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A principios de agosto, el expresidente Donald Trump saltó a los titulares nacionales denunciando que agentes del FBI habían allanado su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. Pero apenas era la punta del iceberg.

Desde que culminó su período al frente de la Casa Blanca en enero de 2021, incluso antes de que dejara la presidencia, varias instancias han estado investigando sus actividades políticas y contratos comerciales.

Al menos tres investigaciones han afirmado abiertamente su carácter penal, es decir, que pueden llevar a enfrentar cargos criminales.

Estas son las investigaciones más destacadas.

Documentos clasificados en Mar-a-Lago

El 8 de agosto agentes del FBI registraron la casa de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre su manejo de documentos gubernamentales, algunos de ellos marcados como clasificados.

La investigación penal comenzó después de que los Archivos Nacionales, la agencia encargada de resguardar y proteger los registros presidenciales, recuperó 15 cajas de Mar-a-Lago en enero de 2022.

Había material clasificado en al menos 14 de las 15 cajas. En total identificaron 184 documentos con marcas de clasificación, incluidos 67 documentos marcados como “CONFIDENCIAL”, 92 documentos marcados como “SECRETO” y 25 documentos marcados como “MUY SECRETO”.

Los investigadores sospecharon que no habían recuperado todos los registros gubernamentales. El gobierno federal intentó en repetidas ocasiones recuperar los registros antes de allanar directamente la residencia de Trump.

A principios de junio, antes del allanamiento, los abogados de Trump entregaron al FBI otro lote de documentos. En una revisión preliminar hallaron 38 documentos marcados como clasificados, incluyendo 5 marcados como “CONFIDENCIAL”, 16 como “SECRETO”, y 17 como “MUY SECRETO”. Su equipo legal incluso declaró que no había otros registros almacenados en ese lugar y que todas las cajas habían sido revisadas.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sugirió que Trump ocultó deliberadamente documentos clasificados al FBI, incluso después de recibir una citación y prometer falsamente que había entregado todos los documentos en su posesión, eventos que calificaron como “medidas para obstruir la investigación del gobierno”. Luego de recabar evidencia, solicitaron una orden para allanar Mar-a-Lago.

En el allanamiento del 8 de agosto, los agentes del FBI incautaron 20 cajas de artículos con más de 11 mil documentos gubernamentales, así como 48 carpetas vacías etiquetadas como "clasificadas". En total se encontraron 101 documentos con marcas de clasificación: 30 documentos como “CONFIDENCIAL”, 53 documentos como “SECRETO” y 18 como “CONFIDENCIAL”. Más de la mitad de los documentos clasificados fueron hallados en la oficina del expresidente.

La orden de allanamiento enumera tres leyes penales como base de la investigación: la Ley de Espionaje, que tipifica como delito la retención no autorizada de secretos de seguridad nacional, la obstrucción y la ocultación o destrucción de documentos gubernamentales.

Investigación electoral en Georgia

Fani T. Willis, la fiscal del área de Atlanta, dirige una investigación penal sobre los esfuerzos del expresidente Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

Trump y sus aliados tuvieron varias comunicaciones con funcionarios de Georgia poco después de las elecciones, incluida una llamada telefónica en enero de 2021 con Brad Raffensperger, secretario de estado de Georgia, pidiéndole que “encontrara“ 11.780 votos, el número que el expresidente necesitaba para ganar Georgia. Como secretario de estado, Raffensperger es el principal funcionario encargado de la administración electoral.

La fiscal Willis también investiga un plan coordinado para enviar falsos electores de Georgia a Washington y declaraciones erróneas sobre los resultados electorales hechas ante la legislatura estatal por el exabogado de Trump, Rudolph W. Giuliani.

A partir de mayo de 2020, se formó un gran jurado especial que está autorizado para investigar todos los hechos, emitir citaciones y obtener documentos. Este ente podrá hacer recomendaciones sobre el enjuiciamiento penal según lo considere oportuno.

Hasta ahora hay 17 personas que han sido notificadas que son objeto de investigación, lo que significa que eventualmente podrían enfrentar cargos. Entre estas personas se encuentra el exabogado de Trump, Rudy Giuliani.

