las quejas siguieron en aumento.
Hernández llegó a Casa Ruby en 2014, después de conocer ese mismo año a su colega activista en San Salvador. Ahí Paty ayudó a fundar una de las primeras organizaciones LGBTQ: ASPIDH Arco Iris, entidad que tiene más de una década de funcionamiento a favor de la comunidad.
Ella es una de las afectadas. La organización le adeuda $7 mil 500 en salarios no pagados, según denunció a este medio.
“Me siento destrozada. No puedo asegurar que ella haya robado algo, pero sí pido por todo el legado de muchas y de Casa Ruby que se investigue. No sabía cuánto dinero recibía Ruby. Ahora yo me preguntó cómo era posible que tuviera tanto dinero y no había para ciertas necesidades que teníamos. Ella decía que se iba y por otro lado seguía firmando los cheques. Ojalá que Ruby venga y tenga un as bajo la manga. Se tiene que investigar caiga quien caiga”, aseveró Hernández.
Otra exempleada afectada es Taylor Chandler, quien fue la encargada, según afirmó a El Tiempo Latino, de conseguir fondos, cooperantes y de organizar charlas o eventos para que Corado hablara del trabajo que llevaba a cabo.
Chandler aseguró que le adeudan desde 2018 poco más de $3 mil. Además, dijo que durante el tiempo que trabajó para la organización, en repetidas ocasiones el pago de los salarios de todas las empleadas se retrasaba por días y a veces hasta por semanas.
“A todas nos pagan bajos salarios. Yo estaba haciendo $20 por hora y me pagan por 48 horas a la semana, cuando en realidad trabajaba más de 60 horas. No sabía cuánto (Corado) reportaba de salario, pero me imaginaba que era bueno, porque todos los meses estaba comprando carteras Louis Vuitton y zapatos de diseñador”, indicó Chandler.
Para la extrabajadora era “desagradable” no recibir su salario a tiempo mientras que esto contrastaba con el accionar de Ruby. “En uno de esos momentos ella fue a México para que le hicieran una cirugía plástica y no nos habían pagado. Prefería ir a que le hicieran trabajos estéticos en vez de pagarnos”, dijo.
De acuerdo a Chandler, muchas veces Consuella López, quien aparece como miembro de la junta directiva de la organización en la declaración de impuestos de 2020, era quién pagaba con su dinero o con su tarjeta de crédito por deudas morosas, mientras la directora ejecutiva estaba de viaje o en algún procedimiento estético.
También dejó claro que durante un tiempo, Larry Villegas, ahora director de la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía de DC, trabajó a su lado buscando cooperantes, pero habría sido despedido - según Chandler -, por cuestionar las faltas en los pagos. Lo mismo que presuntamente ocurrió con otros trabajadores que hacían lo propio.
Tanto López como Villegas fueron contactados para que ofrecieran declaraciones sobre el caso, pero la primera no respondió los mensajes enviados, mientras que el segundo dijo que no tenía comentarios que hacer al respecto.
“Todo era como una relación abusiva. Nos quedamos o no decíamos nada porque necesitábamos el trabajo. Pedía donaciones en línea y el PayPal de la organización estaba vinculado a la cuenta bancaria (personal) de Ruby, no de Casa Ruby. Es una manipuladora”, sentenció Chandler.
¿Y dónde están los millones?
Ninguna de las exempleadas y exbeneficiarias entrevistadas durante esta investigación sabía cuánto dinero reportaba Corado como salario o cuánto recibía Casa Ruby por concepto de subsidios o subvenciones (grants) de parte de las entidades del gobierno local.
La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, aseveró que la Alcaldía cortó el apoyo a la organización mucho antes de que salieran a la luz las quejas.
“Ha pasado mucho tiempo desde que nosotros suspendimos el apoyo. Los problemas con Casa Ruby no han sucedido en las últimas semanas, nosotros nos separamos de sus operaciones mucho antes”, señaló Bowser a El Tiempo Latino.
Por su parte, Laura Green Zeilinger, directora del Departamento de Servicios Humanos (DHS) aseguró que la entidad realizó el desembolso a la nonprofit para que hiciera los pagos correspondientes a salarios de los empleados y para que cancelara la renta de los locales.
“El dinero que se adeuda es parte de lo que se está investigando. El Distrito no puso más fondos mientras Casa Ruby estaba administrando servicios bajo una subvención en curso. Los programas se cayeron. Hay un proceso que seguimos”, declaró Zeilinger a este periódico.
