El 25 de mayo de 2020 es una fecha que quedará en la memoria de los estadounidenses para siempre. Ese día, George Floyd, un hombre negro de 46 años, fue asesinado por la Policía de la ciudad de Minneapolis mientras era arrestado. Pese a no mostrar resistencia, cuatro oficiales lo redujeron con violencia, lo esposaron y durante casi 9 minutos, uno de ellos -el agente Derek Chauvin- lo asfixió hasta morir. Su muerte fue transmitida casi en vivo por las redes sociales y las imágenes despertaron la ira de toda la sociedad, que se unió en una sola voz de protesta para pedir que el crimen no quedara impune. Algo se logró: los policías que participaron fueron condenados a prisión.
El caso, como nunca antes ocurrió, puso en el ojo de la tormenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, en especial contra las comunidades más vulnerables. Se creyó que con el crimen de Floyd habría un antes y un después. Sin embargo, las cifras muestran lo contrario y a más de tres años de aquella fecha, la situación está igual o incluso peor.
El último informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos reveló que en 2022 murieron en Estados Unidos 1.093 personas por disparos efectuados por la policía. “La escasa información pública disponible sugería que la población negra sufría de forma desproporcionada el uso de medios letales por parte de la policía”, señala el estudio.
En ese sentido, indicó también que este país se sometió a ser analizado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) por primera vez desde 2014 y los resultados no fueron alentadores. En sus observaciones finales, el CERD mencionó la ausencia de avances del país en varias cuestiones, incluido “el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley”.
Andrea Gerrero, directora ejecutiva de la la ONG Alliance San Diego, una organización que lucha por los derechos civiles, primordialmente de las minorías, dialogó con El Tiempo Latino acerca del incremento de la violencia policial en todos los estados y aseguró que la situación es cada vez más grave.
Los números que aportó son lapidarios. Se basa en Mapping Police Violence, un proyecto independiente que monitorea casi diariamente los casos de muertes y heridos a manos de las fuerzas de seguridad, en 2022 se registró la cifra más alta de personas asesinadas por la Policía en 10 años. “Por ahora en este año, sólo en nueve días la Policía no mató a alguien. Es decir que asesina a alguien casi a diario”, dijo. Esas cifras no incluyen ni siquiera lo que hacen los agentes en la frontera con México.
Cifras que generan preocupación
Hasta el último día de julio de 2023, de acuerdo con el monitoreo de Mapping Police Violence, la policía ha asesinado a 726 personas. Sin embargo, los números no han dejado de crecer. Esa estadística no incluye, por ejemplo, el violento asesinato de Ta'Kiya Young, una mujer afroamericana embarazada, que murió por una bala de la policía de Ohio el 24 de agosto pasado. El video del crimen fue divulgado por las autoridades locales y las imágenes son estremecedoras.
Los números de Mapping indican que fueron 1.244 muertes el año anterior, lo que supone que para fines de este 2023, los datos podrían ser similares. Si bien la información no es oficial, en contraposición los datos suministrados por el gobierno en esta materia son escasos. De hecho, en su informe, la propia Amnistía Internacional critica la falta de números del Estado.
De las personas asesinadas hasta julio de este año, 147 fueron afroamericanas y 109 de origen hispano. Esto supone que ambas comunidades representan un 35% de las muertes. Si se le suman los nativos americanos, las personas de origen asiático, los nativos de Hawái y las islas del Pacífico, el número asciende a 277.
“No hay un solo lugar que se pueda escapar de la violencia y la impunidad de la policía, por lo cual la regla del uso de fuerza se permite violencia sin consecuencia alguna. Hasta que no la cambiemos vamos a seguir viendo tragedia tras tragedia. El problema de las cifras muy altas es un problema de un estándar deficiente que viola de plano los derechos humanos. Pero el hecho de que la mayoría sean afroamericanos y latinos, se explica únicamente por el racismo”, aseguró Guerrero.
Es que según la experta, uno de los motivos que le permite a la policía en Estados Unidos actuar casi sin límites es el bajo estándar que maneja. Es decir, las fuerzas policiales están habilitadas por la ley a ejercer su poder excesivo si lo consideran “razonable”.
La directora de Alliance San Diego sostiene que se trata de un gran problema porque “siempre es razonable”. Muy pocas veces se lo consideró en un sentido diferente. “Es un buen ejemplo de cómo los Estados Unidos no están reconociendo los derechos humanos. A nivel internacional, las agencias policíacas deben de usar fuerza sólo si es legítima, necesaria y proporcional a un riesgo. No depende de lo que percibe el oficial”, remarcó.
George Floyd es un caso que la Justicia consideró como excesivo y efectivamente castigó a los culpables. Pero se trató de una simple excepción en el sistema judicial porque casi siempre los agentes envueltos en casos de muerte y heridos graves, se salen con la suya y no enfrentan cargos. “El caso de Floyd cambió el diálogo sobre la violencia policial en los Estados Unidos pero no cambió las reglas. El estándar sigue siendo el mismo”, sostuvo.