Comité del 6 de enero

Conformado por siete demócratas y los dos republicanos que votaron para establecer el comité, los representantes Liz Cheney y Adam Kinzinger, el Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes hizo ocho audiencias públicas para presentar hallazgos detallados sobre los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular las elecciones de 2020.

Se espera que produzca un informe final en otoño. El panel no tiene poder para enjuiciar, pero tiene el poder para hacer una remisión penal al Departamento de Justicia. También se prevé que recomiende leyes correctivas.

El 6 de enero, versión DOJ

El Departamento de Justicia también lleva, por separado, su propia investigación sobre el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia y la Oficina de Campo de Washington del FBI investiga y se encarga de responsabilizar a quienes cometieron delitos el 6 de enero de 2021. Más de 870 acusados ​​han sido arrestados en casi todos los 50 estados y el Distrito de Columbia, hasta el 5 de septiembre, de acuerdo con el DOJ.

La mayoría de los cargos criminales se concentran en tres grupos:

  • 757 personas ​​han sido acusados ​​de ingresar o permanecer en un edificio o terreno federal restringido. Aproximadamente 84 acusados ​​adicionales han sido acusados ​​de ingresar a un área restringida con un arma peligrosa o mortal.
  • 269 personas ​​han sido acusados ​​de agredir, resistir o obstaculizar a oficiales o empleados, incluidas aproximadamente 96 personas que han sido acusadas de usar un arma mortal o peligrosa o de causar lesiones corporales graves a un oficial.
  • 287 personas han sido acusados de obstruir, influir o impedir de manera corrupta un procedimiento oficial, o de intentar hacerlo.

Pero más allá de responsabilizar, el DOJ tiene una amplía investigación que incluye orígenes, la recaudación de fondos y los motivos del esfuerzo para impedir que Joe Biden fuera certificado como presidente en enero de 2021.

Una de las aristas de los fiscales sigue un plan coordinado de lista de electores falsos en estados claves para disputar las elecciones y retrasar o bloquear la certificación del resultado de los comicios de 2020.

Investigación civil en Nueva York

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lleva a cabo una investigación civil sobre si Trump, y su negocio familiar, la Trump Organization, inflaron de manera fraudulenta el valor de sus hoteles campos de golf y otros activos para obtener préstamos y otros beneficios.

En una presentación judicial a principios de este año, la oficina de la fiscal describió declaraciones engañosas sobre el valor de —al menos— seis propiedades de Trump, así como la “marca Trump”.

“Hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Trump Organization valoraron múltiples activos de manera falsa y fraudulenta y tergiversaron esos valores ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos”, dijo la James en un comunicado.

Argumentó que la empresa declaró erróneamente el valor de las propiedades a los prestamistas, las aseguradoras y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

En agosto, Trump finalmente compareció ante los investigadores y bajo juramento respondió a todas las preguntas invocando su derecho constitucional contra la autoincriminación, establecido en la Quinta Enmienda.

Trump y sus abogados han disminuido reiteradamente esta investigación al señalar que tiene motivaciones políticas (la fiscal James es demócrata). Al ser de carácter civil, la fiscal James puede demandar a Trump y la empresa, pero no puede presentar cargos penales.

Investigación criminal en Manhattan

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, realiza una investigación penal paralela a la de la fiscal James. Bragg, la cual heredó de su antecesor, el fiscal Cyrus R. Vance Jr. Pretende determinar si Trump o su empresa familiar entregaron intencionalmente valores de propiedad falsos a posibles prestamistas.

En un momento, la investigación pareció perderse de vista cuando las probabilidades de acusar a Trump eran pocas, sobre todo después de que dos fiscales que habían estado al frente de la investigación abandonaran la oficina. Uno de ellos, Mark F. Pomerantz, dijo en su carta de renuncia que creía que la oficina tenía pruebas suficientes para acusar a Trump.

La investigación ha arrojado cargos penales contra la Trump Organization y su director financiero, Allen H. Weisselberg. Weisselberg se declaró culpable en agosto de 15 delitos graves y admitió que conspiró con la compañía de Trump para llevar a cabo un plan para evitar pagar impuestos y, en cambio, recibía grandes compensaciones.

El juicio de la Trump Organization está previsto para octubre.

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