Hernández dijo que a menudo no había dinero para cubrir necesidades administrativas básicas. Las computadoras no tenían los programas para funcionar, ni tampoco los sistemas operativos para redactar documentos en Word u hojas de cálculos de Excel.
“Ella tenía la firma para los cheques, pero quién sabía cuánto dinero había era Ayala & Asociados. Por eso yo lo que pido, es que haya una investigación”, acotó.
Hernández se enteró en 2020 de que la organización recibía millones de dólares en subvenciones porque el contador de Ruby, Nelson Ayala; de Ayala, Vado & Associates, que según documentos a los que ella tuvo acceso, era quien preparaba los cheques y los pagos para las empleadas, le contó sobre este dinero en una conversación que sostuvieron sobre otros temas, relató la extrabajadora.
Chandler lo supo después de las publicaciones sobre el cierre de Casa Ruby, de este año.
En la moción presentada por la Fiscalía de DC ante la Corte Superior del Distrito de Columbia, consta que Corado le dijo al DHS que la Junta Directiva de Casa Ruby, que no estaba funcionando, le aprobó el uso de $500 mil para abrir una casa de atención a jóvenes en El Salvador.
Y aunque no es secreto que Corado abrió operaciones de Casa Ruby en El Salvador, este medio no encontró ningún registro o documento que compruebe que alguna junta directiva le aprobara medio millón de dólares de donaciones en Washington DC para invertirlos en el país centroamericano.
La Fiscalía también señaló que la activista hizo “uso indebido continuo” de los fondos de Casa Ruby a pesar de “pretender” haber renunciado al cargo de directora ejecutiva. Según los documentos y las declaraciones de impuestos, Casa Ruby recibió $3 millones 832 mil 704 en 2020 y $3 millones 456 mil 018 en 2019.
Esos fondos fueron administrados únicamente por Corado, contrario a lo que estipula la ley mencionada.
En total, de acuerdo con la Fiscalía, Casa Ruby recibió $9.6 millones en subvenciones en los últimos cinco años. Desde 2012, no existen registros del funcionamiento de una junta directiva que controlara o que aprobara el uso de los fondos de la organización.
Además, la institución señaló en su solicitud a la Corte, que “existen” registros que apuntan a que Corado retiró $60 mil para pagar deudas personales de tarjetas de crédito, comidas y viajes a El Salvador. Esto tampoco fue aprobado por una junta directiva, dijo a El Tiempo Latino la fiscal adjunta de DC, Kathleen Konopka.
Corado figura como la directora ejecutiva de la organización desde 2014 hasta la fecha. En 2014 y 2015, reportó un salario de $31 mil 895 anuales. En 2016, su estipendio aumentó a $132 mil 380; es decir que sumó $100 mil 482 a su salario en dos años.
2016 fue el primer año en el que la organización reflejó gastos de compensaciones de ejecutivos. Entonces, Casa Ruby reportó $872 mil 251 en ese rubro.
Las compensaciones de ejecutivos están destinadas a pagar a líderes, administradores y empleados ejecutivos de la organización. Sin embargo, ella era la única en este rango de cargos que disponía de esos fondos. En las declaraciones de impuestos desde 2014 hasta 2020, Corado aparece como directora ejecutiva junto a otras personas, pero durante ese período solo ella tuvo acceso al total de los fondos.
Como empleados claves, dentro de esa categoría aparecen en los documentos Ruby Corado, Jack Quintana, Hassan Naveed y Consuella López, a quien de acuerdo a los documentos le pagaron una compensación en 2020 de $38 mil 208.
En 2017, el sueldo de Corado aumentó nuevamente. El ingreso reportado fue de $183 mil 333. La misma cantidad exacta, aparece reflejada como gasto de compensaciones para los ejecutivos.
Ese año, el presupuesto destinado para el pago de salarios de empleados fue de $1 millón 184 mil 777.
En 2018, el salario de Corado volvió a aumentar, según la declaración de impuestos. Se reflejó, entonces, un sueldo anual de $249 mil 999 y la misma cantidad fue destinada para el pago de compensaciones de ejecutivos. En el documento consta que la organización destinó $1 millón 530 mil 869 para cancelar salarios de empleados, quienes para ese entonces ya se quejaban de la falta de pagos y bajos sueldos.
Para 2019 el salario de la directora y las compensaciones para ejecutivos fueron las mismas que el año anterior. Mientras que el total para pago de sueldos fue $1 millón 575 mil 547.