El caso de un mexicano asesinado que podría producir un cambio
La ONG que lidera Guerrero acompaña a la familia de Anastasio Hernández Rojas, un hombre de origen mexicano, residente indocumentado por más de 30 años en San Diego, que fue brutalmente asesinado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en 2010, mientras estaba detenido en el Centro de Detención y Patrulla Fronteriza de Chula Vista, en la ciudad en la que vivía.
“Por razones de racismo de la Policía, lo pasaron a la patrulla y cuando estaba bajo custodia, lo mataron frente a docenas de personas y oficiales del gobierno mexicano. Lo asfixiaron, lo atacaron con pistolas Taser y lo mataron”, recordó Guerrero, quien señaló que pese a las pruebas, la justicia consideró que fue “razonable” el uso de la fuerza.
Los informes de la autopsia confirmaron que sufrió lesiones extensas mientras estuvo bajo custodia, incluidos hematomas y abrasiones en la cara y el cuerpo, cinco costillas rotas y hemorragias en órganos internos y músculos del cuello. Hernández murió tras sufrir un infarto, un paro cardíaco y daño cerebral. Su muerte fue declarada homicidio.
A 13 años, el caso de Anastasio será analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Será la primera vez que este organismo intervendrá en un caso que involucra a una muerte extrajudicial a manos de las fuerzas del orden de este país. “Es una demanda contra los Estados Unidos. Si el caso George Floyd cambió la forma de hablar de la violencia policial, el caso de Anastasio puede cambiar las leyes”, agregó.
Otras cifras que reflejan la violencia policial
Estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), reseñadas por la Universidad Illinois Chicago (UIC), que también realiza un monitoreo de la situación, indican que entre 1999 y 2020 unas 250.000 personas resultan heridas por el accionar de la Policía cada año. Además, el 15% de los civiles es lesionado durante los procedimientos policiales y, en promedio, 600 personas son asesinadas a manos de la policía anualmente.
Tanto los afroamericanos como los latinos tienen más probabilidades de experimentar amenaza o uso de la fuerza durante un contacto iniciado por la policía en comparación con los blancos, según los últimos números publicados por el Boureau of Justice Statistics de Estados Unidos, citados también por la UIC.
De acuerdo con datos de la CDC, dados a conocer también por la misma universidad, las personas de color tienen más del doble de probabilidades de morir y casi cinco veces más probabilidades de sufrir una lesión que requiera atención médica en un hospital, en comparación con los blancos no hispanos.
Las cifras estremecen. Más de 50 millones de personas tienen contacto físico con los agentes durante operativos menores como incidentes de tránsito. Entre 2010 y 2015, por ejemplo, los afroamericanos representaron 24,9% de todas las personas asesinadas por las fuerzas del orden.
Las consideraciones de Human Rights Watch (HRW) también resaltan que el accionar de la Policía está marcado por el racismo. Según un informe del organismo publicado en 2022 (el último que se conoce), “el encarcelamiento excesivo de personas negras y latinas es alimentado por sentencias desproporcionadamente duras impuestas para todas las categorías de delitos”. Al respecto sostiene que cerca de 400.000 personas están en prisión por delitos de drogas en cárceles federales y que de esas, el 80% son latinas o afroamericanas.
“Las personas de color siguen siendo las más afectadas por la vigilancia policial agresiva y discriminatoria. Las estimaciones atribuyen más de 1.000 homicidios al año a la policía y nuevas investigaciones sugieren que más de la mitad de los homicidios policiales no se reflejan en las estadísticas oficiales. La policía también continúa matando a nativos americanos, latinos y negros a tasas significativamente más altas, hasta un 350% más frecuentes, que a los blancos”, dice el informe.
La campaña "Comienza con Dignidad"
Por toda esta situación es que desde Alliance San Diego lanzaron hace poco la campaña “Comienza con Dignidad”, que básicamente lo que busca es impulsar que los Estados Unidos reconozcan los derechos humanos reseñados en tratados internacionales.
“La dignidad es la base de cualquier democracia y de los derechos humanos. Empezamos con la campaña cuando pensamos en la dignidad humana de cada persona. El propósito de la campaña es elevar y proteger los derechos humanos para así proteger nuestra dignidad. Acá en los Estados Unidos no tenemos los mismos derechos que hay por ejemplo en México o en otras partes del mundo”, explicó.
Guerrero señaló que una de las obligaciones más importantes es limitar el uso de fuerza para proteger la vida. Considera que las políticas de uso de la fuerza estadounidense no lo hacen. Cree firmemente que con voluntad política el problema de la violencia policial se podría solucionar, ya sea desde cualquiera de las tres ramas del Estados.
“Con que una haga algo, es un primer paso. El presidente podría limitar el uso de la fuerza con una orden ejecutiva, la Justicia aplicando las leyes internacionales y el Congreso modificando las leyes. Sin embargo no lo hacen pero esto tiene que cambiar sí o sí”, concluyó.
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