Aunque Corado les dijo a las empleadas de Casa Ruby que la institución no tenía fondos para liquidar los salarios adeudados o para comprar materiales administrativos, en 2020 la cantidad destinada para el pago de sueldos reflejada en la declaración de impuestos era de $1 millón 908 mil 580.
Ruby Corado cerró 2020 con un sueldo de $260 mil 416. En siete años, sus ingresos anuales provenientes de fondos de Casa Ruby aumentaron 800%. Las compensaciones para los ejecutivos fueron de $450 mil 754, al igual que los años anteriores, a su completa y única disposición.
Desde 2013, cuando Corado inició como directora ejecutiva de la entidad, hasta 2020, su salario aumentó ocho veces. De iniciar ganando $31 mil 895, terminó el último año devengando $260 mil 416.
Pagó y se dio el vuelto
De acuerdo a lo establecido en la ley, una organización sin fines de lucro (nonprofit organization) es una entidad legal operada por un grupo de personas que buscan un beneficio social, no privado, ni monetario.
Andrea Ferster, experta en este tipo de estructuras legales, señaló que deben cumplir ciertos requisitos de ley para poder funcionar. Entre ellos, presentar un reporte anual y tener una junta directiva de, por lo menos, tres miembros.
“DC tiene una ley que enumera esos requisitos. El rol de la junta directiva es manejar las actividades y las relaciones de la organización. Si no tiene esa junta no está operando de conformidad con los códigos de las nonprofit”, explicó Ferster a este periódico.
Los documentos de los impuestos de Casa Ruby nombran a tres personas como directores de la organización: Ruby Corado, Consuella López y Jack Quintana. Sin embargo, la Fiscalía aseveró que el grupo no operaba como la junta directiva requerida por ley para su funcionamiento.
Corado, además de ser la directora ejecutiva y la única con el acceso a los fondos de la entidad, figura en su certificado de incorporación como director presidente (governor), oficial ejecutor (executing officer) y agente o representante legal (agent) de Casa Ruby.
Abdur Rahim Briggs, presidente de Project Briggs, una nonprofit de DC enfocada en apoyar proyectos urbanos y actividades de eventos culturales para comunidades diversas, cuestionó la forma de operar de Casa Ruby y de su directora ejecutiva.
“El director ejecutivo de la organización debe responder a la junta directiva y es la junta la que tiene control de los fondos de la organización porque ellos deben saber qué se hace con ese dinero”, señaló.
En otras palabras, se saltó este paso y ella misma aprobó sus propios incrementos de sueldos y otros pagos que requerían de la junta directiva.
No es una prófuga
Konopka explicó que la Fiscalía inició la acción en contra de la organización y de Corado bajo el derecho consuetudinario (common law), basado en evidencias.
“La organización no funcionaba de forma adecuada. No tenía una junta directiva que funcionara. De hecho, si esa junta directiva hubiera existido, no hubiera sido capaz de operar junto a Corado, porque ella era la única firmante y la única que controlaba las cuentas de banco de Casa Ruby”, declaró la fiscal adjunta a este medio.
La funcionaria señaló que a partir de la queja y la solicitud presentada ante la Corte, ahora la Fiscalía está comprometida con lo que vaya descubriendo formalmente. Sin embargo, la investigación se mantiene como un caso civil.
Hasta ahora, en la única entrevista que Corado ha concedido con respecto de las acusaciones y la suspensión de los fondos, la aún directora de Casa Ruby aseguró que no ha “robado nada” y que el dinero que utilizó fue el que le aprobaron las entidades del gobierno local.
“Nunca he utilizado dinero de Casa Ruby que no haya sido aprobado para el trabajo en la comunidad. No he hecho nada, no he robado dinero, todo lo que se usó ha sido autorizado”, afirmó la salvadoreña en un contacto con Telemundo 44.
Además, dijo que este proceso es una “retaliación”, provocada por una queja que interpuso en contra de la directora de DHS. En junio del año pasado, Washington Blade publicó sobre la supuesta demanda, que habría sido mostrada por sus abogados a esa revista.
Sin embargo, durante esta investigación no se encontraron documentos oficiales que confirmen que efectivamente Corado presentó esa denuncia o que haya sido recibida.
Contradictoriamente en un video que Ruby subió en su Facebook el 3 de mayo de este año, aseguró que encontró una abogada que le ayudará con las quejas publicadas en Washington Blade. Además, dijo que se ha tomado un año sabático, pero las fotografías en las redes sociales de Casa Ruby Capítulo El Salvador, evidencian que se ha dedicado a consolidar la organización en su país.
Según dijo la fiscal adjunta, le corresponde a la Oficina del Fiscal Merrick Garland establecer, con base a evidencias, cuándo un caso debe ser presentado bajo el derecho penal o criminal. Solo hasta ese entonces, cuando una persona es solicitada por la justicia, pero huye de esta, pasa a ser prófuga.
“En los casos civiles no tenemos acusaciones formales y no puedo hablar sobre ninguna investigación o caso criminal, porque de hecho esa sería ya la jurisdicción de la Oficina del Fiscal General”, aseguró Konopka.
El 22 de julio Ruby Corado se comprometió a brindar una entrevista con El Tiempo Latino. El encuentro sería en línea, pero tres días después no hubo respuesta. En repetidos mensajes entre el 25 de julio y el 8 de agosto que se enviaron a su perfil de Facebook personal y otro de nombre “Jada Wilkins”, que también utiliza para comunicarse, se insistió en la entrevista y no hubo respuesta.
Una historia que se torna más oscura
Las irregularidades no terminan con las inconsistencias en los números, pues las denuncias de exempleadas y exusuarias van mucho más allá cuando algunas mencionan que dentro de los albergues existía presunto acoso sexual y firmas de acuerdos de confidencialidad (NDA, por su sigla en inglés), para evitar que todo saliera a la luz pública.
“Ruby forzó a muchos empleados a firmar acuerdos de confidencialidad. Nunca me pidió que firmara ninguno, porque no hubo intención de daño de mi parte. Yo no guardé silencio por dinero, algunas sí y ellas lo saben”, aseguró Aiyi’nha Ford, exempleada afectada.
Según Ford, a medida que pasó el tiempo en Casa Ruby presenció situaciones que no se podían ignorar, porque ocurrían sin reparo. “Empecé a ver cosas que no podía dejar de ver. Trabajo sexual, peticiones de drogas, en frente de mí. Una de las empleadas tenía que tener un cuchillo en el front desk”, aseguró mientras que reveló que una persona muy allegada a Ruby “estaba prostituyendo a jóvenes que vivían allí (en el albergue de la organización) y ahí fue cuando ella obligó a firmar los acuerdos de confidencialidad. Otros tuvieron que tener relaciones sexuales por un techo”.
Ford estaba saliendo de una situación de violencia y no tenía empleo. Cuando llegó a Casa Ruby, Corado le ofreció ayuda y le dio trabajo. Después se convirtió en directora de Programas, ganaba $10 por hora. En ocasiones recibió sus pagos en efectivo, señaló.
Tessa Jelani, quien fue beneficiaria y vivió en uno de los albergues de la organización, aseguró que hubo represalias en su contra por reclamar que los servicios y la comida que se servía en el lugar no eran adecuados.
“Le dije a Ruby, a algunas personas del staff, que si las cosas no cambiaban, DHS sabría pronto y el lugar sería cerrado. Pero Ruby acostumbraba a darle dinero a empleados y usuarios (a cambio del silencio) y por eso pude obtener dinero de su parte”, dijo Jelani.
Además, Jelani apuntó que en repetidas ocasiones escuchó a la directora decir que no había recursos para el pago de los salarios o para mejorar las condiciones de los albergues, pero “eran excusas, ella (Corado) conducía autos nuevos, se paseaba con un bolso nuevo”, comentó.
“Me sorprendieron teniendo sexo con mi novio. Ruby envió a alguien para tomarme un video mientras eso pasaba y luego me dijo que si yo hablaba, ese video iba a ser publicado, pero ese juego no funcionó conmigo”, afirmó Jelani.
Las exempleadas entrevistadas durante esta investigación, la beneficiaria y otras fuentes citadas y consultadas para este reportaje coinciden en que la directora de Casa Ruby, Ruby Corado, tenía un sistema mediante el cual sacaba provecho de la situación de vulnerabilidad de quienes buscaban su apoyo.
En el documento presentado a la Corte, la Fiscalía señaló que de comprobarse que el dinero de Casa Ruby se movió hacia El Salvador, “difícilmente” esos fondos podrán ser recuperados.
Al cierre de esta nota, se confirmó que el jueves 11 de agosto en la mañana se desarrolló una audiencia en la cual la Fiscalía solicitó a la Corte Superior de DC que designe a una organización, que pueda retomar algunos proyectos de Casa Ruby que resultaron afectados. La institución también corroboró a este medio que Ruby Corado estuvo presente en dicha audiencia, realizada en Washington DC.
